No facilitaremos aprobación de iniciativas que vulneren el orden constitucional

La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha puesto a prueba a los gobiernos de todo el mundo, así como sus capacidades de respuesta ante una crisis sin precedentes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no debe cambiar la política económica en caso de una emergencia económica, pueda reorientar los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), a fin de “destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad

Reorientar los recursos asignados al Fondo Metropolitano (3,300 millones de pesos aprobados en el PEF 2020) para destinarlos a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad, con base en las decisiones de servidores públicos del gobierno federal.

Frente a esta propuesta, las y los legisladores de los grupos parlamentarios de contención representados en la Comisión Permanente, expresamos lo siguiente:

Han resultado infructuosos todos los llamados -desde todos los ámbitos de la Nación- al Ejecutivo Federal para el diálogo, el entendimiento y la adopción de acuerdos indispensables para la atención de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales.

La iniciativa es innecesaria: Las disposiciones vigentes de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sustentan la posibilidad de la adecuación del PEF ante el escenario de una disminución de los ingresos fiscales aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, hoy estimado en un escenario optimista en un -5.4%; ésta adecuación se realizaría a propuesta del Ejecutivo Federal y sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca legitimar acciones inconstitucionales: La propuesta enviada por el Ejecutivo busca dar sustento al Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el propio 23 de abril de este año, por el cual unilateralmente se establecieron determinaciones sobre el ejercicio del PEF 2020 que violan la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, específicamente porque posponen toda acción y gasto gubernamental, salvo 38 programas que el Presidente califica de prioritarios. También pretende establecer previsiones particulares para eludir el sistema de rendición de cuentas.

La iniciativa promueve la opacidad: El Decreto que le da origen no establece la naturaleza y características de la emergencia económica derivada de la pandemia y sus efectos en las finanzas públicas, el sustento para la determinación de las actividades y los programas prioritarios o los criterios para la reorientación del gasto público para la atención de lo prioritario, particularmente con respecto a los derechos de las personas y los servicios

que la administración debe proveer. Tampoco establece un límite a los recursos que se pueden reasignar. Aunado a esto y profundizando el centralismo, se pretende desaparecer el Fondo Metropolitano para el año 2020, recursos destinados para inversión pública que ahora pretenden orientar a la discrecionalidad del gobierno central.

La propuesta legislativa atenta contra una de las facultades legislativas más importantes: la de decidir y supervisar, como representantes de la ciudadanía, la asignación y el ejercicio del presupuesto de la Nación. Además, no propone ninguna medida dirigida a contener la grave caída de los ingresos presupuestarios, los cuales podrían disminuir por más de 700 mil millones de pesos.

Ante la profunda crisis de salud y económica que se avecina, la iniciativa plantea una propuesta que vulnera el orden constitucional y los principios de división de poderes, de gasto con criterios federalistas, de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y de rendición de cuentas con base en autorizaciones sujetas al control de la gestión gubernamental.

Nos resulta evidente que en la emergencia presente las prioridades son esencialmente la vida y la salud de la población, los ingresos de las familias y la preservación de las capacidades para reactivar la economía y no el otorgamiento de poderes extraordinarios al Presidente de la República para la disposición y la asignación de los recursos públicos de la Federación.

Insistimos, una vez más, en que es urgente un Acuerdo Nacional que congregue los esfuerzos de todos los sectores y de toda la ciudadanía. Esta crisis se resolverá sólo con la participación de todos y con gobernanza, diagnósticos precisos, propuestas estratégicas, respuestas tangibles y evaluables, transparencia y rendición de cuentas.

Es por ello que las legisladoras y legisladoras de los grupos parlamentarios de contención que formamos parte de la Comisión Permanente no apoyaremos la celebración de sesiones extraordinarias que tengan como objetivo preconcebido la aprobación de esta iniciativa de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Aprobarla representaría un claro retroceso en nuestro orden jurídico, no sería un acto de responsabilidad ante las generaciones presentes y venideras y significaría regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado democrático de derecho.

México necesita que los Poderes de la Unión, junto con la sociedad a la que servimos, trabajemos con base en el diálogo constructivo y propositivo para hacer frente a los grandes retos que ha develado esta pandemia. Reiteramos el llamado a actuar con responsabilidad y dejar a un lado los cálculos políticos y los intereses particulares, apegados al orden constitucional que nos rige. Nuestro objetivo común debe ser enfrentar esta crisis sanitaria y económica con unidad, inteligencia, responsabilidad y colaboración.