Atenderá CNPCyF 75% de casos judicializados en el país

. BLAS A. BUENDÍA. …………………………………….

El magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo, integrante de la Comisión de Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), el cual es encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, advirtió sobre la desinformación generada en torno a ese ordenamiento, cuyas materias a atender representan 75% de los casos judicializados en el país.

Al dictar la conferencia Ideología del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, alertó que hay oferta de capacitación enfocada al análisis de esa legislación; incluso, recordó, ya hay ediciones comentadas, pese a que aún no se aplica, cuando lo que se requiere es entender y asimilar la metodología de trabajo que plantea el ordenamiento.

En el marco del XXXIV Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial, subrayó la relevancia de la implementación del CNPCyF, la cual ha sido catalogada como política pública nacional, porque impacta en la justicia cotidiana de las personas que celebran un contrato de arrendamiento, que venden su casa, su coche o las que tienen un negocio pequeño; temas, dijo, que inciden en la convivencia social.

El integrante de la Primera Sala Civil destacó la organización de los diplomados que recién iniciaron en el Poder Judicial capitalino, dirigidos a abogados postulantes, al subrayar que estos tienen como objetivo prepararlos en la metodología de la oralidad que exige el CNPCyF.

Se tiene que entender cuáles son los fundamentos, abundó; necesitan entender la metodología para poder ser eficientes en el nuevo modelo de justicia civil y familiar.

Velasco Arredondo recordó que los abogados postulantes que cursen los diplomados impartidos desde esta semana en el Instituto de Estudios Judicial, Diplomado en materia de litigación oral familiar y el Diplomado en materia de litigación oral civil, podrán obtener una constancia de habilidades y destrezas.

“¿Qué quiere decir? Que el que acredite el diplomado va a tener un documento que diga que tiene el conocimiento probado y evaluado de que son competentes en el aspecto básico de la tramitación o en la substanciación de un juicio oral”, explicó.

El impartidor de justicia planteó que “necesitamos estar a la altura de las circunstancias para darle finalmente al ciudadano lo que por tantos años ha estado reclamando: una justicia de calidad”.

Consideró que en el proceso de implementación hay una responsabilidad de los operadores judiciales, pero también de los abogados postulantes, al ser auxiliares de la justicia y responsables de que la comunicación con los órganos jurisdiccionales sea eficiente.