Dependencias deben ser flexibles en cobro de impuestos a escuelas particulares

Para que las instituciones educativas privadas puedan sostener gastos, continuar actividades y conservar a su personal, la senadora Verónica Martínez García, del PRI, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a que otorguen esquemas flexibles en los pagos de impuestos, contribuciones y servicios a dichos entes educativos.

Con esta propuesta, indicó, se busca proteger empleos, salarios del personal docente, administrativo y operativo, y también se evitará que caigan en condiciones de pobreza por la pérdida del sustento familiar.

Insistió en que el Gobierno Federal debe tomar medidas adecuadas para conservar empleos y proteger los salarios del personal de las escuelas particulares, toda vez que representan fuentes de trabajo, y son centros donde niñas, niños, adolescentes y la población en general, ejercen su derecho a la educación consagrado en la Constitución.

La legisladora recordó que, desde el 20 de marzo del presente, las escuelas de diferentes niveles suspendieron actividades presenciales, como parte de las medidas de la emergencia sanitaria emitidas por las autoridades de salud.

Aunque, agregó, algunas han continuado con la impartición de los respectivos programas educativos del ciclo escolar, en la modalidad a distancia.

Señaló que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha exhortado a escuelas particulares y padres de familia realizar acuerdos sobre el pago de las colegiaturas durante la emergencia sanitaria, considerando complicaciones económicas que impiden el cumplimiento.

Pese a ello, reconoció, resulta insuficiente por las dimensiones de la problemática, ya que estamos frente a la insolvencia e incapacidad para hacer pagos de clientes y la falta de liquidez de los proveedores.

Con la aprobación de su propuesta, dijo, también se abonará al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, de manera específica los temas relativos de educación de calidad y trabajo docente, a poner fin a la pobreza, y el crecimiento económico.

De acuerdo con datos de la Secretaria de Educación Pública (SEP), se estima que en el país operan 34 mil escuelas particulares y 183 mil 537 profesores trabajan en dichos centros educativos, mismos que se encuentran en riesgo por la parálisis de diversos sectores productivos derivados de la pandemia.