Se aprovechan de pandemia vender más cara electricidad

Literalmente el Gobierno federal está tratando de tapar la energía del viento y del sol con un dedo: su dedo autoritario; estamos ante un abuso de autoridad que retrocede al país a la década de 1970.

La diputada Dulce María Sauri, dijo lo anterior al presentar en nombre del GPPRI un punto de acuerdo para que la Secretaría de Energía deje sin efectos, de manera inmediata, el “acuerdo” por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional por contravenir la Constitución, la legislación en materia energética, la Ley Federal de Competencia Económica, así como diversos acuerdos y tratados internacionales.

Al subrayar la necesidad de una presencia física, no virtual, porque la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, requiere recuperar su voz desde la Tribuna del Senado, la legisladora priista señaló: “estamos ante el abuso de autoridades que, de manera oportunista, se aprovechan de la pandemia para violar la libre concurrencia y la competencia económica, para vender más cara la electricidad a todos los mexicanos.

Estamos ante un “acuerdo” mentiroso, que pretende justificar un acto de ideología energética en lugar de cumplir con su mandato técnico. No es convincente que una baja de demanda eléctrica en el país tenga como consecuencia el que se disminuya la generación de energía procedente del sol y del viento.

Exigimos atender los principios básicos del despacho económico, a partir de los cuales la energía eléctrica de menor costo debe despacharse primero y se exhorta al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía y al Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para que, por separado, inicien las investigaciones correspondientes en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para efecto de sancionar a los funcionarios públicos responsables de incumplir con la Ley General de Mejora Regulatoria.

En la primera e histórica sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por vía remota, la legisladora Sauri Riancho llamó a no hipotecar el futuro de México, a cancelar el “acuerdo” para no cancelar el presente nuestro y el porvenir de las nuevas generaciones y señaló la serie de abusos que comete el Gobierno federal en materia de energías renovables, porque lastima el derecho constitucional de las y los mexicanos a vivir en un medio ambiente sano.

Abusa la autoridad que le impide al país cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales para reducir emisiones contaminantes y combatir el cambio climático; lastima a la ciudadanía al complicarle la opción de contratar y consumir energía renovable, a precio competitivo y la condena a pagar mucho más por la electricidad que necesitan hogares y negocios.

Estamos ante los actos de una autoridad que viola la ley y los derechos de quienes han confiado en México para invertir y crear empleos, para facilitarle a Pemex que le venda combustóleo a CFE para generar energía eléctrica cara y contaminante, lastimando la economía y la salud de las familias mexicanas.

La Secretaría de Energía invade las facultades regulatorias de la CRE y ésta guarda un silencio cómplice; en lugar de invertir en redes de transmisión necesarias para llevar energía y evitar apagones, pretenden escudarse en pretextos para justificar lo injustificable.

Se lastima la libre competencia y que reclama una acción decidida de la Cofece en atención a su responsabilidad constitucional; se dificulta la entrada, en operación oportuna, de nuevos parques de generación de energía solar y eólica que se han llevado tres años en construir; se pone un alto a la construcción futura de parques renovables.

Por todo esto, el GPPRI planteo que, de urgente resolución, el Congreso de la Unión llame al Gobierno federal a no causar un daño irremediable al futuro del país y que la Secretaría de Energía deje sin efectos, de manera inmediata, el “acuerdo” por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo, que contraviene al artículo 25 de la Constitución, ya que no alienta ni protege a las energías renovables.

Este “acuerdo” cancela la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica, aun cuando en el artículo 27 lo autoriza. La Secretaría de Energía, que es la responsable del diseño de la política eléctrica, deberá abstenerse de invadir facultades que corresponden a la Comisión Reguladora de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía.

“Exigir el cabal cumplimiento del artículo Tercero Transitorio de la Ley de Transición Energética significa garantizar una participación de energías limpias en la generación de electricidad, hasta alcanzar el 35 por ciento en 2024, porque es indispensable para el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México en materia de cambio climático y reducción de emisiones contaminantes, es decir, el Acuerdo de París”, señala el punto de acuerdo propuesto por el GPPRI.

Demandamos la incorporación de las medidas necesarias para el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México en materia de energía sostenible y cambio climático, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas; donde asumió el “Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, sostenible y moderna para todos y el “Objetivo 13: Acción por el Clima”, entre otros.

“Este punto de acuerdo demanda respeto por los tratados Comerciales celebrados entre México, Estados Unidos y Canadá; así como entre México y la Unión Europea, en sus capítulos correspondientes a energía e inversión”, relató la diputada Dulce María Sauri.

Mientras que, la Secretaría de Gobernación tiene que garantizar que los acuerdos en materia de energía enviados por las dependencias de la Administración Pública Federal para su publicación en el DOF no contravengan las disposiciones Constitucionales y legales, respeten los principios de legalidad y certeza jurídica, que son esenciales en un Estado de Derecho.