Buscan establecer igualdad género y principio de paridad legislación agraria

Pretenden las y los diputados de los Grupos Parlamentarios de Morena y del PVEM, en una iniciativa de reforma presentada en la Comisión Permanente del Congreso, establecer en la legislación agraria la igualdad género y el principio de paridad para abatir la desigualdad y discriminación que padecen las mujeres indígenas y rurales sobre el uso y aprovechamiento de las tierras, así como proteger sus derechos humanos.

Señalaron que el objetivo de su propuesta, es reformar diversas disposiciones de la Ley Agraria, porque la igualdad de género en el medio rural y campesino sigue siendo una asignatura pendiente.

Con la iniciativa que impulsan los diputados Ana Patricia Peralta, Armando Contreras, de Morena; Arturo Escobar y Vega, del PVEM, a nombre de sus compañeros legisladores, así como de los diputados Héctor Serrano y Mauricio Alonso Toledo, sin grupo, buscan actualizar los artículos 10, 17, 18, fracción III; 57, párrafo primero y fracción III; 72, 108 y 109 de la citada legislación.

Reconocieron que, sin demeritar los avances en la normatividad y legislación en materia de derechos humanos de las mujeres, tutelados por el Estado, se debe admitir que la desigualdad y discriminación que padecen las mujeres indígenas y rurales sigue siendo un tema que debe atenderse.

Existe una brecha muy pronunciada de género en la propiedad de la tierra, históricamente relacionada con factores como la preferencia hacia los hombres en la herencia; los privilegios hacia ellos en el matrimonio; la tendencia a favorecerlos en la distribución de la tierra y también en los programas estatales de redistribución; además de los sesgos de género en el mercado de tierras, agregaron.

Señalaron que en materia de derechos agrarios de las mujeres su acceso es limitado. Las áreas que están bajo responsabilidad de ellas, la mayoría de las veces son menores que de los hombres y son las de menor calidad para la producción. Las diferencias para su acceso se expresan de distintas formas: en la herencia, en los programas de reforma agraria y en el mercado de tierras, acotaron. Un ejemplo de esto, dijeron, son las estadísticas del Registro Nacional Agrario, donde se indica que el padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país está integrado por 3.6 millones de hombres y 1 millón 304 mil mujeres, lo que representa 26.3 por ciento del total.

Ello significa, agregaron, que de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera tres son mujeres. Eso sí, alrededor de 850 mil de ellas trabajan la tierra sin que sean titulares de derechos. Lo grave de esos casos es que las mujeres en esas condiciones no pueden acceder a los programas oficiales de apoyo, advirtieron.

De acuerdo con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, indicaron que es necesario revisar la normatividad vigente en materia agraria para adecuarla a dicha ley, al tomar en cuenta que las mujeres trabajan la tierra y sin derecho sobre ella; tienen el uso y no el derecho y, actualmente, están en algún tipo de desventaja ante el principio de igualdad que la legislación tutela.

“Además, con esta reforma se cumplirá con una de las tareas pendientes del Estado Mexicano y se verificarán los compromisos internacionales suscritos en la materia”, adelantaron.

La iniciativa fue turnada de manera directa, para estudio y dictamen, a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; con opinión de la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

Analizan modificar marco jurídico para la gestión integral del agua. En foro de especialistas exponen que más del 90 por ciento de los efectos del cambio climático están relacionados con la escasez del vital líquido

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Raúl Paz Alonso, especialistas y académicos revisan diversas propuestas para modificar el marco jurídico y alcanzar una gestión integral del agua.

El senador Paz Alonzo organizó el segundo ciclo de conferencias virtuales, donde se abordaron emergencias, seguridad hídrica, medición y control del ciclo hidrológico, meteorología, aguas subterráneas y cambio climático.

En el encuentro a distancia, la maestra Isabel Studer, académica de la Universidad Johns Hopkings, señaló que las crisis del agua y el cambio climático están relacionadas, pues más del 90 por ciento de los efectos del fenómeno tienen qué ver con escasez del vital líquido.

Esto, apuntó, afectará de manera severa la generación de energía, la construcción de infraestructura, los centros urbanos y, más aún, la producción agrícola.

Advirtió que el problema se agrava, porque no hay una política de conservación y distribución desde lo doméstico, agrícola e industrial. Los impactos ya están a la vista y su atención debe ser una prioridad, asentó.

La doctora Rosalba Landa, investigadora en ciencias ambientales y biológicas por la UNAM, exhortó al Congreso de la Unión a actualizar las leyes General de Protección Civil y de Cambio Climático para establecer en el futuro un código de protección del agua.

La maestra Verónica Martínez, consultora del Banco Mundial, afirmó que existe una política de planeación débil en la materia, ante la incertidumbre la población por riesgos potenciales, como inundaciones o sequías, por ejemplo.

Por eso, dijo, se necesitan acciones jerarquizadas para atender el problema de manera transversal, en lugar de actuar sólo con políticas reactivas.

Sugirió que el Senado de la República retome el trabajo intelectual realizado sobre el tema para que actualice la legislación reglamentaria y elabore una nueva Ley de Aguas, donde se establezca la planeación de políticas públicas entre legisladores, académicos, sociedad y gobierno, una política hidroambiental.

José Luis Hernández, miembro de la Red de Ciencia y Tecnología Espacial Mexicana, recordó que para la gestión de los recursos hídricos ya se puede monitorear la calidad de los “cuerpos superficiales” mediante imágenes satelitales.

Jorge Arturo Hidalgo Toledo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que en la planificación de esta materia se han establecido los objetivos generales y líneas de acción, pero “no hemos podido aterrizarlos en acciones específicas para responder a los diversos retos.