Alejandro Gertz, epicentro operativo de cárteles y tráfico de la droga.

La élite política y empresarial de los Estados Unidos ya está fijando su estrategia para establecer un bloque económico en contra del oclocrático gobierno de México, por las causales violatorias a los Derechos Humanos, generadas por una administración omisa y protectora que se ha establecido como el epicentro en la operatividad de los Cárteles y Tráfico de Drogas en México, “gracias” a que el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, se ha encargado de pulverizar la indulgente Cuarta Transformación, artífice del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los estadounidenses están más que molestos porque han alertado a la sociedad de la Unión Americana para que el Capitolio obligue al gobierno de México, ataque de raíz el trasiego del narcotráfico que opera desde México, y que a la luz de todas circunstancias, el establishment norteamericano y desde los interiores del Congreso, sentencian que el presidente Obrador está abusando del poder para atacar y perseguir, como dictador dicharachero, a los periodistas críticos de su gobierno.

El ex presidente Donald Trump, en uno de sus más recientes discursos incendiarios, dijo que “todos en Washington están obsesionados con proteger las fronteras de Ucrania, en lugar de velar por la frontera de América con México, y hasta ahora no hacemos nada al respecto. Dejamos que la gente venga, no sabemos quiénes son. El primer deber del presidente es defender la frontera estadounidense”, acotó en premeditada campaña política.

En este esquema, la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, ha acusado en reiteradas ocasiones que “el Sr. Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero ignora, o simula ignorar, que la actividad primordial de la Representación Social Federal, es indagar todo aquél delito federal que sea cometido, sea quien fuere el responsable de ello, en razón a que la institución que dice representar con pulcritud, es un organismo dogmático añejo, desde su origen hasta la fecha, encargado por misión constitucional de investigar y solicitar la sanción correspondiente a quien resulte responsable de haber cometido un ilícito”.

Añade: “La Fiscalía General de la Federación —antes conocida como la PGR—, tenía muy en el ayer una sólida raigambre histórico-jurídica. Conocía, investigaba y solicitaba la sanción de todas aquellas infracciones penales consagradas en nuestro Código Penal Federal. Aquí, cabe aclarar, que el Señor Licenciado Gertz Manero, ignora o se hace el ignorante de que un conocido suyo (¡¿…?!), creó alianzas con el poder del narcotráfico y dado ello quizá pretenda justificar su omisión en no indagarlo”.

Gertz Manero—subraya el Ateneo del Derecho Penal—, en la víspera afirmó que “las cosas en procuración de justicia marchan bien”, y esa desafortunada consideración “es radicalmente opuesto a la realidad”, es decir, que “miente el Señor Fiscal General de la República y que resulta incuestionable que la institución tantas veces citada se encuentra corrompida por el poder del narcotráfico, lo que ha dado pauta a ser cómplice por no indagar dicho fenómeno; resulta evidente que miente para encubrir a un conocido suyo (¡¿…?!)”.

Subrayó: “No cabe duda de que, en principio, cualquier actividad contraria a la ley y que sea delictiva, debe ser investigada por aquellos organismos que velan por la procuración de justicia, ya que dichos entes jurídicos gozan de la presunción iuris tantum de que se ajustan al más estricto cumplimiento de la ley. En este sentido, cabe establecer una premisa fundamental, si existen denuncias al respecto, deben ser indagadas conforme a estricto derecho”.

Una vez aceptado ese planteamiento, la Academia penalista destacó que el fiscal Gertz ha de aceptarse también, que la protección otorgada a la delincuencia a fin de concederle impunidad, es también delictiva ya que trasgrede el principio de legalidad.

Es decir —explicó— no se podrá ser omiso ni ocultar aquellos señalamientos que constituyan elementos de prueba para encarcelar a quien resulte responsable de la narco-política; como tampoco podrá reservarse, ni considerar razón o secreto de Estado ninguna información que lleve a denotar la participación de un muy alto funcionario de la federación en la conducta efectuada a fin de organizar, consentir y proteger la “bajada de aviones” cargados con clorhidrato de cocaína en territorio mexicano, dado que la ejecución de esos hechos criminales debe de ser descubierta y sancionada.

