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El congreso no ratificará al magistrado Cavazos


El Congreso de la Ciudad de México determinó no ratificar al magistrado Manuel Horacio Cavazos López, debido a las imputaciones que se le siguen en torno a un juicio de índole familiar que se judicializó y cuya carpeta de investigación está radicada en la fiscalía General de Justicia de la capital del país.

El Caso Cavazos ha generado una serie de controversias y repudios sobre todo en esta época en que desafortunadamente le tocó el momento en que diputados locales, al iniciar las entrevistas y valoraciones de las ratificaciones de Magistrados que tiene asignaturas en el Tribunal Superior de Justicia, le fue adverso el resultado para ampliar su ponderación como impartidor de justicia.

En lo que le llaman también “pasarela” legislativa, Cavazos explicó ante los integrantes de la Comisión de Impartición de Justicia del recinto de Donceles, no tener culpabilidad alguna sobre los hechos que su propia mujer le imputa, que sin embargo, ante estos escándalos mediáticos, los diputados locales optaron por no apoyar su ampliación como magistrado.. “Un problema judicial no debe mezclarse con las cuestiones del orden jurídico, esto es, el desarrollo de ser un impartidos de justicia imputable”, afirmaron.

La esposa del Magistrado Cavazos le promovió a través de sus abogados defensores, un juicio penal por la presunta acusación de haber “violado” a sus hijas menores, cuyo tema creó, asimismo, cierta zozobra en el ambiente tanto judicial como legislativo.

Cavazos López rechazó toda idea que tiene la sociedad de haberse convertido en un “pedófilo”, y precisó que debido a su posición como servidor público, a su alrededor existen antagonistas que buscan empañar su carrera judicial que viene desempeñando desde hace más de 30 años.

En el marco de la ceremonia conmemorativa de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos, tanto la federal como el de la Ciudad de México, el presidente magistrado del Poder Judicial de la Ciudad, Rafael Guerra Álvarez, en breve entrevista, se pronunció por el respeto al principio de presunción de inocencia, en el caso de un magistrado sobre el cual hay una carpeta de investigación abierta, esto en referencia al Caso Cavazos.

Si bien Guerra Álvarez insistió que el Congreso local es la instancia que definirá la ratificación o no de magistrados del órgano judicial capitalino, puntualizó que, en el caso de uno de ellos (Cavazos), sobre el cual hay una carpeta de investigación abierta, “no se mancha la imagen de la institución en caso de ser nuevamente nombrado”.

Sin embargo, fue precisamente el miércoles 5 de febrero (2020) que Cavazos no tuvo la suerte de evitar que los Grupos Parlamentarios insertado en la Comisión de Justicia del Congreso, pudieran reconsiderar su posición política sobre su reasignación como Magistrado.

En este mismo contexto, Guerra Álvarez, evitó en lo más mínimo posible hacer señalamientos directos de sus pares en el Poder Judicial, solo que mencionó que en relación a otro magistrado pudiera ser ratificado.

“El Consejo de la Judicatura local consideró su no ratificación”, puntualizó: “Se debió a una actuación propia de su función”. Se refería a Héctor Jiménez López, quien dejó en libertad a un sujeto que le había quitado la vida a su ex pareja.

Guerra Álvarez aclaró por consiguiente que el CJCDMX hace las propuestas de ratificación de los magistrados, pero donde se decide finalmente sobre el particular, es en el Congreso y es el que actualmente realiza comparecencias como parte del protocolo legislativo que se debe cubrir a toda ratificación de magistrados.

Cabe destacar que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, solicitó al Congreso capitalino no ratificar a Héctor Jiménez López como magistrado del Tribunal Superior de Justicia local, acusado de reclasificar los delitos por los que fue dejado en libertad Juan Carlos “N”, presuntamente involucrado en la muerte de su ex esposa Abril Pérez Sagaón, asesinada el 25 de noviembre de 2019.

Lo anterior, en solicitud del Consejo de la Judicatura al Poder Legislativo de la Ciudad de México, luego de que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina estableció la presunta responsabilidad del impartidor de justicia en dicha irregularidad, por la que fincó responsabilidad penal a los jueces de Control Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz por el mismo caso de feminicidio, problemática que tomó también su carácter de judicialización.



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