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AMLO, cataclismo político en México


Solo existen dos alternativas para el anodino Andrés Manuel López Obrador: renunciar a la Presidencia de la República como muchos sectores se lo han demandado “¡pero a la voz de ya!”; y la otra, tener a su alcance cartuchos de dinamita que podrían hacer detonar arrojándolos desde la azotea de Palacio Nacional contra su pueblo que lo encumbró, ya que su anacrónica ideología de la 4T, no ha servido para nada, sino ha dañado irreparablemente grandes núcleos de la sociedad.

Es tan igual como seguir sentado en un barril de pólvora que con cualquier chispita que pudiera surgir de la nada… ¡pummmm…! Se conjuntan todos los elementos para darle la lectura adecuada: México está en el máximo de los peligros de los últimos 50 años, todo por la aplicación de una malísima política económica donde millones han perdido sus empleos y la criminalidad crece.

Si bien el Ejecutivo ya tiene a un importante número traducido en millones de ciudadanos inconformes, la propia comunidad intelectual lo ha tachado de mil maneras, por decir lo menos.

Lo tachan de manipulador, mentiroso, mitómano, inseguro, inestable emocionalmente, desleal, traidor, dueño de un cinismo sin igual, carente de sensibilidad, sin conciencia social, incapaz de entender el daño patrimonial causado a los pobres, es solo una parte del perfil sicológico criminal de Andrés Manuel López Obrador, y ya no abundemos más en su negro historial de haberse convertido en el Caín de Macuspana, tras cegarle la vida a su hermano José Ramón, de un balazo en la cabeza.

López se hizo del poder presidencial pese a todos esos esquemas, que también se traducen en acciones de lesa humanidad. Pero como se siente todo un Mesías, el gran Dios que no ha tenido la tierra luego del crucificado Jesús de Nazaret, y teniendo atolondrados al pueblo y a sus “representantes populares” que cobran millonadas como diputados y senadores, éstos tienen que seguir las directrices del gran Juez.

El fantasma de la fragmentación de la unión y la disociación de la República como muchos teóricos han delineado esa analogía, podría darse en todo momento, sobre todo porque nueve gobernadores de los 32 que integran el Pacto Federal, en tiempo y forma, se separaron “oportunamente” de la CONAGO.

El Grupo de los Nueve están por formar un bloque históricamente nacional para impulsar una Nueva República, y esto se debe a que el Ejecutivo ha excluido prácticamente a toda esa amalgama de gobernantes que no comulgan con su Cuarta Transformación –que para los críticos, es la cuarta deformación-, lo que obligará a tomar otras serias consecuencias.

Lamentablemente y en manos de López Obrador, México sufriría el peor cataclismo político de la historia, en el sentido en que la CONAGO se ha configurado en una confederación donde los gobernadores sobreponen los votos con los que fueron convertidos en jefes de sus estados, pensando en separarse del Pacto Federal y crear otro México más moderno, sobre el México en cenizas que está convirtiendo desdichadamente el macuspanense.

Una restauración de la República en México no sería ninguna circunstancia a priori o tendencia errante; no es descabellada la iniciativa, sino por el contrario, si se consumara este propósito, se reviviría la historia de México desde la época juarista pero con otros actores en pleno siglo XXI.

Porfirio Díaz encabezó una última rebelión en 1876, contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Luego de una campaña bastante mala para sus tropas, logró vencer a los federales en Tecoac y entrar triunfante a la capital en noviembre de 1876, con lo que comienza el Porfiriato.

En el marco de ese Porfiriato que duró más de tres décadas, se le asignan méritos en el proyecto de la transformación industrial y urbana del país, independientemente de haber sido un represor sanguinario, a quien se le atribuye la célebre expresión “mátenlos en caliente”.

Don Porfirio tuvo la extraordinaria iniciativa de huir del país al observar que la Revolución Mexicano se había iniciado para evitar mayor derramamiento de sangre entre los hermanos mexicanos.

Dejó un legado que ahora con López Obrador, podría repetirse esa cíclica epopeya, toda vez que el político oaxaqueño, mostró su valía patriótica al redactar una misiva de renuncia sumamente histórica. Ejemplo que debería seguir Andrés, que incluso ha aparecido un proyecto de renuncia para que López Obrador lo apruebe y lo dirija al Congreso.

Pero el 25 de mayo de 1911, Don Porfirio junto con su familia, viajó por barco a Francia donde finalmente el 2 de julio de 1915, expiró a los 85 años de edad en la cama de su residencia de la avenida Bois de Boulogne, “en su amada París”.

