Iniciativa de Sheinbaum, un verdadero cheque en blanco

La propuesta de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), Claudia Sheinbaum, , la faculta para que en caso de emergencia sanitaria o desastre natural, de manera arbitraria realice las reducciones del Presupuesto de Egresos que estime necesarias a los Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades.

También así como de cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones, imponiéndoseles la obligación de hacer los respectivos ajustes presupuestarios y en caso de no hacerlo la Secretaría de Administración y Finanzas se encontrará facultada para ello.

En conferencia de prensa en la que participaron el Presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, los Diputados Locales América Rangel, Mauricio Tabe, FedericoDöring y el Diputado Federal Luis Mendoza; el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino, Christian Von Roehrich de la Isla, advirtió lo anterior.

El también Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso Local señaló “que la reforma contraviene los artículos 21, 29, 32, 35, 46, 53 y 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México, ya que vulnera el principio de división de poderes que impera no solo en la capital del País, sino en toda la República, ya que del contenido de los artículos señalados con antelación se puede observar que es facultad exclusiva del Congreso de la Ciudad de México el expedir el presupuesto y el gasto público de la Ciudad.

Explicaron que de facto, con estas reformas, bajo el pretexto de atender casos de emergencia sanitaria o desastre natural, sin detallar los alcances y condiciones que deben de existir para una declaratoria de este tipo, por más evidentes que puedan ser, se le estarían otorgando facultades a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que extralimitan las establecidas en el texto constitucional.

De aprobarse las reformas aludidas en los términos planteados, la Jefatura de Gobierno, no solo tendría capacidad de decisión con respecto al presupuesto correspondiente a Organismos Autónomos y Alcaldías sino que incluso podría manipular de manera discrecional los recursos presupuestales del Poder Judicial de la Ciudad de México, pues estos se encuentran incorporados dentro del Presupuesto de Egresos, lo cual es violatorio a todas luces de los principios republicanos y democráticos que rigen la vida de nuestro país.

De hecho, la propia legislación vigente cuidando el precepto fundamental de la división de poderes en materia presupuestaria, únicamente prevé que la Jefa de Gobierno pueda intervenir discrecionalmente en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad, cuando exista una caída de los ingresos menor al 5%, de modo que sí la caída es mayor a dicho porcentaje, cualquier ajuste presupuestario tiene que ser aprobado por el poder legislativo.

Esta reforma es perjudicial, porque de manera arbitraria y so pretexto de la contingencia sanitaria se afecta directamente el presupuesto asignado para satisfacer servicios básicos de la ciudadanía, como son la seguridad, el suministro de agua, transporte, desazolve, bacheo, reparación de luminarias, recolección de basura, e inclusive hacer mucho más lento el presentar y darle trámite a una denuncia ante la Fiscalía o bien darle curso a una queja ante la Comisión de Derechos Humanos o a una simple solicitud de información pública, y que decir, de los procesos judiciales que podrían ser aún más lentos y tortuosos.

Ahora bien, desde el día de ayer circula un proyecto de dictamen que se pretende aprobar el día de hoy en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que matiza la imperial iniciativa de la Jefa de Gobierno, pero que sigue vulnerando la competencia del Congreso de la Ciudad de México, al ser éste el único responsable de la aprobación del presupuesto, ya que lo único “rescatable de este proyecto” es que se establece, que sí los órganos autónomos o de gobierno se niegan a la reducción de su el presupuesto, entonces el Congreso tendrá que hacerlo a iniciativa de la Jefa de Gobierno, trasladando el costo político a este órgano, para entonces utilizar la aplanadora parlamentaria y sin necesidad de las 2/3 partes de este.

Por eso además, es criticable que no se reforme la Ley Órganica del Congreso para establecer estas atribuciones reformadoras del presupuesto en dicho ordenamiento, y esto es así porque esta Ley tiene el carácter de constitucional y requiere de las 2/3 partes de los integrantes del congreso para reformarla, por lo que es claro que lo que se pretende es obtener un cheque en blanco, y sin tomar en cuenta a la oposición.

Esto es inaceptable después de ver el subejercicio del Gobierno de la Ciudad de México, que de acuerdo con la cuenta pública del 2019, se inutilizaron 2 mil 903 millones de pesos, que bien pudieron ser recursos que se reorientaran para la atención de la crisis sanitaria originada por el covid-19, pues se tuvo conocimiento de la pandemia desde enero, y desde entonces se pudieron tomar las medidas necesarias para disminuir los impactos, en contraste con ello.

Por desgracia según cifras oficiales hay 36, 272 casos de personas infectadas y 4,401 personas fallecidas solamente en la Ciudad de México ,y sin embargo, la respuesta ha sido un nulo apoyo financiero a los más de 1 millón 200 mil personas en pobreza alimentaria, a los 2 millones que se encuentran en el comercio informal y los más de 1 millón 400 mil personas que perdieron su empleo, tampoco hay apoyos fiscales para auxiliar a las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad, pudiéndose por ejemplo, condonar el pago de agua y de impuestos sobre nómina y hospedaje, así como otorgar una renta mínima de hasta tres mil 200 pesos a quienes más lo necesitan.

Aunado a lo anterior, no puede dejar de señalarse que la Ciudad de México ha sido la más golpeada en cuanto al sector salud se refiere, pues lidera en la cantidad de casos de personal médico fallecido elevándose a más de 511 hasta el día de hoy.

Hay un colapso en los hospitales de la ciudad, no hay suficiente equipo de protección para el personal médico, es decir el gobierno ha actuado con ineptitud e indolencia, y con esta iniciativa se demuestra que utiliza de pretexto la pandemia para pretender disponer del dinero de los impuestos para el proyecto totalitario del partido del régimen, en el cual le estorban los poderes, órganos autónomos y los intereses ciudadanos, ni siquiera el presidente fue tan atrevido en su idéntico intento de apoderarse de las atribuciones en materia presupuestaria con el Congreso de la Unión, pues frente a estos actos absolutistas tuvo que recular.