Agresiones: 7 de cada 10 abogados litigantes confirmaron riesgos en su profesión

. LOBO NEGRO. …………………………….

Las agresiones a la independencia judicial aumentaron en este sexenio, en particular por parte del Ejecutivo, en contexto de inseguridad y violencia incrementa los riesgos para el personal judicial y las personas litigantes, en especial las defensoras de derechos humanos.

El ambiente de agresiones a la independencia judicial desde los poderes del Estado y grupos de poder político y/o económico, se ha intensificado durante este sexenio, en particular por parte del Poder Ejecutivo, así lo señalan dos estudios elaborados por México Evalúa y el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED) y presentados hoy en conferencia de prensa. “Cuando impartir justicia es peligroso. Los ataques a la integridad del personal judicial en México”, y “Violencia en contra de las personas abogadas litigantes en México”.

De acuerdo con estos estudios, 69% de las personas abogadas litigantes afirmó haber sufrido en algún momento uno o varios ataques en relación con su ejercicio profesional. En cuanto a  las personas juzgadoras encuestadas 21% reportó haber vivido algún acto de ataque o amenaza a su integridad durante los últimos diez años, mientras que respondieron en este sentido 52% del personal notificador o actuario (quienes dan trámite a las resoluciones judiciales).

Del 1 de enero de 2023 al 17 de enero de 2024 se identificaron 167 señalamientos en contra de personal judicial de los cuales el 98% consistieron en declaraciones públicas, 88% fueron declaraciones públicas emitidas directamente por el presidente de la República.

Entre los ataques más frecuentes están: amenazas, agresiones y extorsión. ​​Las agresiones hacia el personal jurisdiccional y las personas abogadas litigantes derivan en afectaciones graves en la salud, economía y relaciones familiares. Para las personas que litigan se perciben importantes afectaciones

en el ejercicio de su trabajo, como el abandono de casos, la decisión por abandonar el litigio por completo y una disminución en la calidad de su trabajo. En el caso del personal judicial se amenaza el acceso a la justicia y la independencia judicial.

A partir de una revisión hemerográfica, estos estudios identificaron seis casos de homicidio de personal actuario y 15 de personas juzgadoras entre 2012 y 2023 a nivel estatal, además de dos personas juzgadoras a nivel federal. Sin embargo, dada la carencia de registros oficiales, no es posible saber con exactitud cuántos asesinatos han ocurrido hasta ahora en contra de quienes imparten la justicia en México.

Los causantes de las agresiones hacia el personal judicial suelen ser las partes del juicio, la persona imputada o alguien de su entorno, integrantes de grupos de la delincuencia organizada, y el propio Estado, a través de las fiscalías y los ejecutivos federal y local.

“Para que todas las personas tengamos acceso a una justicia libre de injerencias y presiones indebidas, el personal judicial debe contar con garantías para desarrollar sus funciones en un marco de independencia. Una de estas garantías es la protección a su integridad”, apuntó Mariana Campos, directora general de México Evalúa durante la presentación de los análisis.

“Cuando un litigante o un juzgador es asesinado, se pierde la posibilidad de la realización de un derecho o de construir condiciones institucionales de convivencia”, comentó José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y socio fundador del IFED.

Para hacer frente a este problema, ambas organizaciones presentaron una serie de recomendaciones. Entre ellas, destacan: Que los poderes judiciales tengan políticas de protección de su personal.

Desarrollar medidas de protección con perspectiva de género, y verificar su efectividad.

Crear protocolos de seguridad y estrategias de colaboración interinstitucional.

Generar un registro de las agresiones y/o amenazas al personal y a las instalaciones.

Articular acciones de secretarías de seguridad pública, fiscalías y tribunales para prevenir, investigar, procesar y sancionar los casos de violencia contra personal judicial y personas litigantes.

Atención, a través de sindicatos de los poderes judiciales y barras de abogados, a las necesidades de sus miembros, para sugerir acciones concretas que les permitan el ejercicio libre de violencia de su profesión a jueces, actuarios, personas defensoras de derechos humanos, y litigantes en general.