Hasta seis años prisión a servidor público contrate personas que cumplan
El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, presentó una iniciativa en la que propone reformar el párrafo séptimo del artículo 212 y adiciona un capítulo IX denominado “Contratación Ilícita” y su artículo 224 BIS al Código Penal Federal, para que el servidor público que autorice la contratación de personas que no cumplan con los requisitos que marca la ley, sean sancionados de dos a seis años de prisión y de 30 a 100 días de multa.
Será responsable de contratación ilícita “el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal, incumpla con algún requisito señalado por la ley o esté inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos”, indicó.
Lo anterior, agregó, siempre que, en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la plataforma digital nacional
Rementería del Puerto recordó que, desde el inicio del actual Gobierno federal, han tenido como lema “el combate a la corrupción” para supuestamente “componer” el presunto desastre que dicen haber encontrado, pero no sólo no lo han solucionado, sino que el tema ahora es más recurrente
“Vemos como el Estado muestra grandes debilidades y un déficit de capacidad en su actuar frente a los retos que se han presentado. Esos vacíos han dado pie a redes de corrupción que invaden las estructuras de autoridad y han construido un presidencialismo autoritario, sin frenos y reacio al pluralismo, donde el poder ciudadano ha sido secuestrado, lo que ha generado una pérdida de credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones y en los gobernantes”, aseveró el legislador.
Añadió que, en el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, publicado en septiembre de este año, al referirse a la Presidencia de la República como institución, el 63 por ciento de los encuestados la tildaron de corrupta, mientras que en año 2017 fue de un 51 por ciento.
Por otra parte, dicho instrumento destacó el deterioro de confianza hacia las instituciones, pues el mismo estudio arrojó que más del 60 por ciento de los encuestados manifestó desconfianza a casi todos los integrantes de los tres poderes
“En Acción Nacional reconocemos que la corrupción es uno de los principales flagelos del México contemporáneo, y que es necesaria la armonización del marco jurídico para su combate y evitar con ello la impunidad; ; pues con frecuencia la ley no se aplica, se aplica selectivamente, o se simula que se aplica como resultado de la corrupción, esto ha provocado el deterioro de confianza hacia las instituciones y desconfianza a los integrantes de los tres poderes públicos, federales y locales”, dijo.
Refirió que la propuesta que planteó pretende establecer en el Código Penal Federal un nuevo tipo penal dentro del título décimo de delitos por hechos de corrupción, y que cuando los delitos a que se refieren los artículos 214, 217, 221, 222, 223, 224, 224 bis, del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.