A BOTAPRONTO POLÍTICO

GUSTAVO SANTOS ZÚÑIGA. …………………………..

Impunidad, valor de Gober delincuentes. Desde los primeros días en que los gobiernos de la 4T (deformación) mostraron su perfil ideológico delincuencia por medio de programas y acciones retrogradas, que solo buscan comprar voluntades ciudadanas y políticas, destruyendo instituciones, terminando con la división de poderes e imponiendo personas afines a sus intereses para controlar y utilizar la justicia a su favor, yo he insistido que la impunidad, ahora oficializada, es el cáncer de México. Hoy, con un acto evidente de violación al Estado de Derecho y prepotencia, la amenaza del gobernador de Puebla a la propiedad privada confirma públicamente el nivel y pretensiones de los cuatrotreros de apoderarse y despojar, como sea, de lo que no es de ellos.

Imagine Usted querido lector lo que serán capaces de hacer ahora que el Poder Judicial desaparezca y que, en su momento, consoliden magistrados y jueces afines, no haya manera ciudadana de oponerse a estas expropiaciones que, además de ahuyentar inversionistas, ponen en riesgo empleos de los mexicanos. Como ya se ha dicho, el desaseado proceso de elección, la evidente participación de personas con nebulosos perfiles y el bajo nivel de participación social pone en duda razonable el impacto de las decisiones tomadas por los ministros afines.

Así como ha sido evidente en los casos del atraco e irrespetuosa forma de gobernar de la Gobernadores delincuentes de Puebla, Oaxaca; Campeche; Estado de México, entre Otros,   al No prioriza ni atiende las necesidades de las víctimas. Tan sólo en 2024, el 92.9% de los delitos no se denunciaron debido a la desconfianza en las autoridades. Es una oportunidad perdida que no se haya propiciado una reforma integral al sistema de justicia, que atendiera las deficiencias en las fiscalías, las policías y las defensorías públicas, y que planteara mecanismos concretos para mejorar la atención a las víctimas y la eficacia de las investigaciones para combatir la impunidad.

Es decir, la elección de personas juezas, magistradas y ministras por voto popular sin mecanismos que aseguren la definición de perfiles idóneos e independientes, permitirá, claro es, que sean susceptibles a presiones políticas, económicas y populares, como quedo claro en Puebla. Esto podría corromper su imparcialidad y su función de proteger derechos fundamentales, al priorizar al poder o la popularidad sobre una justicia objetiva e imparcial.

Así pues, los mexicanos debemos de reflexionar respecto a lo importante de nuestra participación en la vida democrática de México. El tiempo y la realidad nos alcanza, la política ejercida por la administración de cuarta no soluciona los múltiples obstáculos a la justicia, los utiliza y viola constantemente estándares internacionales en materia de justicia e independencia judicial. La independencia judicial no es un privilegio de las personas juzgadoras, sino el derecho de todas las personas de contar con un juez imparcial e independiente, que no sea influenciado por presiones externas. Sin independencia judicial no hay justicia, y sin justicia no hay democracia.