A BOTAPRONTO POLÍTICO

. GUSTAVO SANTOS ZÚÑIGA. …………………………

Enjambre, proteger o engañar. La semana pasada escuchamos y vimos en diferentes medios de comunicación como se desarrolló y llevo a cabo el Operativo Enjambre con la participación de diferentes corporaciones de la policía, la marina y el ejército mexicano, un despliegue pues que impacto más por la cantidad de elementos asignados a la tarea que, por las detenciones realizadas.

Estoy de acuerdo que es un mensaje importante para los “servidores públicos” que buscan pasarse de listos en sus tres niveles de gobierno, pero la realidad es que, el crimen organizado en el Estado de México continua expandiéndose y tomando control de municipios y regiones, a pesar de que las acciones y detención de siete ex funcionarios municipales fueran difundidas con bombo y platillo, lo cual género en la opinión pública una desconfianza respecto a la urgente necesidad de seguridad y protección que necesitan los mexiquenses o simplemente ser un engaño más para tapar el ojo al macho, como dice el vox populi.

La impunidad ha sido un lastre para México, a pesar del considerable respaldo que tiene el partido en el poder, la percepción de impunidad sigue siendo alta: en 2023, casi la mitad de las personas encuestadas (45%) opinó que el nivel de impunidad en México se ha mantenido, mientras que el 42% cree que ha aumentado.

Solo el 10% consideró que la impunidad ha disminuido. En México, la sociedad no tiene confianza en las autoridades ni al proceso de denuncia. La mayoría de las personas (63%) considera que los responsables de un delito son llevados ante el juez sólo algunas veces. Además, el 77% de los mexicanos considera en mayor o menor medida que el esclarecimiento de los delitos está condicionado a la capacidad de ejercer presión política o mediática.

El Estado de México encabeza la lista de entidades federativas con mayor índice de extorsión con un crecimiento del 18 por ciento y de impunidad en el país con 74.55 puntos. Le siguen Baja California con 69.84 puntos; Veracruz con 65.56 puntos; Querétaro con 63.65 puntos; Jalisco con 63.40 puntos; Sinaloa con 63.59 puntos; Aguascalientes con 62.29 puntos; Chiapas con 62.07 puntos y Michoacán con 61.99. De acuerdo a los resultados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la administración actual del Gobierno Estatal llegó al poder con una promesa de combate estructural a la corrupción y a la impunidad.

Los resultados son pobres en este rubro. La ausencia de consecuencias concretas en casos paradigmáticos de gran corrupción ha puesto en duda la voluntad para generar sanciones y ha evidenciado que el aparato de justicia es usado de forma discrecional para fines meramente político electorales.

Es urgente pues evaluar los hechos y acabar con el cáncer de México, la maldita impunidad.