La danza de los millones y los adeudos no cumplidos

"Ruta 100, ruta de sangre", un histórico caso pendiente que los gobiernos de izquierda que han gobernado al entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se han negado en resolverlo por falta de voluntad política en el marco de un maquiavélico juego de intereses.

Si bien es cierto que ha protegido a calificados delincuentes de cuello blanco quienes vienen gozando de una patética impunidad gubernamental, riéndose y pisoteado el Derecho Constitucional y las leyes de MÉXICO –léase Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera-

En diversos videos que corren por las “benditas redes sociales” –como las ha calificado el mismísimo Presidente- históricamente se reseña parte de este conflicto camionero dónde "la ruta de sangre" guarda un sentimiento tan profundo por el asesinato del Magistrado Abraham Polo Uscanga, quien el 19 de junio (2019) cumplió 24 años de fallecido y cuyo Crimen de Estado quedará en los anales de la maquiavélica impunidad, rememorando y repudiando esa acción de lesa humanidad, desde una desolada cripta del Panteón Jardín.

En la danza de los millones que forman parte de los adeudos e incumplimientos de los convenios políticos más el 28% descontado de su liquidación a los 12,004 trabajadores de la ex Ruta-100, el GCDMX debe más de 600 millones de pesos.

De la inversión en las empresas de Grupo Metropolitano del Transporte (GMT), los traidores defraudadores Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, deben a 7,012 trabajadores inversionistas en el fideicomiso F100-7 de Banco IXE, hoy BANORTE, más de 1,400 millones de pesos.

Es decir, explica el líder moral de la ex Ruta 100, Jorge Cuellar Valdez, el 28% y 30% entre Gobierno y defraudadores –acciones de colusión de funcionarios en el marco de una maquiavélica impunidad y conflicto de intereses- le deben a los ex trabajadores de la Ruta-100, más de 2,000 millones de pesos (dos mil millones de pesos mexicanos).

Ese pago, apuntó, fue acordado por el Senado de la República y por la Sexta Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal el pasado 19 de noviembre de 2014 por unanimidad de todas las fracciones parlamentarias adscritas en esa Legislatura.

Desdén del GCDMX; presume “máxima prioridad” cuando no soluciona conflicto

Asociado a los dimes y diretes, el gobierno de la ciudad muestra dos caras: una de “bondad” y otra de “siniestra bondad”, ya que recientemente trazó acciones que en la práctica lo desdibujan de ser una administración confiable, honesta, honrada y una rectitud que le hace mella por el encorvamiento de sus acciones.

No obstante a ello, el Gobierno de la Ciudad de México manifestó su decisión de darle pronta e inmediata solución a uno de los conflictos obreros más longevos de la capital de la república, como es el de la ex Ruta 100, ya que lo considera como una reflexión de “máxima prioridad”.

Esta central camionera urbana paraestatal denominada SUTAUR-100, en el devenir de 24 años, más de 12 mil ex choferes se quedaron en la calle y sin trabajo.

Muchos de sus afiliados han fallecido por diversas causas, en cinturones de hambre y miseria, ante la apatía e insensibilidad de las autoridades gubernamentales.

Pese a todo ese periplo, entre los planes del nuevo gobierno de corte izquierda morenista, que encabeza la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, existe plena voluntad política para hacer justicia a todos esos hombres que dejaron un legado y ejemplo de eficiencia en el manejo del transporte terrestre.

Este tipo de consideración fue planteada por el Director General de Concertación Política, Prevención, Atención Social y Gestión Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Juan Gutiérrez Márquez, en el oficio número SG/SSG/DGCPPASyGC/1056/2019, de fecha del 22 de mayo (2019), dirigido al presidente de la Comisión Liquidadora del Sindicato Único de Trabajadores Ruta 100, Jorge Cuellar Valdez.

Si bien las autoridades competentes reconocen que en 1995 la Ruta 100 fue declarada en “quiebra técnica”, en los anales históricos se destaca que esta fue una de las empresas paraestatales del transporte urbano de la capital de la república más eficiente, modelo y ejemplo para América Latina, debiendo atender a una extraordinaria densidad poblacional las 24 horas del día.

Hasta este momento, las autoridades correspondientes ya tienen la forma y pronta respuesta para hacerle justicia a más de 12 mil ex choferes que siguen en espera de que les sean reintegrados, por ley, sus liquidaciones que les fueron birladas por sus ex dirigentes Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, quienes han sido acusados penalmente por fraude y malversación de fondos, y cuyos litigios son ventilados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza el Magistrado penalista Rafael Guerra Álvarez.

En tal virtud, y de forma reiterada con la tesis de respuesta a la petición del SUTAUR-100 para celebrar mesas de negociación política, se acusa que “para la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es de máxima prioridad para su resolución atender y dar seguimiento a la demanda ciudadana de manera diligente y sin demora”.

En este sentido –añade el oficio en referencia- y en atención a su escrito de petición de fecha 4 de abril del 2019, presentado en la Oficialía de Partes de la Dirección General de Resolución a la Demanda Ciudadana, el día y mes antes citado, asignándole los números de folio DGRDC-023540-19, me permito informarle que su escrito fue canalizado a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México por medio del oficio SG/DGCPPASyGC/938/2019.

Explica, por considerar ser una de las autoridades competentes para conocer y atender su demanda, se le sugiere acudir a las instancias de dicha dependencia la cual se encuentra ubicada en Plaza de la Constitución, número 02, Área 1, colonia Centro Histórico, CP 06000, Alcaldía Cuauhtémoc.

En las mesas de negociación, sin embargo, no todo es color de rosa, ya que los nuevos funcionarios del Gobierno pretenden violentar el Estado de Derecho con mezclar acciones de legalidad versus acciones de ilegalidad.

La presunción es que las partes del conflicto Ruta 100 “tomen un mismo camino” cuando de antemano existe incoherencia por parte de la administración pública ya que pretende desconocer la Toma de Nota que le asiste al SUTAUR (Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100), el cual está en proceso de liquidación ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente 15297/95, cuaderno 44, resolución de fecha 6 de julio de 2004.

Recibe el Congreso CDMX iniciativas de la jefa de gobierno para expedir la Ley de Seguridad Ciudadana y reformar el Código Penal