CCDMX analiza propuesta diputados y jefa GCDMX

La iniciativa de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), Claudia Sheinbaum cambia el paradigma de seguridad pública a seguridad ciudadana, para adecuarlo a una realidad cada vez más violenta y una delincuencia cada vez más agresiva.

El Congreso capitalino, a través de la Comisión de Seguridad Ciudadana, analiza tres iniciativas para la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentadas por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el diputado local Víctor Hugo Lobo Román (PRD) y los legisladores Mauricio Tabe Echartea, Diego Garrido López y Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del grupo parlamentario del PAN.

En la primera de estas iniciativas con proyecto de decreto, suscrita por la Jefa de Gobierno, se reconocen incrementos del crimen organizado, las armas de fuego en manos de particulares, el uso de estupefacientes y la violencia en contra de mujeres, niños, adolescentes, población indígena, afrodescendientes y personas en condiciones de vulnerabilidad, como resultado de la falta de empleos de calidad, deficiencias en el sistema educativo, descomposición institucional por la corrupción, deterioro del tejido social, crisis de valores cívicos, incremento de adicciones, olvido en la generación de políticas de atención a jóvenes y anacronismos del marco legal.

El proyecto establece una mayor coordinación entre el gobierno federal, de la ciudad y las alcaldías, participación de la ciudadanía a través de comités, comisiones y la integración de un Consejo

Ciudadano, y un cambio del paradigma, de seguridad pública a seguridad ciudadana, para “la generación de un estado de cosas en que la persona vive libre de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez del fortalecimiento de un gobierno que cuenta con las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas”.

La propuesta del gobierno capitalino define una estrategia integral de política de paz y seguridad, que considera la atención de las causas y prevención del delito; mayor presencia policiaca, con mayor capacidad física, técnica y profesional de atención y respuesta, más infraestructura, mejores estrategias de investigación y herramientas tecnológicas; inteligencia y justicia, mediante el fortalecimiento dela investigación criminal y el uso de herramientas tecnológicas.

Además, busca mejorar la coordinación interinstitucional y ciudadana; la integración y articulación de la capacidad institucional en todos los niveles de gobierno y modificaciones al marco legal, “para

adecuarlo a una realidad cada vez más violenta y una delincuencia cada vez más agresiva”.

La segunda iniciativa con proyecto de decreto para la creación de la Ley de Seguridad Ciudadana local fue presentada por el diputado del PRD. El documento señala que la Ley de Seguridad Pública vigente data de 1993 y ha sido totalmente rebasada, “ya que la capital cuenta con un nuevo régimen político y social, que requiere que sus esquemas normativos sean modificados”.

El legislador aseguró que en esta iniciativa rescata los elementos presentados por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, en su comparecencia ante el Congreso del pasado 20 de junio, donde señaló que es necesaria la reconstrucción de las instituciones de seguridad pública de la ciudad y concretar una política sólida de seguridad ciudadana.

Esta propuesta incrementa las facultades del secretario y las prestaciones para los policías, establece mecanismos de evaluación de resultados y criterios para mejorar el servicio profesional de carrera.

Establece que la seguridad ciudadana “es una función a cargo del

Gobierno y alcaldías de la Ciudad de México que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, así como la investigación y la persecución de los delitos, la reinserción social del individuo y la sanción de las infracciones administrativas”.

Plantea que “el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social del delito y la no violencia con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos, faltas administrativas y conductas antisociales; programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que fomenten una cultura de paz y de legalidad, así como la protección de las personas rente a riesgos y amenazas”.

Por su parte, los diputados del PAN, Mauricio Tabe Echartea, Diego Garrido López y Héctor Barrera Marmolejo, suscribieron otra iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley del Sistema de Seguridad

Ciudadana de la Ciudad de México.

Aseguran que ésta permitiría que gobierno y sociedad cuenten “con una visión integral y moderna de sistema, coordinado, organizado, comunicado y homologado, a partir de la expedición de una Ley del

Sistema de Seguridad Ciudadana, armónica, congruente y robusta, alineada a las disposiciones de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, a los instrumentos internacionales suscritos por México, a la Constitución Política de la Ciudad de México, a la legislación general aplicable, así como a las leyes nacionales aplicables, representa un enorme reto en la construcción del andamiaje legal que atienda integralmente el derecho a la seguridad ciudadana”.

Indicaron que conforme a cifras del Sistema Nacional de Seguridad, en la capital se incrementó la incidencia de 16 de los 20 delitos de mayor impacto, y que para atender esta situación se requiere dignificar la función de los policías, capacitarlos debidamente y lograr que se recupere la confianza en la institución.

“En el PAN creemos que la Seguridad y la Procuración de Justicia son tareas que están en manos del gobierno y que, de abandonarse, nos llevarían al caos como sociedad.

En un acto de responsabilidad y compromiso estamos presentando una propuesta desde el Congreso local para mejorar la Seguridad Pública, para clarificar funciones y tareas, para establecer mecanismos que eleven la confiabilidad de la policía, para terminar con vacíos legales y para establecer protocolos de actuación de clase mundial”, expresaron.

Indicaron que a partir de esta iniciativa se desprende una estrategia integral de combate al delito, que privilegia la prevención mediante la identificación y atención de las causas de los ilícitos y la violencia, e incorpora la participación vecinal y comunitaria.

La propuesta del PAN decreta la creación de un Centro de Prevención Social, para la atención de las causas de la violencia y la inseguridad, una Universidad de la Policía de la Ciudad de México, para la profesionalización policial, un Programa de Política Criminológica y Centros de Evaluación de Confianza para los integrantes de las instituciones policiales.