“En este caso concreto de la narco-política y dada de gravedad e importancia penal del tema y la tipicidad del ilícito penal aplicable, debe suponer el cese ipso facto de toda reserva o secreto sobre tales elementos, acusaciones u omisiones. La pregunta actual sería: ¿En qué se beneficia el Fiscal General de la República, por ser omiso en investigar el fenómeno de la narco-política? ¡Es cuanto…!”, concluyó el abogado Alberto Woolrich Ortiz, quien es presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México.

Una guerra inevitable. Catalogado en el conocimiento del dominio público, en el espacio cibernético de Código Magenta de Milenio Diario, toca también el punto que tiene connotaciones internacionales, al alertar que “la guerra de México con Estados Unidos ya es inevitable. Está a la vuelta del próximo verano”.

Donald Trump hizo declaraciones el 29 de enero con un discurso incendiario que instaló ese tema como prioritariamente emergente de la próxima elección presidencial norteamericana.

“Todos en Washington están obsesionados con proteger las fronteras de Ucrania, en lugar de velar por la frontera de América con México, y hasta ahora no hacemos nada al respecto. Dejamos que la gente venga, no sabemos quiénes son. El primer deber del presidente es defender la frontera estadounidense”.

El pasado 17 de febrero, con su discurso en el Capitolio, el senador texano republicano Ted Cruz, se encargó de dar el grito de “¡Al ataque!”, porque consideró que hasta hoy, el conflicto entre ambos países, se centraba en Migración, Cárteles y Tráfico de Drogas, pero ha ido más allá de lo común, con mayor preocupación especial hacia el fentanilo y sus consecuencias letales sobre todo entre los jóvenes.

El drama, en sí, cruza más allá las zonas fronterizas y son mayúsculamente alarmantes, como las violaciones del gobierno de la Cuarta Transformación tanto en el respeto a la ley como a las instituciones que resguardan el equilibrio de los poderes.

Y esto sucedió, lo que hasta ahora no había ocurrido, que el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador fuera puesto sobre la mesa en el Capitolio, el epicentro político de la Unión Americana.

El senador republicano Ted Cruz atestiguaría “…Ok, quiero usar mi tiempo restante para referirme a México. Señor Nichols, como sabe usted hemos discutido.

Estoy profundamente preocupado sobre la complejidad de los disturbios civiles en México y la ruptura allí de la sociedad civil. La ruptura del Estado de Derecho a través de nuestra frontera sur plantea graves desafíos y peligros de la Seguridad Nacional a los Estados Unidos, en temas que van desde la lucha contra los estupefacientes a la migración ilegal.

El clima actual que enfrenan los periodistas y políticos en México, es el más mortal que ha habido.

“En 2020 —continuó— más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier otro país del mundo. Por sí mismo representó casi un tercio de todos los periodistas asesinados.

Desde que empezó el proceso electoral en septiembre de 2020, más de 80 políticos fueron asesinados por organizaciones criminales, y más de 60 candidatos suspendieron sus campañas. El presidente López Obrador parece intentar que todas estas tendencias sean peores.

“El viernes (18 de febrero 2022) —apuntó—usó su conferencia de prensa matutina para intimidar a uno de los periodistas más populares de México, Carlos Loret de Mola. Presentó información financiera privada, y pidió a las autoridades que lo investiguen. Parece estar permitiéndose abusar del poder, sin importar el efecto en México, o en las relaciones entre Estados Unidos y México”.

Y el senador Ted Cruz cuestionó: “¿Qué medidas tomará la Administración Biden para hacer saber al Gobierno mexicano que su comportamiento está socavando el Estado de Derecho, y que eso afecta la seguridad nacional y la relación con EU?”

La crítica del senador republicano es frontal, y se ubica en la zona que más le duele al establishment norteamericano.

Sus intereses económicos y su seguridad nacional, ya no es solo por el conflicto migratorio, la creciente mortalidad por el contrabando de opioides, la afrenta para cancelar miles de millones de dólares en proyectos energéticos firmados bajo una legislación vigente o la proclividad del prestigio del presidente López Obrador para pretender instalarse como el Paladín de la Izquierda en América Latina.

