Estado mexicano ajeno a criterios internacionales para generar seguridad a periodistas y medios

Este dos de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas tenemos una oportunidad más para dibujar el escenario de violencia que vivimos quienes ejercemos el periodismo en México, el país con mayores índices de agravios contra las personas trabajadores de medios de comunicación, particularmente periodistas, quienes nos encontramos en estados de indefensión debido a la impunidad generada por el colapso que enfrenta el sistema judicial a nivel nacional, leyes obsoletas alejadas de los criterios internacionales, políticas públicas deficientes, falta de voluntad política e interés gubernamental de mantener como rehén a la libertad de expresión.

LAS FALLAS DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. Que depende de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal mexicano son de carácter estructural, mismas que se podrán solucionar con una reforma constitucional de gran calado, al reconocer a la actividad periodística, así como la que realizan quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos, como de interés público, como se reconoce a los partidos políticos en aras que contribuyan a generar una vida democrática en el país.

Desde luego que esta propuesta que ha sido presentada por personas conocedoras del tema como el periodista Rogelio Hernández López, no se encuentra dentro de la agenda de quienes legislan a nivel federal, porque quienes integran la mayoría del Congreso de la Unión, heredaron el síndrome priista, votar a favor todo lo que salga de la Presidencia de la República, esté motivado y argumentado o no.

En comisiones de la Cámara de Diputados Federal se trabaja un proyecto de ley para reformar el contenido de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero como lo hacían los priistas y panistas, la mayoría de Morena no están tomando en serio que se debe elaborar un diagnóstico con información proporcionada por quienes ejercemos el periodismo por todas las ciudades y rincones de la República Mexicana.

LA SIMULACIÓN. Cualquier ajuste que se le haga a la ley sin tomar en cuenta a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas será más de lo mismo. Al igual que si no se toman en cuenta los criterios internacionales que ya se han elaborado por la UNESCO a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Remitirse a los documentos técnicos elaborados por agencias de la ONU, los cuales México, por ley debe tomar en cuenta para legislación y diseñar políticas públicas, es un imperativo, para poder generar desde el ámbito gubernamental y de participación ciudadana instrumentos que permitan emprender acciones de fondo para que el sistema de justicia se reactive, de lo contrario seguiremos en una simulación.

En un comunicado fechado en Ginebra el 2 de noviembre de 2020, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard, y la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, declaran de manera conjunta:

“Cada año alrededor del mundo cientos de periodistas son atacados por su trabajo de investigación y reporteo. Son acosados, amenazados, secuestrados, torturados, encarcelados y procesados judicialmente por exponer la corrupción y el crimen organizado, por informar sobre protestas y por hablar con la verdad respecto al poder. Muchos son desaparecidos o asesinados. Los perpetradores de estos crímenes rara vez rinden cuentas”.

MUJERES PERIODISTAS MAS AGRAVIADAS. Además, las periodistas “enfrentan mayores riesgos de violencia sexual y violencia basada en género, incluyendo violaciones, agresiones sexuales y acoso en línea y fuera de ella, así como intimidaciones y amenazas contra ellas o sus familiares.

“Los ataques contra periodistas tienen un solo objetivo: silenciarlos. Cuando los gobiernos no llevan ante la justicia a los responsables de dichos ataques, están efectivamente ejerciendo una forma de censura, imponiendo un bozal a quienes se atreven a reportar y silenciando a otros a través del miedo”.

Ambas relatoras de la ONU recordaron a los Estados “su obligación de conducir investigaciones prontas, imparciales, de fondo, independientes y efectivas en todos los casos de crímenes contra periodistas. Los investigadores deben presumir que dichos crímenes están vinculados al trabajo periodístico a menos que se pruebe que no es así. Las investigaciones deben buscar identificar y procesar todos aquellos responsables – los que jalan el gatillo y los autores intelectuales, los perpetradores y los instigadores, así como aquellos que hayan conspirado para cometer, ayudar, instigar o encubrir dichos crímenes”.

Callamard y Khan hacen un llamado para que se establezca un mecanismo permanente de investigación por parte de las Naciones Unidas. Con la ayuda de expertos y expertas internacionales, incluyendo expertas y expertos de los Procedimientos Especiales y de los Órganos de Tratado, este mecanismo debería estar mandatado para asistir en las investigaciones iniciadas por los Estados; buscar información e investigar los crímenes contra periodistas; identificar caminos para la justicia en los niveles nacional, regional e internacional; facilitar procedimientos judiciales independientes; e identificar y apoyar medidas, incluyendo políticas y diplomáticas, para poner fin a la impunidad, prevenir la violencia contra periodistas y promover medidas para incrementar su seguridad.

EN MEXICO UN MECANISMO Y SISTEMA DE JUSTICIA COLAPSADO PARA PERIODISTAS. En México, además, del colapso del sistema de procuración y administración de justicia se deben reestructurar instrumentos como el Mecanismo de Protección y la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), porque ambas instituciones se han convertido en ventanillas de recepción de casos, sin que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas reciban la atención requerida, mucho menos que algún día llegue a eliminarse el riesgo.

“PERIODISTAS” BENEFICIARIOS DEL MECANISMO SE DEDICAN A EXTORSIONAR. Un tema que genera polémica y de alta sensibilidad para la clase política que está al frente del Mecanismo de Protección y de la misma Feadle, así como de organismos civiles y personas beneficiarias, es el hecho que están recibiendo beneficios algunas personas que no ejercen el periodismo o la defensa de derechos humanos de manera ética. Casos hay muchos. Con la excusa de que tienen protección del gobierno federal del mecanismo, se dedican a la extorsión, a través de un medio de comunicación convencional o, la mayoría de las veces, por medio de redes sociales.

En cada estado, región o localidad se pueden identificar personas que no ejercen el periodismo, pero sí su libertad de expresión, lo cual tienen todo el derecho de hacerlo y la misma constitución las protege y la sociedad les debe garantizar esa protección, pero el dilema está en que no se quiere diferenciar que una cosa es ejercer el derecho a la libertad de expresión y otra hacer periodismo.

Un tema polémico que requiere llevarse a un debate nacional, porque cuando el Mecanismo de Protección destina recursos públicos para darles medidas de protección a personas con estos perfiles, se están disminuyendo las posibilidades que esa protección beneficie a quienes corren riesgo por ejercer la actividad periodística real.

Ahora que desapareció el Fideicomiso que administraba el fondo de protección, se deben elaborar nuevas reglas para que esos recursos del erario público sean ejercidos para beneficiar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La Secretaria de Gobernación ejercerá ese recurso con reglas basadas en los principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, que no solo consisten en informar en que se gastó el presupuesto, sino también se debe conocer la motivación y argumentación de las decisiones que se tomaron en cada una de las acciones del ejercicio presupuestario.

*Periodista en el estado de Quintana Roo. Consejera suplente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

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