Desarrollo democrático, social y jurídico a nivel local y federal

El Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso capitalino contó con la participación de Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), quien impartió la conferencia “Más allá del derecho penal, para garantizar los derechos humanos”, en que se analizan diversas formas legislativas generadas desde una mirada punitivista.

Al iniciar la conferencia magistral, el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, presidente de la Mesa Directiva, subrayó que la protección de los derechos humanos es un tema de vital importancia para el desarrollo democrático, social y jurídico a nivel local y federal.

Asimismo, agradeció la participación de la persona titular de la CDHCDMX y expertos en la materia, quienes comparten su experiencia, conocimiento y propuestas para fortalecer el marco normativo. “Seguramente la conferencia magistral que escucharemos, abundará en ofrecernos una visión integral interdisciplinaria y crítica del derecho, desde una perspectiva que nos permita comprender los desafíos, oportunidades y propuestas para la protección a los derechos humanos del siglo XXI”.

Al emitir su comentario, la diputada Marisela Zúñiga Cerón (MORENA) presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, reconoció que los principios fundamentales en la Constitución local son el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos; enfatizó que en el Congreso capitalino se han presentado diversos instrumentos legislativos a fin de que se cumplan estos principios, entre los que destacan temas como la violencia vicaria y el Registro Público de Agresores Sexuales.

Adicionalmente, expresó su opinión respecto a que eliminar las barreras burocráticas, discriminatorias y de lenguaje, que agreden el sentir de las personas, deben ser acciones primordiales para el Ministerio Público, y afirmó su compromiso para seguir apoyando esta protección hasta que se vuelvan costumbre.

Por su parte, el titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, Alejandro Serrano Pastor, indicó que la labor de la CDHCDMX implica un trabajo conjunto con el poder legislativo para crear un marco jurídico que salvaguarde las garantías de los ciudadanos, fortaleciendo las condiciones de convivencia social.

“En los últimos 25 años se han modificado reiteradamente leyes y códigos penales para incrementar sanciones y delitos graves que otorgan prisión preventiva, pero estos delitos van en aumento”, indicó Serrano Pastor, y complementó: “el Banco Interamericano de Desarrollo observó en 2018 que en 17 países la población carcelaria se duplicó entre 2002 y 2014, llegando a 1.2 millones de personas privadas de su libertad”.

En su conferencia, Nashieli Ramírez Hernández dijo que el trabajo legislativo es esencial para cumplir con lo mandatado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las obligaciones de respeto, garantía, promoción y protección de los derechos humanos, contribuyendo a la evolución del sistema jurídico.

Indicó que “en diversas materias jurídicas con frecuencia el derecho penal es utilizado como primera y única opción para inhibir conductas que lesionan los principales bienes jurídicos en una sociedad; recurriendo a una mirada punitivista lejana a los fines del derecho penal desde 2008, año en que se reformó este sistema jurídico”.

En este sentido mencionó que, el punitivismo se caracteriza por el uso principal del derecho penal de actor; sanciones excesivas o desproporcionadas; uso mayoritario de la privación de la libertad sin implementar alternativas pertinentes; falta de medidas como la justicia restaurativa; así como la incompatibilidad de disposiciones penales con el catálogo de derechos humanos vigente desde 2011, y la implementación de tipos penales que duplican conductas ya tipificadas, lo que deriva en resultados regresivos.

Subrayó que, entre las cuestiones negativas ubicadas en estos planteamientos, está la modificación de porciones normativas sin el suficiente análisis, la contraposición con el contenido de derechos humanos establecidos en los instrumentos que componen nuestro bloque de constitucionalidad, y la dificultad de emplear el enfoque diferencial y análisis interseccional.

Ramírez Hernández expuso algunos resultados del análisis realizado a 2367 iniciativas legislativas presentadas de 2001 a la fecha, donde identificó que un 10 por ciento buscaron proteger los derechos humanos mediante un enfoque punitivista sin obtener resultados positivos. Detalló ejemplos de modificaciones legislativas en materia penal asociadas a fallas estructurales identificadas en otro campo que pueden alcanzar el objetivo de la protección desde otro enfoque.

Al respecto enfatizó que, “incrementar los tipos penales buscando disminuir la impunidad, garantizar justicia o reparar a las víctimas, sin que esto esté acompañado de políticas públicas, mecanismos de exigencia y modificaciones a otras leyes, no garantiza la seguridad humana”, y dijo que hay casos que podían resolverse con promotores de justicia capacitados en instrumentos metodológicos como el enfoque de género.

Finalmente, comentó que es necesario conocer la función del discurso punitivo como productor y reproductor de formas que influyen en todo el orden social y en la persona; por lo que se debe legislar para transformar la visión punitiva en una visión protectora, “La legislación debe ser un elemento vivo del diálogo democrático para la progresividad de los derechos”.