¿Cobardía o anonimidad? La otra cara de jueces sin rostro, consecuencias devastadoras

. BLAS A. BUENDÍA. ……………………………………………

¿En cuántos países se ejercen juicios con jueces sin rostro...?, cuya figura se guarnece en las reformas al Poder Judicial en México.

Los juicios con jueces sin rostro se han ejercido en varios países, incluyendo:

—Italia: donde se implementaron para los juicios contra las mafias locales.

—Colombia: se han utilizado en la década de 1990 para juzgar a jefes de organizaciones de narcotráfico.

—Perú: durante el gobierno de Alberto Fujimori, para los procesos contra el terrorismo de las organizaciones Sendero Luminoso y MRTA.

—Brasil: se ha aprobado en algunos estados como Río de Janeiro, Pará, Mato Grosso, Bahía, Roraima, Santa Catarina y Alagoas, para juzgar delitos de narcotráfico y contra las milicias.

—México, un país en picada por negarse a salir del subdesarrollo que siempre lo ha caracterizado en toda su historia.

Lamentablemente, al tener a un pueblo prácticamente ignorante —pero muy útil para los menesteres del crimen organizado— ya no garantiza ninguna seguridad para la alta gama de inversionistas que han convenido retirar sus capitales porque este país dejó de ser una República libre y soberana, por su inclinación hacia un Estado autócrata que tiende a transformarse en un comunismo retrógrada, sin respetar el estado del Derecho.

Es importante destacar que los tribunales especiales que presentan a jueces sin rosto, se crearon para juzgar delitos graves como el narcotráfico y el terrorismo, y se caracterizan por la anonimidad de los jueces para proteger su seguridad.

México se suma a seguir sosteniendo la indolencia de sus autoridades, es decir, es la problemática desde que el presidente se convirtió en defensor de narcos —por considerarlos “humanos”—, la sociedad está totalmente perdida porque en amplias avenidas de la metrópoli, se mezclan los aires con la quema de cigarrillos con mariguana y otras drogas. Es, en síntesis, la práctica impune en todo su apogeo.

Expertos en el tema, responden punto por punto, acciones fundamentadas referente a lo que debe hacer un Estado para tener un mayor control que no se atente contra la seguridad nacional frente a una sociedad que, pese a su cáncer que arrastra, exige paz interna.

Pero el México de brillante nostalgia por su elocuente cultura, la mayoría ciudadana se perdió en el limbo del desprestigio internacional, repercutiendo negativamente en los acuerdos internacionales, partiendo con el TLCAM (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).

—¿Cuál es el nodo fundamental por el que se considera que sean peligrosos los casos de delincuencia organizada y narcotráfico?, cuestionan estudiosos en Derecho Constitucional.

—El nodo fundamental —apunta— por el que se considera que sean peligrosos los casos de delincuencia organizada y narcotráfico es la capacidad de estas organizaciones, se ha observado que cuentan con una logística armamentista mayor para corromper instituciones y funcionarios públicos.

Infiltrarse en la economía legal y lavar dinero; utilizar la violencia y la intimidación para controlar territorios y mercados; desestabilizar la seguridad pública y la gobernabilidad.

Generar redes de complicidad y encubrimiento que dificultan su desmantelamiento; financiar actividades ilícitas con fondos provenientes del narcotráfico como son las elecciones presidenciales; desarrollar alianzas con otras organizaciones criminales; y, utilizar tecnologías avanzadas para evadir la detección y el seguimiento en la operatividad del narcotráfico.

Estos factores hacen que la delincuencia organizada y el narcotráfico sean considerados una amenaza grave para la seguridad nacional y la estabilidad social, económica y política de todo país.

—Pero, ¿cuál fue el impacto "positivo" para el narcotráfico cuando el presidente Obrador haya jugado con la ironía al afirmar "a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley…?"

—La declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el famoso AMLO, "a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley", fue interpretada por algunos como un mensaje ambiguo, pero para los barones de las drogas, tuvo la certeza que fue “un impacto positivo", sobre todo porque invirtieron millones de dólares para tener a un presidente narco que los protegiera.

Aunque si bien esa frase pudo ser vista como una señal de debilidad o falta de firmeza en la aplicación de la ley, podría haber sido interpretada como una oportunidad para cuestionar la autoridad y la efectividad de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico; algunos podrían haber visto esto como una señal de que el gobierno obradorista podría estar dispuesto a negociar o mostrar flexibilidad en la aplicación de la ley.

Sin embargo, es importante destacar que la declaración también fue criticada por muchos como una falta de compromiso con el Estado de Derecho y la lucha contra la delincuencia organizada.

