México defenderá su interés comercial

Hay legisladores estadounidenses que buscan cerrar la frontera en el tema de la temporalidad, como una medida electoral, y de llevarse al cabo, este tipo de acciones no son compatibles con el T-MEC y pueden llegar a tener consecuencias que no deseamos para la región.

Senadores, organizaciones agropecuarias, productores y dependencias del Gobierno Federal advirtieron que se establecerán mecanismos de defensa ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, y bajo las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por la posible aplicación de medidas proteccionistas de productos de temporalidad en la Unión Americana.

Así lo manifestaron los participantes en el foro “Retos y oportunidades del sector agroalimentario en el T-MEC: estacionalidad y otros riesgos”, que se llevó a cabo en conjunto con el Consejo Nacional Agropecuario.

La senadora Claudia Ruiz Massieu, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC, refirió que nuestro país es la décima potencia agroexportadora del mundo; sin embargo, reconoció que hay retos importantes para este sector, especialmente, en el tema de la estacionalidad.

Se pronunció por trabajar de manera conjunta y utilizar el T-MEC, como una herramienta para superar los desafíos de la coyuntura y apuntalar a este sector tan importante para la economía, desarrollo y la integración nacional.

Asimismo, destacó la importancia de conocer de primera mano las preocupaciones de los productores y empresarios sobre algunas disposiciones del Tratado, las cuales pudieran tener efectos negativos en el país.

El senador José Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, indicó que en 2019 el comercio de productos agroalimentarios de México con el mundo fue de 68.2 mil millones de dólares. El 75 por ciento de ese intercambio, precisó, se concentra con los socios del T-MEC.

No obstante, mencionó que en la Unión Americana hay legisladores que buscan presionar al gobierno de esa nación para cerrar la frontera en el tema de la temporalidad, como una medida electoral.

Las elecciones en Estados Unidos están por comenzar y algunos impulsarán este tema para congraciarse con los votantes de algunos estados de ese país. Pretenden adoptar un plan de acción para proteger los productos agrícolas estacionales y perecederos de su país, lo que sucedería dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del T-MEC.

Ante ese escenario, dijo que se necesita analizar cómo se defenderá a los productores mexicanos, entendiendo que, en el nuevo Tratado, México logró eliminar toda posibilidad de adoptar en el futuro cualquier restricción al comercio, especialmente el agropecuario.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el legislador de Morena anunció que, a nombre de la Comisión de Agricultura del Senado de la República, se busca plantearle al Presidente Donald Trump y al Congreso norteamericano, que se cumpla con el T-MEC y se respeten las reglas que se definieron en la relación comercial.

En el foro, la senadora Beatriz Paredes Rangel, integrante de la bancada del PRI, dijo que, ante la posible aprobación de la estacionalidad agrícola que propone Estados Unidos a productos hortofrutícolas, el gobierno mexicano debe definir cómo evitar una pérdida económica en el mercado nacional.

Frente a esto, la legisladora propuso crear un grupo de trabajo para ver en qué cuestiones legislativas se puede avanzar para “vacunarnos” ante medidas arbitrarias, además de tomar medidas que permitan velar por el cumplimiento de las normas adquiridas por el acuerdo comercial entre los tres países.

Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, de la Secretaría de Economía, explicó que el T-MEC no prevé disposiciones para productos estacionales en materia de defensa comercial, por lo que advirtió que la aplicación de este tipo de medidas pondría en riesgo el éxito alcanzado por el sector agropecuario de ambos países.

México responderá de manera firme sus intereses legítimos y a sus productores del campo, si Estados Unidos viola los compromisos comerciales. Lo haremos mediante los mecanismos previstos en las reglas internacionales del comercio y ante la Organización Mundial de Comercio y las disposiciones del nuevo tratado comercial tripartita, afirmó.

Asimismo, informó que se dará seguimiento puntual a las audiencias que se realizarán en agosto en el Unión Americana sobre la estacionalidad, además la Secretaría de Economía ya conversa con la oficina comercial de ese país para asegurar que tenga en cuenta esas medidas no son compatibles con el T-MEC y “pueden llegar a tener consecuencias que no deseamos para la región”.

En su turno, el subsecretario de Agricultura, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Miguel García Winder, dijo que el nuevo tratado comercial, T-MEC, es un instrumento con reglas claras que, bien aprovechado, beneficiará a los productores mexicanos y al sector agroalimentario, sumando alimentos, fibras y biocombustibles.

García Winder apuntó que entre los retos y desafíos en este acuerdo comercial están los temas laborales, ambientales, propiedad intelectual, innovaciones y el del etiquetado, entre otros, que deberán ser atendidos de manera integral.

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Oswaldo Cházaro Montalvo, también propuso que el gobierno mexicano elabore un plan de respuesta inmediata ante la posible aprobación, por parte de Estados Unidos, de una norma que reinstale la Ley de Etiquetado de País de Origen (COOL) por parte de Estados Unidos, que incluya, en caso extremo, la aplicación de represalias comerciales con fundamento en la resolución final de la Organización Mundial de Comercio (OMC) del 2015, ya que de lo contrario se vería dañada la ganadería mexicana.

Recordó que la inclusión de la Ley COOL en la Farm Bill en el 2002 fue voluntaria, sin embargo, en el 2008 fue obligatorio; ante ello, se le requirió, en aquel entonces, al presidente de los Estados Unidos, emitir un reglamento que diera cumplimiento a la obligación de proporcionar información al consumidor final sobre el lugar de nacimiento, engorda y sacrificio del animal del cual provenía la carne.