No es ocioso recordarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, el contexto de ese mensaje dirigido al pueblo de México, y que hoy en día le han exigido que abandone el cargo del Ejecutivo, por sus desatinos como jerarca de la nación, para evitar cualquier desbordamiento de sangre entre hermanos mexicanos.

A las CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados Presente.

El pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de Intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República, ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo, esa causa de su insurrección.

No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social; pero permitiendo, sin conceder, que pueda ser un culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos apropósito para raciocinar y decidir sobre mi propia culpabilidad.

En tal concepto, respetando, como siempre he respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal, vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir sin reserva el cargo de Presidente Constitucional de la República, con que me honró el pueblo nacional; y lo hago con tantas más razón, cuando que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la Nación, derrochando sus riquezas, segando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales.

Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional, un juicio correcto que me permita morir, llevando en el fondo de mi alma, una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas. Con todo respeto.

La Otra República. El lunes 12 octubre del 2020, Día de la Hispanidad, 108 años después de aquella histórica dimisión de Don Porfirio, el devenir de México tuvo transformaciones muy importantes, la tecnología fue invadiendo para bien el desarrollo nacional.

Aparejado a ello, el Constituyente de 1917 estableció –hace 103 años-, el legado de la Carta Magna que jamás en la vida podrá ser alterada aun cuando haya cambios ideológicos de quien o quienes lleguen al poder presidencial, pero con la llegada de López Obrador, se han vivido múltiples escenas de miedo y terror.

En el portal denominado Magenta de Milenio, surgió este que podríamos denominar “la muerte anunciada de un país”, en el ángulo de avizorar un impactante cataclismo político que podría trastocar la unidad nacional y la posible explosividad social, de esa misma de la que parlamentó Don Porfirio Díaz a la Cámara de Diputados, la revivificación e insurrectas de bandas milenarias.

El Pacto Federal. Qué sucedería si cansados del mal trato que les da la Federación, un bloque de gobernadores decidiera romper el Pacto Federal.

Qué sucedería si esos gobernadores llamaran a la integración de otra República, una nueva, cansados de que el presidente de la Nación los trate con desdén. O incluso ya ni los trate.

Qué sucedería si estos estados fueran Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California Norte, Baja California Sur, Jalisco y Guanajuato.

No se rían que el debate es serio. Qué significa que al más puro estilo de Cataluña, en España, se gestara en México un movimiento separatista de aquellas entidades que se sienten explotadas, sojuzgadas y olvidadas por el gobierno federal.

Como simple ejercicio para la imaginación, pero con cifras muy reales, estamos hablando de que esos nueve estados producen 430 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto (PIB) que en México acumula mil 200 billones de dólares. Es decir, en ellos se produce el 35 por ciento de la riqueza nacional.

Es mucho o es poco. Bueno, si esos nueve estados fueran una nueva República, su PIB sería mayor al de Noruega, Emiratos Árabes, Argentina, Irlanda, Israel o Hong Kong. O una y media veces la economía de Chile o el 180 por ciento de la del Perú. Nada, despreciable, ¿verdad?

Si vemos por población a esos nueve estados que hoy reclaman un trato más justo de la Federación, sus 35 millones de habitantes sería el mismo tamaño que la población de Canadá; el 76 por ciento de la de España; el 60 por ciento de Italia o el 42 por ciento de Alemania. Su fuerza humana sería cuatro veces Suiza, o cuatro veces Austria, o cinco veces Hong Kong o siete veces Singapur.

Y si nos vamos por territorio, la superficie de esos nueve estados, que ronda en los 975 mil kilómetros cuadrados, sería equivalente al tamaño de Suecia, al 95 por ciento de España o al 52 por ciento de Francia. O para dimensionar mejor, serían una y media veces el tamaño de Japón, casi dos veces el tamaño de Alemania y poco más de dos veces la superficie de Italia. Muy buen tamaño, ¿no?

Lo curioso es que de acuerdo a su productividad y su población, si esos nueve estados se convirtieran en La Otra República, el ingreso per cápita de sus habitantes se elevaría al instante entre un 20 y un 25 por ciento. ¡Nada mal!

Y no es que alentemos afanes separatistas, pero el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) tendría que estar tomando más en serio el reclamo de ese trato más justo que demandan los gobernadores. No solo los cinco que promueven ese debate, sino muchos otros más que podrían sumarse. Michoacán y Durango, por ejemplo.

Lo primero que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que hacer es mostrar menos desprecio y desdén a quienes desde sus entidades, con sus propios votos que los llevaron al poder, suscriben el Pacto Federal.