Es importante mencionar que el impacto de esta declaración es subjetiva y depende de la interpretación de cada persona, y que el gobierno de AMLO no haya tomado medidas parejas para combatir el narcotráfico, como la creación de la Guardia Nacional, que llegó a la cumbre del cinismo, junto con las fuerzas armadas constitucionales, para proteger a los “chapitos”.Al presidente AMLO se le puede considerar que como Ejecutivo federal abusó del poder constitucional, porque se reafirmó aquella tesis de transformarse en un peligroso protector y cómplice de los barones portentosos del tráfico de drogas en América Latina, al grado de ser catalogado como “el gran jefe de la mafia internacional mexicana frente a los ojos del mundo”.

La declaración del presidente AMLO fue controversial y generó críticas y preocupaciones sobre su enfoque en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, se reconoce que existen múltiples evidencias concretas debido a su vinculación lo que lo convierte automáticamente en un cómplice directo (“¿confeso?”) de los barones del tráfico de drogas del cartel de Sinaloa, centro operativo de los “Chapitos”.

Es importante tener en cuenta que la lucha contra el narcotráfico es compleja y requiere un enfoque multifacético.

Pese a todo ello, el gobierno amlista disfrazó la implementación de políticas y estrategias para atacar este problema, como la inútil creación de la Guardia Nacional, los programas de desarrollo social para reducir la pobreza y la desigualdad, que nunca pudo contribuir a reducir la violencia y el crimen.

La ayuda del Bienestar para las personas de la Tercera Edad, fue el mejor antídoto que haya tenido su gobierno, pero no fue parejo para todos por la existencia de abuelitos que lastimosamente deambulan por el Centro Histórico de la Ciudad de México, demandando una limosna “porque el hambre es cabrona”.

La comunidad intelectual ha señalado, con dedo flamígero, que la percepción de la efectividad de estas políticas y la relación del gobierno con los grupos delictivos, seguirá siendo objeto de debate y crítica, pero no pasará de ser una atenuante de su vinculación con el narco. Fotografías así lo fundamentan.

Expertos y críticos argumentan que el enfoque del gobierno no es lo suficientemente fuerte o efectivo para abordar la magnitud del problema del narcotráfico en México.

La pronta solución podría ser que los gobiernos democráticos de forma globalizadora, aprueben en cadena, la pena máxima, es decir, la pena de muerte, toda vez que esta medida jamás dejará de ser un tema polémico y controvertido en el ámbito de la justicia y los derechos humanos.

Algunos argumentan que la pena de muerte podría ser una solución para disuadir y castigar a los delincuentes, especialmente en casos de narcotráfico y crímenes graves. Hay muchas razones por las que no es una solución efectiva ni ética.

Algunos argumentos estar en contra de la pena de muerte, mostrando la diversidad de observaciones: 

Error judicial: La posibilidad de condenar a personas inocentes es un riesgo real.

Discriminación: La aplicación de la pena de muerte puede ser sesgada y discriminatoria.

Ineficacia: No hay evidencia de que la pena de muerte disuada efectivamente el crimen.

Derechos humanos: La pena de muerte es considerada una violación de los derechos humanos fundamentales.

Alternativas: Existen alternativas más efectivas y humanas, como la prisión perpetua o la rehabilitación, pero ese cáncer carcome la inteligencia de hombres y mujeres.

En lugar de la pena de muerte, muchos expertos y organizaciones internacionales recomiendan enfoques más efectivos y sostenibles para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada: Mejorar la justicia y la seguridad; fortalecer las instituciones y la gobernanza; combatir la corrupción y la impunidad; implementar políticas de prevención y reducción de daños; fomentar la cooperación internacional y la asistencia técnica.

El sistema de justicia penal norteamericano dista mucho de ser perfecto. Abundan las pruebas de discriminación racial, violaciones de los derechos de los ciudadanos, despilfarro e ineficiencia.

Es importante considerar soluciones más integrales y respetuosas de los derechos humanos para abordar estos desafíos globales.—¿Ética? Entonces con todo este tipo de dualidades, se puede interpretar que ¿“el narco tiene ‘licencia para matar’”?

—No exactamente —atestiguan—. La ética y los derechos humanos buscan proteger la vida y la dignidad de todas las personas, incluyendo tanto a las víctimas de la delincuencia como a los propios delincuentes.

La idea es que, aunque el narcotráfico y la delincuencia organizada son actos condenables y dañinos, la respuesta del Estado y la sociedad debe ser proporcional y respetuosa de los derechos humanos.

La pena de muerte no es considerada una solución ética: No garantiza la disuasión del crimen; puede ser aplicada de manera arbitraria o discriminatoria; elimina la posibilidad de rehabilitación o arrepentimiento; y, violenta directamente el derecho fundamental a la vida.