El drama radica, en que la élite política y empresarial de los Estados Unidos, ya está reaccionando frente a los desplantes de un presidente socio del TMEC, cada día más autoritario, cada día más ensimismado, cada día más ungido para justificar su derrota como gobernante, pasando por encima de los más elementales derechos civiles como el de la Libertad de Expresión.

Es decir, tras que López Obrador ya despertó a la élite gigante de EEUU para establecer un bloque económico, Gertz Manero sigue transformado como el enemigo #1 de la 4T, a la cual viene pulverizando con una “muerte lenta, pero segura”, por solapar a los barones del narcotráfico; en tanto que la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México puso en duda la honorabilidad del fiscal, a quien presuntamente considera un “ignorante y un inculto” .

Empero, el conflicto dista mucho de aquel Efecto Tequila desatado por la crisis financiera, consecuencia del llamado “Error de Diciembre” en 1994, y que obligó al gobierno de Bill Clinton, atravesar su aval para operar un mega rescate durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Lo de hoy no es estrictamente financiero, es algo mucho más profundo y que involucra el respeto a la las leyes y a las instituciones vigentes en una nación que tiene intrincados vínculos comerciales con Estados Unidos y Canadá.

Un quiebre político hoy en México implicaría el colapso de las estrategias de las cadenas productivas, tanto en la industria automotriz, aéreo espacial, tecnología, agrícolas.

Por eso el episodio de la Casa Gris se dio en territorio texano y que involucra el conflicto de interés de una empresa pública como lo es Becker House es más profundo que una historia de amor entre José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, porque pone el conflicto en una línea de fuego que lo convierte en un tema muy debatible, entre lo que piensa el gobierno de Joe Biden y lo que busca el gobierno de López Obrador.

Para el presidente de los Estados Unidos se trata no solo de un potencial caso de corrupción que involucra un posible corruptor norteamericano. Se trata de la exhibición de una intención del presidente de México por intimidar a la prensa crítica con amenazas abiertas desde el púlpito de la mañanera, un acto autoritario que violenta los más elementales Derechos Humanos.

Para el presidente de México se trata de un “Acto Patriota” (entrecomillas remarcadas), de una defensa del Patrimonio de la Nación, como no se registraba históricamente desde los días en que Lázaro Cárdenas del Río —uno de los más admirados próceres del pueblo mexicano—, decidió “nacionalizar” la industria petrolera.

La diferencia es que aquella “nacionalización” contó con el beneplácito de Washington que buscaba alejar a los alemanes de la propiedad de los campos petroleros mexicanos, en plena Segunda Guerra Mundial.

Para medir la disparidad de visiones, solo basta decir que en todos los años de la guerra en Afganistán, se perdieron las vidas de poco menos de 2,500 norteamericanos.

En México, tan solo en el 2021, murieron de forma trágica por homicidio doloso, más de 33 mil mexicanos, doce veces más muertos que en todos los años de un conflicto bélico de gran escala. Y eso está sucediendo, como lo alertó Trump en Conroe (Texas), no en Ucrania, sino en la frontera sur con México, a las puertas de los Estados Unidos.

Por eso no hay que subestimar la elevación de la temperatura de la clase política y empresarial norteamericana hacia México, hacia su gobierno de la Cuarta Transformación, y ahora con todo su nombre y apellido hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por eso el inquilino de Palacio Nacional lanzó dos pañuelos blancos. Uno, la recuperación del poblado de Aguililla en Michoacán, el lugar de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación; y la visita personal a las aduanas clave, como la de Nuevo Laredo, donde tiene lugar los grandes trasiegos de droga.

De acuerdo a los analistas cercanos al Potomac, si en las próximas semanas no hay una rectificación en Palacio Nacional, el punto de ebullición en este forcejeo, se alcanzará en el próximo verano entre Julio y agosto, y esa temperatura se está elevando todavía más con el cabildeo intensivo de empresarios, políticos y propietarios de medios de comunicación mexicanos, que están cabildeando más allá de nuestras fronteras, convencidos que sin Washington, la espiral descendente de México, será imparable.