Congreso capitalino solicita hacer pública información 3 de 3 del PJF

El Congreso capitalino solicitó a las personas ministras, magistradas y jueces del Poder Judicial de la Federación, presentar públicamente sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés, así como su declaración bajo protesta de decir la verdad, sobre los vínculos de afinidad, familiares o parentescos, con otras personas servidoras públicas, funcionarias, empleadas, trabajadoras o comisionadas que laboren o estén adscritos a ese poder.

Lo anterior en el marco del proceso de la reforma constitucional al poder judicial, y atendiendo el principio de transparencia y rendición de cuentas ante el pueblo de México, bajo el compromiso de combatir el nepotismo y la corrupción de manera voluntaria e inequívoca.

Asimismo, se aprobó la adhesión propuesta por el legislador Juan Estuardo Rubio Gualito (PVEM), mediante la cual se exige a Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Margarita Ríos Fajart y Jorge Mario Pablo Rebolledo, integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejar de alentar las protestas violentas en complicidad con algunos partidos políticos.

Al presentar la proposición, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) comentó que la corrupción debilita la administración de la justicia, impidiendo el derecho a un juicio imparcial y minando la confianza en la judicatura.

“Existe evidencia empírica del nepotismo y la corrupción que permea en el Poder Judicial Federal; los altos salarios generan una burocracia con privilegios y malos resultados”.

Agregó que en ocasiones estos órganos carecen de independencia, pues actúan bajo una estructura jerárquica donde las y los magistrados asumen una posición superior a los jueces, a inferior a la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes no sólo tienen competencia para conocer de ciertos recursos en última instancia, sino además guían o conducen el Poder Judicial.

Para hablar en contra, el legislador Federico Chávez Semerena (PAN) consideró que este tipo de propuestas tienen como objetivo “seguir desacreditando a este .

En tanto, el congresista Paulo Emilio García González (MORENA) se manifestó a favor de la proposición y en su exposición se refirió a datos de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien indicó que 16 mil 700 personas son las que tienen parentesco entre sí y laboran en el Poder Judicial, lo que representa el 37.4 por ciento.

Al posicionarse en contra del punto de acuerdo, el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) aseguró que las personas que laboran en el Poder Judicial federal se ganan su puesto con el trabajo y esfuerzo que realizan. Por ello, señaló que la relación familiar entre colaboradores no necesariamente implica nepotismo.

Al tomar la palabra a favor de la proposición, la congresista Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA), puntualizó que el nepotismo refiere al poder mediante el cual un servidor público se extralimita y nombra a familiares para ocupar diversos puestos de trabajo en el poder judicial, por lo que es importante el punto de acuerdo

para contar con información sobre las responsabilidades de estas personas funcionarias y evitar la corrupción.

Por su parte, el legislador César Emilio Guijosa Hernández (MORENA) pidió al Poder Judicial atender el principio de transparencia y rendición de cuentas, ya que de acuerdo con información de la periodista Carmen Aristegui, el 85 por ciento de las y los magistrados cuentan con algún tipo de afinidad.

Al hablar por hechos, el diputado Víctor Gabriel Varela López (PVEM) afirmó que las y los funcionarios buscan diferentes formas para posicionar a sus familiares en el desarrollo de las actividades del Poder Judicial federal, buscando evadir el concepto de nepotismo a toda costa, y aseguró que este tipo de simulaciones son las que hay que combatir y erradicar.

Por el mismo motivo, el congresista Fernando Zárate Salgado (MORENA) consideró que el debate en torno a la reforma judicial aplicada a las leyes locales debe incluir los conceptos de autonomía e independencia, llevar a la mejora del sistema de impartición de justicia y acabar con los abusos económicos.