Con la detención de Ricardo Barco, “se desmorona el edificio de impunidad” que operó por 29 años en la ex Ruta 100

. BLAS A. BUENDÍA. …………………………………………………

La Comisión Liquidadora de la ex Ruta 100, hizo un atento llamado al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, que conforme a los elementos probatorios que permitieron la captura de uno de los asesores jurídicos de esta central camionera —desarticulada por Decreto el 8 de abril de 1995—, el juez de la causa se conduzca con apremio ético, alejado de la tentación de los brazos de la corrupción.

Aplaudió las acciones de coordinación que llevaron al cabo tanto la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de justicia, ambos locales, para la localización del defraudador Ricardo Barco López, quien anduvo prófugo de la justicia por casi tres décadas, marcando un precedente de impunidad en el mundo, que finalmente el aparato de justicia hizo su tarea conforme a la aplicación del estado de Derecho que aún gobierna a todo el país.

El titular del juzgado 35 en materia penal, radicado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, “otorgó la libertad condicionada electrónica para su control”, ya que Barco López siendo una persona de la tercera edad y acusado vinculatoriamente  por el delito de Administración Fraudulenta, antes, durante y después de la desaparición del SUTAUR-100, abusó de su cargo para englobar una riqueza descomunal a lo lardo de 29 años, hasta hoy en día, que asciende a más de mil millones de dólares.

Según lo establecido en el artículo 55 del Código Penal Federal de México, se contempla que cuando un imputado sea una persona de 70 años de edad o más, o esté afectada por una enfermedad grave o terminal, el tribunal competente tiene la facultad de ordenar que la prisión preventiva se cumpla en el domicilio del presunto inculpado o, en su caso, en un centro médico o geriátrico.

Con base a la petición de sus abogados, azuzados por los familiares de Ricardo Barco López, a quien se le observaba desalineado y con un semblante de “suma preocupación”, jamás imaginó que en la curva de su vida fuera detenido y estar desvelado tras las rejas de una prisión capitalina, esperando el destino de su libertad.

Su impunidad duró hasta que los honorables juzgadores estudiaron meticulosamente este caso que reinaba en los anales de la ilegalidad, es decir, a lo largo de los últimos 29 años, pasaron infinidad de jueces que se declaraban “incompetentes políticamente” para ejercer la acción penal.

Pero fue hasta que una nueva camada de togados, conforme a sus atribuciones constitucionales, optaron por girar instrucciones para la pronta localización de dicho inculpado, quien al ser atrapado por la Policía de Investigación de la FGJCDMX, Ricardo Barco López se quejó que su detención se cumplimentó sin la orden de arresto, cuando ya la existía desde hace años.

Durante el inicio del proceso penal, su defensa adujo que su cliente se quejó de que le fueron violados sus derechos humanos, a pesar que su retención se enmarcó sin ningún forcejeo, salvo cuando se le leyeron las causales de ser requerido por un juzgado en materia penal.

Sin embargo, la Comisión Liquidadora de la ex Ruta-100, arguyó que “la detención de Barco es un indicio de que por fin se le hará justicia a los más de 12 mil ex trabajadores defraudados”, con lo cual “ese edificio de impunidad que se había erigido por más de 29 años, comenzó a desmoronarse”, porque el juzgado 35 de lo Penal está próximo en obsequiar más órdenes de presentación por las demandas de fraude maquinado en su modalidad agravada y asociación delictuosa, asentadas desde un inicio en el Juzgado Primero Civil del tribunal de la gran ciudad.

La influencia barquista llegó a su fin, indicaron querellantes; demandaron tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial, ambos de la Ciudad de México, mantener los procedimientos legales para evitar cualquier queja de violación a los derechos humanos de posibles inculpados, ya que si bien de los 43 vinculados enlistados, más del 50% ya han fallecido por diversas causas y enfermedades atribuibles a la tercera edad.

“Lo importante de este oscuro caso judicial, es que la pirámide delictuosa que encabeza el ahora detenido Ricardo Barco López, junto con su cómplice Gabino Camacho Barrera —quien promovió un amparo para evitar momentáneamente cualquier requerimiento judicial por el mismo delito de Administración Fraudulenta—, tienen sus horas contadas para ser detenidos y procesados conforme a los ordenamientos de las leyes mexicanas”, consideró la Comisión Liquidadora de ex Ruta 100.

Paralelo a ello, un grupúsculo de trabajadores contrarios a la Comisión Liquidadora de la ex Ruta 100, asistió a Palacio Nacional para pedirle al  Presidente Andrés Manuel López Obrador, instruya a las instancias legales solucionar en definitiva el conflicto de la ex Ruta 100.

Hicieron llegar una carta al Ejecutivo federal, en cuya misiva —con garrafales faltas de sintaxis y ortografía, debido a la ignorancia empleada por su terminología del acervo jurídico—, cuestionaron la evolución republicana de la Presidencia de la República.

“Cuántas veces usted ha manifestado que en México la justicia siempre es para quien tiene dinero, y la prueba más palpable y reciente, es la de las y los ex trabajadores de la extinta Ruta-100, ya que el viernes 24 de mayo pasado, detuvieron al ex asesor del SUTAUR-100 (Ricardo Barco López) que fue el principal artífice del Fraude Administrativo en contra los 12,004 ex ruteros”, indica el documento entregado en Oficialía de Partes del Ejecutivo Federal.

Hace referencia a la detención y remisión al Reclusorio Norte del defraudador Ricardo Barco López, el viernes por la madrugada, “y lo liberan al puro estilo político corrupto, bajo el pretexto de su edad y supuesta enfermedad”; le dictan arresto domiciliario, esperando ahora que el Ministerio Público de la FGJCDMX, todos los demás seudo líderes del sindicato desaparecido hace justamente 29 años, respondan a las acusaciones que se dirigen por el mismo camino por el cual fue detenido Barco López.

Y la pregunta —apunta finalmente el texto— ¿dónde quedan los derechos de los ex trabajadores para recuperar su patrimonio…? ¿Qué, de verdad, "el todo poderoso caballero es don dinero”, para ganar impunidad en su gobierno?