Queda poco tiempo, hay que avanzar rápido para atender contingencia económica de salud

Es urgente actuar con decisión y tomar medidas para enfrentar tiempos extraordinarios con profundidad, pues la crisis que viene requerirá de todos los recursos de la nación para superarla, la cual será larga y dolorosa, y con amplitud, para atender a todas las personas y a todos los sectores.

“O se gobierna para todos o se malgobierna”, apuntó el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) en el Senado, Mauricio Kuri González, planteó siete recomendaciones estratégicas para afrontar los retos que vive México ante la crisis de salud y económica por el Covid 19, y pidió ir al fondo de las soluciones “rápido, con decisión, profundidad y amplitud”.

Durante su participación en las mesas de trabajo de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, Kuri González urgió a atender la doble emergencia que está cobrando vidas y porvenires, y alertó que queda poco tiempo para hacerlo.

Kuri González recordó que el GPPAN presentó una iniciativa de Ley de Emergencia Económica que da un marco legal preciso, acotado y claro, para atender la emergencia económica.

En ese sentido, plateó siete recomendaciones estratégicas concretas y pidió generosidad, altura de miras y apertura para apreciarlas y adoptarlas:

La primera política pública, la más importante en este momento, la más urgente, es la unidad de las y los mexicanos. No podremos superar este reto divididos ni enfrentados por quien debería cohesionarnos.

Hace falta elaborar dos grandes programas. El primero es el de subsistencia y el segundo es de reactivación económica. El primero es para evitar un colapso social. La ONU ha alertado que la mitad de la población padecerá hambre. México no será la excepción. Hay que conectar la producción del sector primario con sistemas logísticos de distribución.

Hemos ofrecido herramientas concretas para apoyar a la gente: un ingreso de 3 mil 207 pesos por mes, establecida por el CONEVAL para los desempleados y autoempleados. Y un ingreso de 27 mil 500 pesos al mes, durante 3 meses a microempresas para que paguen nómina y no se pierdan empleos.

No nos limitamos a decir qué, sino de dónde salen los recursos: cancelando las obras faraónicas, reconduciendo 4% del presupuesto y 160 mil millones de pesos del fondo de contingencias.

Urgimos a una política fiscal de posposición de obligaciones que permita tener flujo a las empresas de todos los tamaños, así como moratoria tributaria y regulatoria.

Necesitamos un gran acuerdo financiero en donde la Banca de Desarrollo otorgue las garantías para que la banca privada mantenga el crédito. El BANXICO ya puso el ejemplo.

Después requeriremos un Programa de Reactivación Económica. Ese es el segundo gran programa macro: Pugnamos por un programa industrial de coordinación trilateral con Estados Unidos y Canadá para el eslabonamiento de la cadena productiva. Tenemos que preparar recursos para inyectar a la promoción turística y al sector turístico en general.

Por último, reconsideremos la racionalidad de un superavit pero con recursos etiquetados por una mayoría calificada en el Senado y una temporalidad concreta para eliminar un posible déficit en este sexenio.

Esos recursos deben destinarse a un Programa de Mantenimiento de Infraestructura, para generar empleo, ejecutado por el sector privado de la construcción; a un gran Programa Público Privado de generación de nueva infraestructura, para elevar la competitividad, detonar nuevos sectores y dar flujo a empresas; decretar prioritarios el sector de Energías Renovables, Turismo, y Logística.

“En este momento crítico para México, pueden faltar muchas cosas, pero una no: no puede faltar valor. Es momento de definiciones. De enfrentar los desafíos. No exagero: es ahora o nunca”, concluyó.

Garantizar asistencia social

en casos de emergencias

Derivado de la pandemia por el Covid-19, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo busca que la asistencia social sea considerara como actividad esencial y establecer los lineamientos en caso de emergencias resultado de desastres naturales o por contingencias sanitarias.

Mediante una iniciativa inscrita en la Gaceta del Senado de la República, los integrantes de la Fracción Parlamentaria que lidera la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre proponen incluir un Capítulo X a la Ley de Asistencia Social, a fin de establecer las directrices básicas para la provisión de los servicios de asistencia social durante periodos de emergencia.

“Es necesario incluir en la legislación el respeto, protección y ejercicio de los derechos humanos como base para la actuación de todas aquellas instituciones y organismos encargados de brindar asistencia social a personas en situación de alta vulnerabilidad”, asegura Geovanna Bañuelos.

La reforma busca que el Estado garantice el abastecimiento de los servicios de asistencia social señalados en la Ley, para la población más necesitada.

“Proponemos que las instituciones de asistencia social de carácter público, privado y social, reconozcan a la autoridad rectora, que dictará los lineamientos sobre las acciones, estrategias y medidas a seguir durante la emergencia resultado de desastres naturales, por emergencia o contingencia sanitaria u otro factor de emergencia que afecte a amplios sectores de la sociedad”, específica la coordinadora del PT en el Senado de la República.

Asimismo, la reforma busca establecer con claridad que el gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipios deberán habilitar los albergues necesarios para la atención de la población, siguiendo para ello las directrices que señale la autoridad rectora en materia de protección civil o sanitaria.

“En la provisión de servicios de asistencia social resulta crucial la labor de las organizaciones sociales como coadyuvantes en el desarrollo de la vida pública, a través de su trabajo humanitario, la experiencia técnica y especializada con la que cuentan para implementar acciones directas con la población”, destaca la legisladora por Zacatecas.

Por último, iniciativa pretende la previsión de los fondos necesarios para el abasto de servicios emergentes de asistencia social pública durante emergencias que afecten a amplios sectores de la sociedad; así como para la operación de albergues, comedores y otros mecanismos de asistencia para la población durante la emergencia.