CUARTO DE PLANA

. HÉCTOR RAMOS. ……………………………………………………. REFORMA EN LA CORTE. Esto es para los jóvenes diría YSQ, porque vale la pena recordar que en el contexto actual pareciera haber una pugna entre los tres poderes que rigen el Estado mexicano en la recta final de uno de ellos: el ejecutivo federal, situación que no se veía en años anteriores. Todo indica que el primer aviso de lo que sería una relación alejada entre el poder judicial y el poder ejecutivo, fue precisamente el pasado 5 de febrero en la conmemoración de la Constitución de 1917 en Querétaro (firmada por Venustiano Carranza en su calidad de jefe del ejército Constitucionalista y redactada por del Congreso Constituyente), que reforma la de 1857. La nota de ese día y los siguientes, no fueron los discursos pronunciados, fue el que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, no se levantara a la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante los honores a su investidura como lo marca el protocolo, gesto que fue retomado por los opinologos como una descortesía para unos, como rudeza innecesaria, para otros o un ejemplo de autonomía, para los menos. A ese efecto, vino después la negativa presidencial de sentarse con la ministra por considerarla innecesaria entre ambos poderes. La posición de ambas partes fue “madurando” hasta cerrar la vía de la relación con un mensaje del presidente López Obrador a sus subordinados: “ni le contesten el teléfono”, que de inmediato se in interpreto por los medios y sus opinólogos, como el punto de quiebre entre la relación AMLO- Piña; algo que nunca existió. No es la primera vez que un presidente rompe con la Corte. En el registro de la historia moderna de este país, fue Ernesto Zedillo, quien, como presidente de México, “deshizo” por 30 días el Poder Judicial para reestructurarlo con el único afán de no mantener a los ministros designados, en su momento, por Carlos Salinas de Gortari. Una decisión que tuvo que ir acompañada por el Poder Legislativo para que llevarla a cabo sucediera sin tanto ruido, como hoy se estila. El periodista Guillermo Mora Tavares, recuerda muy bien que, desde su campaña presidencial, Zedillo propuso en julio de 1994 en Guadalajara, un decálogo para la reforma integral del Poder Judicial de la Federación y una vez que tomó posesión como presidente el primero de diciembre de ese año, “anuncia la reforma”; cuatro días después se envía al Senado de la República dicha iniciativa en donde prevalecía la mayoría priista -95 escaños de 128- y con la ayuda del PAN, se le dio trámite sin ningún contratiempo. Para ese entonces, la relación PRI-PAN era una luna de miel; habían pasado por una serie de “concertaceciones” y enjuagues entre uno y otro para legitimar a Salinas y después, otra vez juntos, le aprueban a Zedillo, convertir la deuda privada de los bancos en deuda pública a través del FOBAPROA, una deuda brutal que todavía pagamos cada uno de los mexicanos. Gracias a esa correspondencia, el 18 de diciembre, por la vía rápida, el Senado aprueba por unanimidad las reformas constitucionales. El PAN justificó, recuerda Mora Tavares, a cargo de Natividad Jiménez Moreno, que el apoyo a la Reforma al Poder Judicial era la “respuesta adecuada en un ambiente en el que se cuestiona a las instituciones encargadas de la impartición de justicia y atiende a la exigencia ciudadana”. Días después, “a paso veloz en Comisiones y sin cambios, el pleno del Congreso de la Union, bajo la presidencia de Humberto Roque Villanueva, aprueba la minuta del Senado por 381 votos a favor y 66 en contra”. Así de rápido, el primero de enero de 1995, sin los medios y sus opinólogos en contra, la Suprema Corte amanece sin ministros. Fueron 30 días sin Poder Judicial, hasta el 1 de febrero que se instala la nueva Corte bajo la presidencia del ministro José Vicente Aguinaco Alemán, electo por el pleno que a partir de entonces fue compuesto por 11 ministros y no por 26, como lo mantuvo Salinas. En el contexto actual, López Obrador anunció que enviara una iniciativa de reforma al Poder Judicial en septiembre de 2024, en la “necesidad de que los integrantes del Poder Judicial de la Federación sean electos de manera directa, es decir por el voto popular”. El argumento es que los ministros, jueces, y magistrados son la base estructural del Estado que se encarga de desarrollar una sociedad justa. La pugna sigue.