Sancionarán hasta con 50 años cárcel quien induzca menores edad al suicidio

Iniciativa de ley que propone sancionar la inducción al suicidio de menores de edad, por medio de comunicaciones electrónicas y redes sociales y que sea considerada un delito, equiparable al homicidio calificado, que se sanciona con penas de 20 a 50 años de prisión.

Lo anterior frente a los altos índices de estrés que experimentan menores, por situaciones de confusión, dudas de sí mismos, presión para lograr éxito, incertidumbre financiera y otros conflictos en su proceso de desarrollo, que ubican al suicidio, en este sector de la población, como la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años y la sexta entre los cinco y 14 años de edad.

Para sustentar su propuesta, la diputada promovente, América Rangel Lorenzana, del grupo parlamentario del PAN citó investigaciones de la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente), que señalan los riesgos que enfrenta este sector de la población en las circunstancias sociales.

Entre otros factores que se exponen en esas investigaciones, destaca el hecho de que las niñas y niños enfrentan innumerables riesgos, ya que el uso de la tecnología ha convertido a las actuales generaciones en verdaderos nativos tecnológicos y esto conlleva a riesgos.

El uso de las redes de interconexión, de tabletas, smartphones y computadoras no sólo son parte de la dinámica cotidiana de millones de niñas y niños, además ya forman parte de su vida común, desde donde pueden recibir toda clase de información.

Por ello, la diputada Rangel Lorenzana planteó reformar el Código Penal local, a fin de tipificar la inducción al suicidio por medio de redes sociales e informáticos.

La propuesta es incluir en el Código que si el occiso o suicida fuere menor de edad o la instigación se realizó por medio de redes sociales digitales o comunicaciones electrónicas, o existiera participación de más de un instigador o instigadora, se aplicarían las mismas sanciones con las que se castiga el homicidio calificado, que es de 20 a 50 años de prisión, o en su caso, la sanción correspondiente a las lesiones calificadas, cuando no se consumara el fallecimiento de la víctima.

“Debemos ubicar los riesgos a los que niñas y niños se someten en el uso de la tecnología, sobre todo porque Internet es un nicho de oportunidad muy explorado y poco regulado para quienes deseen aprovecharse de la vulnerabilidad de los menores.

“Un peligro subestimado son los denominados retos virales, por ello la necesidad de una regulación más estricta, sanciones más enérgicas en contra de quienes lo propician y con ello, la implementación de acciones de educación digital y el acompañamiento de los padres y madres en el involucramiento de los menores en el mundo de la web”, indica la legisladora en su propuesta de reformas.

Y es que estos retos en línea, para menores de edad y adolescentes, bajo la apariencia de simples juegos se convierten en riesgos que producen lesiones graves o incluso la muerte.

De acuerdo con Healthy Children (revista en línea publicada trimestralmente por la Academia Estadounidense de Pediatría) los retos virales tienen una gran influencia entre los adolescentes, porque su cerebro está en desarrollo, algo que les hace ser más impulsivos lo que también provoca que actúen sin tomar en cuenta las consecuencias.

Además, las redes sociales y “la dictadura del like” inducen a los jóvenes a actuar así como una forma de aceptación en la sociedad, sin pensar en el peligro que puede ocasionar para sus vidas.

“La presión social, la dinámica estresante del mundo globalizado y con ello, una exposición a la información, sin precedente, que a gran escala se difunde en la red, han propiciado que los menores se encuentren más vulnerables a los retos del mundo digital y con ello, a situaciones que comprometen su propia vida o la de sus cercanos”, resalta la legisladora panista en su iniciativa de modificaciones.

Esta propuesta de reformas al Código Penal local, para tipificar la inducción al suicidio por medio de redes sociales e informáticos, fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.