A partir de este punto de vista, expertos también indican que en lugar de la pena de muerte, se buscan soluciones que protejan a las víctimas y sus familias; desmantelar las redes de delincuencia organizada; ofrecer oportunidades de rehabilitación y reinserción social; así como abordar las causas profundas de la delincuencia, como la pobreza y la desigualdad.

No se trata de dar “licencia para matar” a nadie, sino de encontrar soluciones que respeten la dignidad humana y promuevan la justicia, la seguridad y la paz social.

La discriminación racial, las disparidades en las sentencias, los focos de corrupción y los asesinatos injustificados siguen siendo grandes preocupaciones, aunque es criticable que carezca de imparcialidad porque integrantes de la rama judicial son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, no así en las ramas ejecutiva y legislativa, que son elegidas por el pueblo.

Si bien juristas estiman que dichas consideraciones podrían estar acertadas o equivocadas por la complejidad del caso, exaltan, por ejemplo, Estados Unidos de América aplica la pena de muerte por la más mínima infracción social, tomando en consideración que su sistema de seguridad es de máxima acción.

En los Estados Unidos, existen diferentes niveles policiales, Policía Federal, Policía Estatal (frecuentemente llamados state troopers o highway patrol), policía con propósitos especiales (parques, escuelas, hogares, tránsito, etc.), Policía de Condado (sheriffs, alguaciles, y otras agencias) y Policía Local. En México también tiene sus policías, con alojamientos desorganizados.

Es también congruente precisar que la aplicación de la pena de muerte en algunos países, incluyendo Estados Unidos, ha sido criticada por ser demasiado amplia y no siempre proporcional al delito cometido. También es cierto que la pena de muerte ha sido aplicada de manera desproporcionada en contra de ciertos grupos, como las minorías étnicas y los pobres.

Sin embargo, es importante destacar e insistir que la pena de muerte es un tema complejo y controvertido. Existen diferentes perspectivas y enfoques sobre su aplicación. Mientras que algunos países y jurisdicciones la han abolido por considerarla inhumana o ineficaz, otros la mantienen como una opción para delitos graves.

En el caso gringo, la pena de muerte es aplicada de manera variada en diferentes estados, existiendo debates y críticas sobre su uso. Algunos argumentan que la pena de muerte es necesaria para casos extremos, como asesinatos en serie o crímenes contra la humanidad, mientras que otros la consideran inhumana y buscan su abolición.

Es importante considerar las diferentes perspectivas y enfoques sobre la pena de muerte, y buscar soluciones que respeten los derechos humanos y promuevan la justicia y la seguridad de manera efectiva.

Dice uno de tantos proverbios... "El que mata a hierro, a hierro muere". Entonces, ¿cuál es la lógica?

El dicho, en resumen, "el que mata a hierro, a hierro muere", sugiere que quien utiliza la violencia o la fuerza para causar daño a otros, eventualmente sufrirá las mismas consecuencias.

Esta lógica se basa en la idea de que la violencia y la fuerza bruta pueden generar un ciclo de represalias y venganzas, lo que a su vez puede llevar a la destrucción del propio agresor. En este sentido, la lógica detrás de este dicho, se guarnecen acciones inverosímiles.

La violencia genera violencia; la fuerza bruta puede provocar una reacción en cadena; quien utiliza la violencia para resolver conflictos o imponer su voluntad, puede ser derrotado por alguien más fuerte o más astuto; la justicia o el karma pueden alcanzar a quien utiliza la violencia, de manera que sufra las mismas consecuencias que ha infligido a otros.

Igualmente, es importante resaltar que esta lógica no siempre se aplica de manera literal o directa. La historia y la realidad muestran que muchos individuos y grupos han utilizado la violencia y la fuerza bruta para alcanzar y mantener el poder, sin sufrir las consecuencias que este dicho sugiere.

En cualquier caso, este dicho puede ser visto como una forma de advertencia sobre los peligros de la violencia y la fuerza bruta, y de promover la búsqueda de soluciones pacíficas y justas para resolver conflictos.

En Estados Unidos, la pena capital en la Unión Americana es legal en 27 estados, y a nivel federal en los sistemas legales civiles y militares. Su aplicación está limitada por la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos a homicidios agravados por adultos mentalmente competentes. Hasta el año 2021, 23 de los 50 estados de la Unión Americana, habían abolido la pena de muerte, mientras que 27 la conservaban (al menos formalmente, aunque hay 11 en los que existe una moratoria o no se ha aplicado en la práctica desde hace más de 10 años).

Expertos constitucionalistas develan que “al crimen no se le puede perdonar en nada”, porque “la ley es la ley”, de lo contrario viviríamos en oligarquías kakistocráticas, que de por sí, son incontrolables.

