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Debaten en la Comisión Permanente reforma al Poder Judicial


Gabriel García Hernández, senador de Morena, dijo que la procuración de justicia debe estar al servicio del pueblo y no de los despachos que funcionan con “influyentismo”. Agregó que los principios de la reforma son la práctica de la austeridad republicana, combate a la corrupción, disciplina judicial, independencia, autonomía y fortalecimiento del Estado de Derecho.

 Por Acción Nacional, el senador Julen Rementería del Puerto aseguró que, es una necesidad urgente llevar a cabo una reforma al Poder Judicial; sin embargo, la reforma que se propone no plantea una solución a los problemas que presenta el sistema judicial en el país, pues “no encuentro cómo” es que el que se elijan por el voto popular a jueces, ministros y magistrados, aportará a que haya menor corrupción, retrasos, nepotismo y más independencia.

 La senadora Ruth Alejandra López Hernández, de Movimiento Ciudadano, indicó que el sistema de justicia mexicano requiere una transformación profunda, que repare de manera integral “la herida de violencia, impunidad, corrupción e injusticia” que padecen millones de personas, por lo que “esta transformación es urgente para pacificar al país”.

En representación del PVEM, la senadora Graciela Gaitán Díaz expuso que un porcentaje importante de la ciudadanía desconfía del Poder Judicial, por su ineficiencia y opacidad, además de que no se han hecho modificaciones en su interior en 30 años y “México requiere de juzgadores honestos, responsables y expertos en la materia, que conozcan la realidad y la opinión social”.

 La senadora Sasil de León Villard, del PES, señaló que la reforma propuesta al Poder Judicial es un “paso fundamental” hacia un sistema judicial más justo, transparente y eficiente, a fin de que exista en México un verdadero Estado de derecho, sin jueces corrompidos con el poder económico, ni el político. Además, invitó a la ciudadanía a estar atentos a los Diálogos Nacionales, porque que la “reforma al Poder Judicial nos pertenece y nos responsabiliza a todos”.

Emilio Álvarez Icaza Longoria, senador por el PRD, precisó que, si bien muchos están de acuerdo en revisar al Poder Judicial, es necesario hacer un “diagnóstico certero”, ya que más allá de las problemáticas que tiene ese poder a nivel federal, es a nivel local donde más casos de impunidad se registran; pidió que también se evalúen las fiscalías locales y que se tomen en cuenta a las víctimas en la formulación de la reforma.

 En tribuna, la diputada de Morena, Adriana Bustamante Castellanos, expresó que la Reforma al Poder Judicial no pone en riesgo su autonomía y tampoco pretende desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que busca “desde sus entrañas” rediseñar a un Poder que se ha caracterizado por “la opulencia, la ineficiencia, el elitismo, la discrecionalidad, la corrupción y la opacidad”.

La diputada del PAN, Martha Estela Romo Cuéllar, manifestó que el proyecto para reformar al Poder Judicial “no resuelve, por el contrario, entorpece”, pues establece la creación de un Comité de Disciplina que sería nombrado por el Ejecutivo y que podría determinar que se le dé “carpetazo” a casos específicos.

 El diputado Reynel Rodríguez Muñoz, de la bancada del PRI, afirmó que se requiere un Poder Judicial independiente, imparcial y eficiente, así como un sistema de justicia que trabaje para el pueblo y no para intereses particulares. En ese sentido, subrayó que la reforma debe tener como objetivo principal remediar la falta de justicia, no debilitar al sistema judicial.

 Braulio López Ochoa Mijares, diputado de Movimiento Ciudadano, dijo que hay actos de corrupción, nepotismo e impunidad en el Poder Judicial, lo que se refleja en que nueve de cada 10 delitos no se denuncian. Sin embargo, señaló que la actual propuesta de reforma no es integral, pues no toca a las fiscalías, a las defensorías de oficio ni a las policías.

 Por el PT, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya opinó que el Poder Judicial que ahora tenemos, no es autónomo, ni independiente, ni imparcial, sino amigo de partidos opositores. Además, actúa como “empresa privada con fines de lucro”, porque acumula riqueza, por ello consideró necesaria la reforma para garantizar que sea imparcial, que sí defienda a la Constitución y a la ciudadanía y no a sus intereses personales.

 

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