Ante omisión Ejecutivo, peligra la autonomía del Poder Judicial

Si bien los sinodales han reverenciado que en el mundo contemporáneo las universidades tienen un papel preponderante en el desarrollo de la sociedad democrática, además del proceso de la ciencia, el desarrollo de la tecnología y el avance de la cultura, en la escena constitucional los libros de derecho penal y en el ejercicio autónomo del Poder Judicial, urge poner muy especial énfasis en su independencia que debe prevalecer no solo en México, sino en todos los gobiernos del mundo.

Para la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., la proclama de ese pensamiento del Derecho, debe concretarse con firmeza en este propio ejercicio, la clave de la existencia absolutamente en toda la regulación del Poder Judicial.

Exigir a nuestros impartidores de justicia, una responsabilidad al emitir sus decisiones y por sobre todo un gran sometimiento exclusivo a la Constitución Política y las Leyes Secundarias que de ella emanan: mandatos que están al servicio de la independencia judicial, impidiendo con esto la injerencia del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en cuestión de justicia. Es decir, fortalecer la trilogía funcional primaria enfocada en la División de Podres en México.

Hace hincapié que desde sus inicios, las universidades han proporcionado educación y formación profesional para las principales profesiones, desarrollando una conexión directa e inmediata con la economía y las necesidades prácticas de la sociedad, pero siempre sostenidas en el marco del Derecho universal.

La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., hizo un respetuoso llamado para que los diputados y senadores de la República mexicana, “fueran plenamente ilustrados” a fin de crear congruencia en ellos de hacerlos ver la vital necesidad de que nuestros jueces, para ser independientes en la realidad jurídica, no tuviesen superiores ni políticos ni jerárquicos.

“Lamentablemente nuestro Poder Legislativo no entiende de ello, ni lo entenderá, ni lo comprenderá”, lamentó el presidente de este organismo académico, el prestigiado abogado penalista Alberto Woolrich Ortiz.

En un análisis doctoral en materia del Derecho, afirma que es indispensable que en México, nuestros jueces, sean independientes, impartir justicia, no emitir injusticias. “O la justicia es independiente de Andrés Manuel López Obrador, de diputados y senadores, de la narco-política, de la corrupción, de la ignorancia, o no es justicia”, alertó.

Enfatiza: “En México si no contamos con una efectiva, concreta y eficaz garantía de su independencia, el Poder Judicial se reduce a la nada o se convierte, fatal y necesariamente, en un instrumento de represión.

“Porque –avizora- ser un impartidor de justicia dependiente de alguien lo puede convertir irremediablemente en cómplice de la narco-política, de la arbitrariedad, de la injusticia, de las ocurrencias de otras autoridades, de la infamia, de la corrupción”.

Afirma que nuestro Pacto Federal hace de la independencia una condición indispensable de la justicia. El rasgo más valioso e importante de aquellos órganos jurisdiccionales que pugnan por hacer efectiva su independencia, es el juzgar sin injerencia alguna, sin actitudes o condiciones ajenas al -imperio de la ley- o contraria a las exigencias de imparcialidad, objetividad y gratuidad.

El abogado Woolrich abunda: “La independencia, entendida ella, desde un punto de vista eminentemente jurídico, deber ser externa e interna. La primera obstaculiza, impide o niega cualquier injerencia del Poder Ejecutivo, del poder de la corrupción, del poder de la narco-política, del poder de la ignorancia en la aplicación de la ley, del poder de la política, con ella nuestros jueces se liberan de la sumisión de las órdenes vertidas por aquellos que se consideran, estiman o creen encontrarse por encima de las leyes”.

Al subrayar que ante la infamia del crimen organizado y la omisión del Ejecutivo, pone en mayor riesgo la autonomía del Poder Judicial, el abogado penalista Alberto Woolrich Ortiz, consideró que “nuestros juzgadores están obligados a ser sumisos únicamente ante la ley”.

La expresión -sometidos exclusivamente al imperio de la ley, dijo- tiene una razón de ser: “Los impartidores de justicia deben y tienen que ser independientes de los demás poderes del Estado, sean estas de facto o de iure, pero jamás deben de ser independientes de la soberanía popular. Aquí es donde reside su legitimidad democrática en el sometimiento a la ley”.

En la Cuarta Transformación de la República, a pocas semanas de las elecciones intermedias federales del 6 de junio, el factor de la independencia, va a ser sin duda alguna de las grandes batallas político-jurídica a vencer. “Andrés Manuel López Obrador debe evitar a toda costa la inmunidad y la impunidad de la delincuencia del poder, de la narco-política, de la corrupción, pues con ello sólo se debilita a la justicia. Sólo así México tendrá justicia”, concluyó.