Consecuencias de utilizar políticamente la epidemia

Militantes de morena en Yucatán denuncian las consecuencias de utilizar políticamente la epidemia en la península, adelantaron las medidas de confinamiento, se negaron a integrarse al INSABI para manejar oscuramente los recursos de salud, con lo que la epidemia salió de control. Ahora lo quieren resolver con un toque de queda y medidas que exponen más a la población.

En la última semana el Gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, anunció una serie de medidas que buscan, según sus dichos, proteger la salud y el empleo de miles de yucatecos que sufren ante la pandemia ocasionada por la COVID19, enfermedad causada por el Coronavirus SARS-COV-2.

Una de las medidas que ha causado controversia, por ser abiertamente inconstitucional, es que a partir del jueves 16 de julio del presente año, la Secretaría de Seguridad Pública, implementó un operativo en todo el estado para evitar la circulación vial de 10:30 de la noche a 5 de la mañana, a excepción de los municipios costeros que fue de 9 de la noche a 5 de la mañana. Los vehículos de emergencia, traslados a unidades médicas y personal de salud están permitidos.

Es importante señalar que este tipo de disposiciones tienen poco sustento jurídico e incluso científico respecto a que se haya comprobado una reducción de contagios restringiendo la movilidad vial. Más aún, es necesario recordar que las acciones emprendidas por el ejecutivo estatal desde el inicio de la pandemia parecen derivadas de ocurrencias poco calculadas, en vez de ser parte de una respuesta, emergente sí, pero estratégica y planeada.

Esto ha resultado evidente en la actualidad, ya que posterior a la restricción de movilidad, que cabe mencionar, no se limitó al tránsito vehicular, sino a la población en general, se han generado aglomeraciones en el transporte público, los paraderos y las unidades, con lo que se aumenta el riesgo de contagio, todo esto ha sido documentado ampliamente por ciudadanos a través de redes sociales y medios de comunicación locales. De igual forma el personal de salud se ha quejado de la dificultad para acceder a transporte luego de sus extenuantes jornadas laborales.

Este hecho, que podríamos denominar un “toque de queda de facto” es un acto inconstitucional, violatorio de los derechos y las garantías individuales que emanan de nuestra Carta Magna. Además, que aumenta la presión sobre el pueblo yucateco, pues Mauricio Vila en un desplante de autoritarismo criminal ha pronunciado una serie de multas a quien incumpla sus medidas que podríamos catalogar de absurdas.

Lo anterior se suma a las decisiones volubles, y muchas veces contradictorias a la Secretaría de Salud federal, que se han venido tomando desde el inicio de la pandemia en el país. Un ejemplo podría constatarse con la medida de iniciar la jornada nacional de sana distancia en Yucatán varios días antes que a nivel nacional, lo cual desencadenó en el levantamiento del cerco sanitario y pase a semáforo naranja, casi un mes antes de lo recomendado en el estado por dicha secretaría. Esto ha generado un re brote incontrolable y puesto nuestros servicios de atención hospitalaria en serio cuestionamiento.

Lo anterior no es retórica, ya que si consultamos las estimaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología notamos que al 3 de junio se planteaba la salida de la epidemia a finales de septiembre; y un mes después en la estimación del 8 de julio se vislumbra un escenario tan desfavorable que propone como fecha de salida en abril del 2021.

Treinta y cinco días de negar datos y apelar a un supuesto desfase en las cifras nacionales, lo cual no corresponde a un desfase, sino a un planteamiento metodológico que a nivel nacional analiza las cifras con dos semanas de rezago para la validación, actualización y confirmación de los datos en las plataformas correspondientes, ha sido la justificación para que el Gobernador del Estado haya ignorado el semáforo nacional, ordenando el desconfinamiento y reapertura económica, de forma apresurada que como se menciona ha puesto al Estado en una situación comprometedora respecto a la atención hospitalaria. El 8 de junio de forma inexplicable el Ejecutivo Estatal cambió el color del semáforo, de rojo a naranja, obedeciendo a intereses solamente empresariales que necesitan la reactivación financiera mediante la mano de obra al precio de vidas humanas, lo cual en las últimas semanas se ha disparado de forma dramática.

El miércoles quince de julio y estando en semáforo naranja las cifras de fallecimientos se duplicaron de un día para otro, llegando a 35 defunciones en un solo día y a casi 700 durante todo el periodo de contingencia. Es decir, en un solo día se presentaron el 5% de los decesos totales.

Lo anterior se ha agudizado en el contexto que nuestro Estado se ha negado a ingresar al nuevo esquema de salud universal denominado instituto de salud para el Bienestar, INSABI por indicaciones de Mauricio Vila Dosal, lo cual ha complejizado las sinergias interinstitucionales entre el sistema de salud federal y estatal.

Todo esto con el fin de mantenerlo como “la caja chica” del estado, sin importar que siguiera funcionando inoperante, deteriorado y lleno de corrupción, lo que se ha traducido en un sinnúmero de casos de atención inadecuada a pacientes que han tenido un desenlace trágico.

Yucatán se niega por medio de su gobierno constitucional a transparentar los recursos públicos derivados de la salud, lo cual se hace imperativo en este momento de contingencia sanitaria.

Finalmente, consideramos que las medidas implementadas por la administración estatal han sido inconsecuentes con la población y poco estratégicas, lo que ha generado un descontrol absoluto de la epidemia sanitaria.

Ello se expresa de forma concreta con las cifras alcanzadas al momento por la pandemia, la implementación de un semáforo naranja cuando la recomendación nacional es rojo y la imposición de un “toque de queda” de facto; con el endurecimiento de un discurso que culpa a la población del desastre sanitario actual, en lugar de asumir la responsabilidad histórica ante un momento tan complicado en la vida de la población yucateca.

Por las razones antes expuestas desde Yucatán alzamos la voz en busca de apoyo nacional para detener las acciones imprudentes, absurdas y criminales del gobierno estatal y exigimos.