FGR y la SHCP, deben informar sobre el monto y destino de bienes muebles e inmuebles
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, informen en forma pormenorizada sobre el monto y destino de los bienes muebles e inmuebles asegurados y/o decomisados a Joaquín Guzmán Loera, tanto en México como en el extranjero.
La propuesta se fundamentó en un dictamen con punto de acuerdo elaborado por Tercera Comisión de Trabajo, integrada por las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Desde la tribuna, la diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo, del PAN, señaló que el objetivo del planteamiento es saber sobre el uso y destino de los bienes asegurados a la delincuencia organizada, para dar atención al tema del decomiso y resarcir los daños a las víctimas.
También, el senador Cristóbal Arias Solís, de Morena, dijo que fueron los gobiernos anteriores quienes encubrieron y protegieron a Guzmán Loera durante su carrera delictiva y huidas de los centros de máxima seguridad. Consideró que es poco el tiempo del actual gobierno para tener la información sobre el monto y destino de los bienes muebles e inmuebles asegurados y/o decomisados a ese delincuente conocido como El Chapo.
En la propuesta originalmente planteada por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, se resalta que de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Nueva York, que lleva el caso, se pretende confiscar casi 14 mil millones de dólares, equivalente a la ganancia estimada que habría obtenido el delincuente.
Se recordó que en el 2016, la UIF de Hacienda informó que durante la administración federal anterior se detectaron operaciones por 5 mil 300 millones de pesos, vinculados a la organización criminal del "Chapo".
El documento señala, además, que fueron decomisadas 71 propiedades en Sinaloa, 40 en Sonora, 22 en Jalisco, 12 en la Ciudad de México, tres en Nayarit y dos en Baja California, Chiapas, Guerrero y Nuevo León, respectivamente, así como una en cada uno de los estados de Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí.
“Si bien encontramos elementos positivos al aprobar la propuesta materia del dictamen, es indispensable cuidar que esta no irrumpa o perjudique con el desarrollo de diligencias y procedimientos de investigación, así como mantener el sigilo procesal que se requiere para el éxito de la investigación en curso. Por ello se coincide en la solicitud de conocer la cuantía y el destino de lo incautado a dicho sujeto”, estableció la Tercera Comisión de Trabajo.