Avances importantes de la FGJCDMX a la atención de mujeres víctimas violencia en 2022

Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, la titular de la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, solicitó una asignación presupuestal de nueve mil 280 millones de pesos, lo que significa un incremento del 27.1 por ciento con relación al ejercicio estimado al cierre de 2022.

Al iniciar las intervenciones de los legisladores, la diputada Daniela Álvarez Camacho (Asociación Parlamentaria Ciudadana) opinó que si bien la persecución e investigación científica de los feminicidios es crucial, la atención a mujeres víctimas de violencia debe ser de manera transversal, por ello son necesarios espacios físicos a disposición de todas las capitalinas.

En ese sentido, solicitó conocer en qué consisten las medidas de protección que se ponen en marcha en los Centros de Justicia para las Mujeres y qué resultados han tenido para erradicar la violencia en materia de género.

La diputada Elizabeth Mateos Hernández (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) cuestionó cuántos recursos se destinarán a la capacitación, certificación y aplicación de medidas de prevención y combate a la corrupción para el 2023.

Además, preguntó cuáles son los nuevos retos para 2023, sobre todo para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, cuánto representaría en términos porcentuales el aumento de presupuesto que se solicita y qué costo porcentual se contempla para su ejecución.

Por la misma asociación, la legisladora Xóchitl Bravo Espinosa solicitó ahondar en la estrategia para la atención de los delitos contra las mujeres violentadas que se implementarán para el 2023, y presupuestalmente cuestionó cuáles son las proyecciones que permitirán a la FGJCDMX acceder a las herramientas necesarias para la atención de la violencia contra las mujeres.

En su intervención, el legislador José Martín Padilla Sánchez (Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad) preguntó qué áreas se han beneficiado con las acciones de capacitación y profesionalización impulsadas por la FGJCDMX, qué otras acciones para la atención de grupos vulnerables han sido implementadas en el nuevo modelo de la Fiscalía.

Al emitir sus observaciones, el congresista Víctor Hugo Lobo Román (PRD) reconoció los avances en la reducción de la incidencia delictiva, el esquema fiscal y el acceso a la denuncia. Asimismo, solicitó detalles sobre los juicios laborales por demandas de diferencias en la profesionalización, así como del subejercicio de 270 millones de pesos correspondientes al capítulo 1000 registrado en 2021, y las acciones conjuntas para hacer frente a los delitos de despojo y desaparición de menores.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) indicó que se requieren los recursos económicos adecuados para lograr una transformación real de la procuraduría a una fiscalía, y preguntó sobre los capítulos de gasto afectados por la reducción presupuestal que se dará en términos reales en los recursos asignados para el 2023.

En su oportunidad, la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios (PRI) se pronunció por fortalecer los trabajos de la fiscalía para contar con un sistema de justicia más eficaz; preguntó qué tipo de investigación está haciendo la FGJCDMX sobre la invasión de predios del Centro Histórico por células de la delincuencia organizada y cómo se ha visto afectado el funcionamiento de la dependencia por las medidas de austeridad.

Del mismo grupo parlamentario, la congresista Mónica Fernández César reconoció el trabajo de la fiscal y dijo que “la justicia no debe estar sujeta a la suficiencia presupuestaria”. Solicitó información detallada del aumento de recursos al capítulo 1000 (servicios personales) para 2023 y las plazas laborales, aunado a cuestionamientos respecto a las afectaciones que tendría la dependencia en su funcionamiento y los programas afectados, si no se aprueban los recursos que se solicitan y cuál es el techo presupuestal autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Por el PAN, el diputado Federico Döring Casar externó su preocupación por el tema de la austeridad que pondría en riesgo el trabajo que desarrolla la Fiscalía, por lo que preguntó cómo y dónde se ha aplicado. En este sentido, indicó que hay voluntad política para otorgar mayores recursos, y preguntó cómo se podrá medir que con mayor presupuesto las y los ciudadanos podrán percibir mejores resultados.

En tanto, el legislador Ricardo Rubio Torres (PAN) se refirió a una demanda recurrente de las y los capitalinos, en el sentido de acercarles a la justicia, sobre el particular preguntó el balance que se tiene sobre los servicios proporcionados por los ministerios públicos itinerantes y si se tienen identificadas las áreas de oportunidad para mejorar los servicios que éstas imparten.

El diputado Carlos Cervantes Godoy (MORENA) reconoció la labor realizada por la funcionaria al frente de la FGJCDMX, agradeció que no se maquillen las cifras presentadas y preguntó sobre la estrategia implementada para combatir la corrupción y las malas prácticas del personal, así como para su capacitación y actualización.

Por su parte, el diputado Fernando Mercado Guaida (MORENA) resaltó el desempeño, compromiso y profesionalismo de la fiscal, así como los avances en materia de procuración de justicia que ha tenido la capital. Afirmó que los buenos resultados obtenidos están relacionados con la colaboración que se ha tenido con otras instancias, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de reconocer el combate a los actos de corrupción.

