Debe proteger comerciantes afectados crisis económica

Se de apoyar a los comerciantes que enfrentan la dificultad de realizar el pago de sus obligaciones y la posibilidad de conservar empleos y sus empresas, en medio de la crisis financiera que actualmente atraviesa el país.

La senadora del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), Claudia Edith Anaya Mota presentó una iniciativa para adicionar a la Ley de Concursos Mercantiles un Régimen Concursal de Emergencia.

En su iniciativa la senadora zacatecana señala que actualmente hay industrias y sectores de la economía que llevan semanas prácticamente paralizados y con profundas afectaciones financieras y que en los meses por venir más micro, pequeñas, medianas y grandes empresas enfrentarán, todas, serias dificultades financieras.

Asegura que la situación que se vivirá requiere que todos los problemas económicos sean resueltos en beneficio de los deudores y de los acreedores. Por ello, dijo, a través de su iniciativa se propone contar con un mecanismo prioritario que permita atender con prontitud la situación a través de un Régimen Concursal de Emergencia incluida en la Ley de Concursos Mercantiles.

En su exposición de motivos la legisladora del PRI señala que el comerciante que pida protección concursal deberá formular una solicitud en el que declare que se encuentra en alguna de las situaciones que la ley estima como detonadoras del procedimiento concursal.

Para que el procedimiento sea ágil, añade, el solicitante no tendrá que probar que se encuentra en incumplimiento generalizado de sus obligaciones, solo deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad. El juez deberá atender de inmediato la solicitud y emitirá en forma automática, la declaración de estado de concurso mercantil.

“Dejar que transcurran los tiempos sin dar una rápida solución, solamente deteriorará el valor del patrimonio de deudores y acreedores por igual y, por ende, de la comunidad y de la economía del país”, sostiene en su exposición de motivos.

La ley tiene el objetivo de que las empresas, tanto las que deben, como a las que les deben, lleguen a acuerdo de partes. “De lo que se trata es que este instrumento jurídico dé un procedimiento más ágil que otorgue certidumbre a los proveedores, a los trabajadores, a los acreedores, a todos”, puntualizó