AMLO, delincuente #1 de México, incurre en la apología del delito.

…BLAS A. BUENDÍA …………………………

Infinidad de lecturas lleva consigo mismo el llamado “resistencia civil” a favor de la delincuencia organizada, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa, con todo su poder, la apología del delito como es la de ordenar para desobedecer los mandatos emitidos por jueces y magistrados, generándose por antonomasia el albedrío anárquico en toda la Nación.

La apología del delito se refiere a un acto público, individual o colectivo, que incita a realizar o causar acciones que modifiquen el orden jurídico establecido. En palabras más sencillas, la apología del delito es provocar con sus acciones, actitudes y palabras hechos criminales.

Y más aún, está tipificado como un delito grave que, como país, México podría ser declarado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), un estado de excepción, que significa, en derecho constitucional, un régimen de excepción que puede declarar el mismísimo gobierno de un país en situaciones especiales.

Este concepto de teoría política fue acuñado por el jurista alemán Carl Schmitt, constituido como la situación extrema del Estado, en la cual el soberano ejerce su facultad de determinar al enemigo público, trascendiendo, si es necesario, el estado de sitio con el fin de proteger el bien público que se desvía a otros menesteres como la protección del Estado en favor del crimen organizado.

Si bien los teóricos del Derecho Constitucional atribuyen que esas amenazas del Ejecutivo solo corresponden a un ser que desprecia a todo un pueblo que, pese a que éste lo eligió de forma abrumadora, ahora el presidente Obrador pretende hasta desconocerlo y encaminarlo a una innecesaria guerra civil. Hacer una afrenta aparentemente revolucionaria entre hermanos de la Patria.

Sus burdas acciones como mandamás de un país subdesarrollado como es México, recae en las ínfulas de los gobernantes neo nazis quienes, a través de toda la historia universal, frenan la buena vecindad, amista y prosperidad.

Es decir, si bien al Peje lo tachan de inculto porque es de provincia, y porque sus propios compatriotas, éstos no deben de buscar alternativas jurídicas, sino aplicar ipso facto los preceptos del Artículo 225 del Código Federal de Procedimientos Penales que refiere a la penalización del Ejecutivo en contra de la administración de justicia cometidos por servidores públicos.

El 25 de noviembre del 2022, el periódico Reforma —que es un rotativo abiertamente antiobradorista—, publicó como nota principal a ocho columnas “Ordena desobedecer el mandado de jueces”, llamado de AMLO a la Secretaría de Seguridad a desacatar resoluciones, cuyo tema forjó una ola de reacciones adversas al estado de Derecho.

Diversos expertos advierten que funcionarios que secunden a ese llamado de insurrección, se expondrán a ser procesados desde el mismo Presidente de la República, a quien se le puede promover juicio político para automáticamente desaforarlo y deponerle el carácter del Ejecutivo.

Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se prestará ser una parte de aberrante omisión, tendrá la imperiosa tarea de protestar y advertirle al Jefe del Ejecutivo que respete la División de Poderes porque López Obrador tiene una nula fijación de atacar a todo mundo que se deje.

La metáfora popular que reza: “calledoce” (que significa que “callen” esos agentes de poder para evitar controversias constitucionales), podría ser una garantía de estabilidad social, porque si no es así, el mismo Ejecutivo federal está llamando que el pueblo se levante en revueltas, que generarían inestabilidad social en todo territorio mexicano.

Libertad de expresión. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) desobedecer los mandatos de los jueces, cuando se pretenda liberar a delincuentes en un «sabadazo».

En conferencia matutina, el Mandatario confusamente instruyó a los funcionarios para que se nieguen a acatar las resoluciones de los juzgadores y pidió que (por no llamarlo acción de fábula e histrionismo con visos terroristas de Estado) respondan, por escrito, a las órdenes de liberación, argumentando que tienen «otros datos» sobre los cargos o procesos contra los acusados y así evitar que salgan de prisión.

«Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública que, si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al juez, diciéndole: ‘no puedo, porque yo tengo otros datos’, y ¡que se aguanten!», soltó.

Sin embargo, especialistas en materia legal consideraron que el llamado de AMLO es en sí mismo una conducta delictiva que atenta contra la autonomía del Poder Judicial.

«Lo expresado por el Presidente lo ubica en la posible comisión de diversas modalidades de delitos contra la administración de justicia, contempladas en el artículo 225 del Código Penal Federal», dijo Jorge Lara, ex subprocurador Jurídico de la extinta PGR (Procuraduría General de la República). Explicó que los funcionarios que atiendan el llamado presidencial se exponen a ser procesados y destituidos del cargo.

Estefanía Medina, quien fue directora para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en la Visitaduría General de la PGR, señaló que la apología del delito es una figura aplicable para el llamado del Presidente, cuya postura también calificó de contradictoria.

La instrucción presidencial fue anunciada luego de que la Suprema Corte anuló la reforma de 2019, que impuso prisión preventiva forzosa para personas acusadas de ciertos delitos fiscales, entre ellos, la emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes, conocida como factureo

Por su parte, diputados de Oposición acusaron que la instrucción atenta contra el Estado de Derecho, los derechos humanos, la Constitución, el Poder Judicial y la División de Poderes.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que lo dicho por el Presidente no sólo es desafortunado, sino un síntoma grave del autoritarismo que ha caracterizado su estilo de gobierno.

El cuento de los cuentosA lo largo del actual gobierno, Andrés Manuel López Obrador se ha vinculado de ser un infractor constitucional, toda vez que entre su mundo de ingratas embestidas, sobresalen las siguientes:

El 22 de noviembre, dijo: “Ahora estamos presentando denuncias a todos los jueces que se considera actúan en complicidad con la delincuencia y los denunciamos ante la Judicatura”.

El 22 de junio, reinició su cuenta: “Hay gente ahí (Consejo de la Judicatura) que estimo mucho, no han estado a la altura de las circunstancias, les ha faltado, es para que hubiesen, con procedimientos legales, destituido a varios”.

El 6 de abril, fue un día mucho muy especial ya que entre sus cuentos, le surgió una parlanchina iniciativa: “Que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si (los Ministros) son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales».

En resumen, Andrés Manuel López Obrador se ha trasmutado en un sistémico oclócrata autoritario, que lo define como el delincuente número uno de México, porque “su ley, es su ley”.