Omologar y coadyuvar la Seguridad P. vital el país
La homologación de la legislación en materia de seguridad privada que involucre a los tres órdenes de gobierno y la coadyuvancia en labores de seguridad pública en casos de emergencia o desastres naturales son vitales para dar certidumbre a la inversión, impulsar la profesionalización de la industria, colaborar en la pacificación de nuestro país y con dicha certeza jurídica, ser un gran aliado en la reactivación económica y la recuperación de los empleos.
Armando Zúñiga Salinas expresó lo anterior como representante de las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), en el Parlamento Abierto celebrado este mediodía por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, con la participación de expertos de los sectores de la iniciativa privada, académico y público, como parte del análisis del dictamen que reforma los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada.
El representante de las 32 organizaciones que conforman ASUME destacó que este sector —generador del 2% del PIB nacional— sufre de una legislación federal obsoleta y de una sobrerregulación estatal e incluso municipal que ha limitado su competitividad, al grado que han llegado a identificar 114 diferencias de trámites entre las entidades federativas sobre los requisitos que se solicitan para regular a las empresas de esta industria.
Esto ha traído como consecuencia incertidumbre jurídica y discrecionalidad, que se han traducido en constantes actos de corrupción y extorsión por parte de las mismas autoridades en estados colindantes, por lo que es urgente y necesario apostar por una ley que evite uno de los principales postulados del actual gobierno de la República, que es poner un alto a la corrupción, destacó Zúñiga Salinas en el foro coordinado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, con la colaboración de las diputadas Juanita Guerra, Martha Tagle y Ana Karina Rojo.
El titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ignacio Hernández Orduña aceptó que existe sobrerregulación y que las buenas prácticas existentes en algunos estados deben permear al resto a través de una ley general que se perfile tras la reforma constitucional analizada hoy.
No se trata de desaparecer a las autoridades locales, dijo el funcionario federal, sino tratar de establecer las funciones de la federación y lo que debe hacer cada entidad, y todo esto quede registrado en un solo padrón de empresas y un registro único de todo el personal de esas empresas con el fin de establecer la rendición de cuentas.
Jaime Domingo López Buitrón, presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dio a conocer que desde ese órgano acompañaron a las 32 organizaciones de ASUME en la conformación del proyecto de ley, incluida la reforma constitucional, que sea armónica con las nuevas tecnologías de la información y que aclaré el rol de esta industria en el abatimiento de la inseguridad y que contribuya a la pacificación nacional.