El deber de la FGJCDMX es combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia a todas las víctimas, afirmó su titular Ernestina Godoy Ramos

Al inicio de su exposición, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, hizo un recuento del trabajo realizado y del ejercicio del gasto en lo que va del año, al tiempo que solicitó nueve mil 280 millones de pesos para el 2023, lo que representa un incremento del 27.1 por ciento en términos nominales, con relación al ejercicio estimado al cierre de 2022.

Explicó que en el periodo 2015-2022, el presupuesto que se ha asignado a la Fiscalía ha tenido una disminución real del 7.7 por ciento, lo que ha representado un serio desafío para este organismo, ya que se requieren más recursos para consolidar la transición de la Fiscalía, fortalecer la capacidad operativa, incorporar herramientas tecnológicas a la investigación, mejorar los espacio de atención ciudadana, ampliar la infraestructura para atender a las mujeres víctimas de violencia, otorgar un incremento salarial y liquidar juicios laborales.

Asimismo, afirmó que “la ciudad ha registrado una mejoría importante en materia de seguridad” y dijo que los delitos de alto impacto han disminuido en 47.9 por ciento de 2019 a 2022; además, las prisiones preventivas obtenidas por la Fiscalía pasaron de 44.5 por ciento en 2019 a 60.1 en 2022, el homicidio doloso disminuyó 49.7 por ciento, los robos en sus diversas modalidades se redujeron 31 por ciento y el robo de vehículo bajó 54 por ciento.

Destacó que encontraron "evidencia del desvío de varios miles de millones de pesos del patrimonio de la ciudad, por parte de altos ex servidores públicos que se administraciones anteriores. Tan sólo, en las carpetas de investigación que están siendo analizadas por los jueces se ha documentado un daño al erario de mil 705 millones de pesos”.

Al contestar los cuestionamientos de las personas legisladoras, la fiscal Godoy Ramos expresó que en materia de género debe tenerse un centro de justicia para la mujer por alcaldía, por ello se buscan predios idóneos en diferentes demarcaciones; y que actualmente se trabaja para crear la Unidad de Medidas de Protección para Mujeres, se tiene un abanico de medidas de protección y se realiza un tamizaje de los riesgos, además de que con medidas de protección se garantiza que el agresor de mujeres salga de casa y se obliga a que no se acerque a las víctimas.

Dijo que de enero a noviembre se solicitaron dos mil 167 medidas de protección y se otorgaron dos mil 94, sólo 73 fueron negadas. Respecto a la Ley Olimpia, expresó que se busca que se bajen al 100 por ciento las imágenes en redes, pero también se judicializan los casos y pronto se espera tener sentencias.

En cuanto a despojo, señaló que se encontró una enorme cantidad de carpetas, pero actualmente se obtuvieron 111 restituciones. En el Centro Histórico se tiene 54 carpetas de inmuebles como en plazas incluso construidas aún con despojo; el caso de inmuebles ocupados por la delincuencia como el Hotel Marina, que ahora lo ocupa la Guardia Nacional; y afirmó que en la zona se han recuperado 12 inmuebles.

En materia de austeridad dijo que su presupuesto no se incrementó, pero sí las obligaciones como atender la Fiscalía de Delitos Electorales y un banco de perfiles genéticos (ADN), pero se busca reducir gastos con medidas de austeridad.

Aclaró que solicita aumento presupuestal para atender el pago de laudos generados desde 2017, recursos para la profesionalización, pagos de aguinaldos y aumentos salariales.

Puntualizó que se sigue con la investigación del caso del feminicidio de la joven Ariadna, a través de la FGJCDMX y ahora de la Fiscalía General de la República, con la petición para que la Fiscalía General de Justicia de Morelos declinara el caso.

Actualmente hay dos personas vinculadas, en el caso, donde no debe haber dos dictámenes de necropsia.

Respecto a desaparecidos se hace trabajo coordinado con las comisiones de Búsqueda tanto local como federal.

Actualmente se tiene el reto de consolidar una base de datos, que también se hace a nivel nacional, con diversos datos de perfiles genéticos, registros civiles, salud, y otros, con los que se han encontrado 35 por ciento de casos y con un programa de búsqueda masiva se han tenido una localización del 60 por ciento de resultados.

En su mensaje final, la fiscal Godoy Ramos agradeció a las y los legisladores el acompañamiento y apoyo en la transición de la fiscalía hacia un nuevo modelo de procuración de justicia, lo cual ha implicado una reingeniería para reformar a la institución en cada una de sus áreas y sus procesos. Agregó que existe una presión presupuestal para realizar las labores sustantivas de la dependencia, por lo que espera recibir un

presupuesto adecuado, pues una capital segura y con acceso a la justicia genera prosperidad, desarrollo y garantía de los derechos de los ciudadanos.