Desde que se inició la pandemia en febrero (2020), el inquilino de Palacio Nacional no se ha dignado a sostener una reunión en pleno con todos los gobernadores para escuchar sus necesidades. Para refrendar aunque sea en el discurso la existencia del Pacto.

Si ya es un drama que de cada peso que recaudes, la Federación te devuelva solo 17 centavos –como sucede por ejemplo con Nuevo León-, como para que encima de eso el que debe ser el Jefe de la unidad de la República, los ignore.

Cuando vuelvan a reunirse los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas en el Horno tres del Parque Fundidora de Monterrey e intercambien puntos de vista con empresarios de todos los calibres, el tema de la inequidad fiscal y de la urgencia será clave.

El presidente López Obrador tiene dos opciones. O se planta como el responsable que es de resguardar ese Pacto Federal y se sienta con los gobernadores, o continúa evadiendo su realidad para disfrutar de sus monólogos mañaneros con Lord Molécula.

Lo peor que podría pasarle es que un día amaneciera lamentándose de que “no vio” venir esa Otra República porque se dedicó a gobernar desde su soledad, ignorando al resto, para finalmente, como lo descifra toda melodía de drama…. “El Norte lo recuerda. No conocemos más al Rey, al norte, cuya pila de melena...”

Amadísima Constitución. Amadísima la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que en su artículo 136 constitucional –el último de nuestra Carta Magna-, establece criterios que tienden a salvaguardarla la unidad, ya que su espíritu le permite trazar un dique para defenderse de cualquier tiranía que podrían intentar su viabilidad.

López Obrador a pesar de haber ganado una de las elecciones más copiosas que se tengan en la historia de México, con más de 30 millones de votantes, no le da ningún derecho en destruir las instituciones republicanas. La constitución las consagró y por ende, deben consolidarse ya sea por gobiernos de la derecha, centro o izquierda.

Si bien se le puede considerar a AMLO que “es un auténtico, legítimo y pueril destructor de las instituciones”, el constituyente del 17 aplicó en dicho apartado constitucional la salvedad de cualquier intentona en contra de su espíritu.

El constituyente del 17 dejó en claro que la Constitución de México prevalecerá por siempre, pero si se atentara su desaparición por cleptómanos políticos que se hicieron del poder por la vía democrática menospreciando el legado político de la nación, la sociedad tendrá que esperar para que despierte…, porque sus libertades estarán en peligro y el espectro del asecho del enemigo exterior, pretenderá desaparecer hasta la mexicanidad de los seres bien nacidos en la Patria Mexicana.

La interpretación constitucional, El artículo 136 de la Constitución es un precepto ignorado por la doctrina y la jurisprudencia; establece diferentes instituciones políticas; algunas de ellas de naturaleza fundamental; lo hace de manera explícita y también implícita; entre otras se anotan las siguientes:

La vigencia permanente del texto constitucional y de las leyes que de ella emanan; en este caso, de conformidad con su contexto y en especial con los artículos 1° y 133, está comprendido todo el orden normativo vigente: constituciones locales, tratados, convenciones internacionales y leyes ordinarias, tanto federales como locales.

La negación del derecho a la revolución o del uso de la fuerza como medio para cambiar las instituciones políticas, en la forma en que están definidas y desarrolladas por la Carta Magna; el precepto traslada a la materia política el principio de que nadie puede hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar un derecho establecido en el artículo 17.

La responsabilidad en que incurren quienes mediante la violencia pretenden establecer un gobierno al margen de los sistemas previstos en la constitución y al intentarlo fracasen, el Congreso y las legislaturas de las entidades, con las leyes penales, están facultadas para establecer tipos y prever castigos a quienes incurran en actos violentos contra el Estado o los particulares (art. 73, frac. XXI y art. 124); y que es la Constitución Política la que garantiza la libertad de los mexicanos.

Dado el contexto, debe entenderse que ella también asegura los principios democráticos, las instituciones políticas y los sistemas de pesos y contrapesos (arts. 39 a 41, 49 y 116). Es la Constitución la que establece las vías para hacer cambios, superficiales o radicales, a ella (arts. 39 y 135).

El precepto, de manera explícita, no dispone nada respecto de las autoridades de hecho; tampoco se pronuncia en relación con el valor o nulidad de los actos realizados por ellas; hasta ahora ha sido la doctrina la responsable de hacerlo. La jurisprudencia mexicana ha sido ajena a esa labor.

El gran precepto de la Carta Magna, Artículo 136. “Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que, por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así como los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.


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