Al entender este punto de vista sobre la idea de que “la ley es la ley” y que “el crimen no debe ser perdonado”, son principios importantes para mantener el orden y la justicia en una sociedad. La aplicación de la ley de manera justa y equitativa es fundamental para proteger los derechos de las víctimas y prevenir la impunidad.

La kakistocracia se refiere a un sistema de gobierno corrupto e incompetente, como últimamente han surgido a través de los tiempos de la mal llamada “Cuarta Transformación”, la cual es un riesgo real, cuando la ley no se aplica de manera democráticamente efectiva.

Si el crimen no tiene consecuencias puede llevar a una cultura de impunidad y corrupción, lo que a su vez puede desembocar en una incontrolable kakistocracia para abatir a los enemigos de un sistema espurio, encabezado por jefes de la mafia, individual o colectiva, aun cuando hayan asumido el poder democráticamente, por la fuerza o el convencimiento popular con la paga económica ilegal.

También es importante considerar que la justicia no solo se trata de castigar, sino también de rehabilitar y prevenir. En algunos casos, la aplicación de la ley puede incluir medidas de rehabilitación y restitución, especialmente para delitos menores o para personas que están dispuestas a cambiar su comportamiento.

En cualquier caso, la aplicación de la ley debe ser justa, equitativa y transparente, y debe tener como objetivo proteger los derechos de todas las personas, incluyendo las víctimas, los acusados y la sociedad en general.

Adolf Hitler, en su época, no pensaba cómo planear una política de Estado para alcanzar el desarrollo social de Alemania, sino soñaba por crear una raza sui generis en el mundo.

Existen infinidad de razón en que Adolf Hitler y el régimen nazi, no pensaban en rehabilitar o perdonar a quienes consideraban enemigos del Estado o infractores de sus leyes.

De hecho, el régimen nazi fue conocido por su política de represión, tortura y exterminio de millones de personas, incluyendo judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores políticos.

La ideología nazi se basaba en la creencia en la superioridad de la raza aria y la necesidad de purificar la sociedad de elementos considerados "indeseables". Esta ideología llevó a la implementación de políticas de exterminio, como el Holocausto y los Hornos de Auschwitz, y a la creación de un régimen totalitario que suprimía cualquier forma de disidencia u oposición.

En Auschwitz había en funcionamiento cinco hornos crematorios con una capacidad de incineración de 270.000 cadáveres al mes, constata la historia plasmada en infinidad de textos y libros.

Los hornos eran usados no para matar sino para deshacerse de los cadáveres. La muerte era en las "duchas" donde de los prisioneros creían que iban a higienizarse con agua caliente y en vez de agua los grifos expulsaban gas mortal. El gas fue investigado y se hicieron pruebas con soldados rusos prisioneros.

En este sentido, la comparación con la ideología nazi es un recordatorio de la importancia de proteger los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, y de evitar políticas y prácticas que puedan llevar a la represión, la discriminación y la violencia, o más allá de lo inimaginable.

—¿La globalización debe entender la cultura de Hitler?”, sigue siendo el cuestionamiento de millones a la distancia del tiempo, cuando fue tónica del dictador cuando gobernó a toda Alemania.

—La globalización y la comprensión de las culturas y las historias de diferentes países y regímenes es fundamental para evitar que se repitan los errores del pasado. El régimen nazi y la ideología de Hitler son un ejemplo claro de cómo la intolerancia, el racismo y la xenofobia pueden llevar a consecuencias devastadoras.

Comprender la cultura y la ideología nazi no significa justificar o promover sus valores, sino más bien aprender de la historia para evitar que se repitan los mismos errores. La educación y la conciencia sobre la importancia de los derechos humanos, la tolerancia y la diversidad cultural son fundamentales para construir un mundo más justo y pacífico.

Es importante recordar que la globalización no solo se trata de la economía y el comercio, sino también de la interconexión cultural y la comprensión mutua entre diferentes sociedades. Al comprender y aprender de la historia, podemos construir un futuro mejor para todos.

Andrés Manuel —el todavía #NarcoPresidenteAMLO— nunca asumió respeto a la Constitución y al mismo estado del Derecho en la lucha contra la delincuencia organizada.

Incluso fue inútil haber creado la Guardia Nacional cuando el Ejecutivo sigue estando tan narco-vinculado que finalizará su sexenio totalmente embarrado, bajo la primicia transformadora de ser un hábil experto del engaño y la mentira, solo para proteger a connotados narcotraficantes que le redituaron una riqueza descomunal; demandan que se ejecute una exhaustiva auditoría de todo su tronco de amistades y familiar para conocer el saqueo que se cometió en contra de la Nación.