Dramática amenaza destructora al sistema del Poder Judicial Mexicano

. BLAS A. BUENDÍA. …………………………..

Las propuestas de reforma constitucional en México son una amenaza directa a la independencia judicial y al Estado de derecho, alertó el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Escuela de Derecho de Stanford, vaticinando el significado de la propia destrucción del sistema del Poder Judicial que pretende violentar constitucionalmente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a pocas semanas de entregar el poder a su sucesora Claudia Sheinbaum Pardov.

En estudio reciente, el análisis concluye que las propuestas sobre el poder judicial federal constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México.

“Las propuestas incluyen la elección de juezas y jueces —incluidos las y los ministros de la Suprema Corte de la Nación— por votación popular; la reducción de sus mandatos; la vinculación de sus salarios a los del poder Ejecutivo; y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros serían elegidos por votación popular”, develó.

Avizoró que las conclusiones del reporte son claras: las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador buscan afectar de manera dramática a los poderes judiciales de todo el país, en perjuicio de los derechos humanos de todas las y los mexicanos.

“Un golpe de esa magnitud, no puede ser ignorado”, dijo Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. “Este documento generará conciencia de la pérdida de la independencia judicial, que en consecuencia, el significado estaría centrado también en contra de nuestras libertades”.

El informe señala que muy pocos países del mundo eligen a las y los jueces por votación popular. De ellos, solo Bolivia y Estados Unidos utilizan elecciones judiciales para seleccionar a juezas y jueces de tribunales con jurisdicción constitucional. La experiencia de estos dos países confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial.

“Al politizar el poder judicial, las propuestas de reforma negarían el acceso a la justicia”, afirmó Amrit Singh, profesora de práctica y directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford.

Añadió: “En lugar de resolver los casos con imparcialidad y actuar como control del abuso de poder, las y los jueces dictarían sentencias para complacer a quienes ostentan mayor poder y para ganar más votos. Las iniciativas de reforma pondrían en peligro los derechos de las minorías y el Estado de Derecho”.

El informe abunda que elegir a ministras y ministros de la Suprema Corte, a juezas y jueces federales y a magistradas y magistrados por votación popular, crearía incentivos para que emitan decisiones para satisfacer a los grupos políticos, en lugar de decidir imparcialmente los casos basándose únicamente en los hechos y en el derecho.

Explicó: Reducir el mandato judicial para que coincida con el sexenio presidencial politiza aún más la selección de juezas y jueces. Exigir a las y los jueces en funciones que renuncien cuando las y los nuevos jueces electos tomen posesión de sus cargos, socava la garantía de permanencia en el cargo, que es necesaria para preservar la independencia judicial.

Remarca: Un Tribunal de Disciplina Judicial elegido por votación popular, cuyo mandato coincidiría con el presidencial, y cuyas decisiones serían definitivas e inapelables, podría convertirse en un arma contra juezas y jueces —incluidas las y los ministros de la Suprema Corte de la Nación— que adopten decisiones adversas al gobierno de turno.

Si bien el informe explica por qué las propuestas son contrarias a las normas y estándares internacionales sobre independencia judicial, hizo votos que en el nuevo gobierno que encabezará la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardov, sea mayormente cuidadosa para respetar irrestrictamente la separación de poderes, ya que lo que concierne al Poder Judicial, debe configurarse ser totalmente autónomo y un ente que no favorezca a los entendidos del gobierno en turno.

En este contexto, vale la pena reiterar el contenido histórico y legado del presidente Benito Juárez, quien advertía: “Para los amigos justicia y gracia. Para los enemigos, la ley a secas”, lo que previene que el Poder Judicial jamás debe estar inmiscuido o ser cómplice de las malas actuaciones que pudiera tener, en consecuencia, el gobierno contemporáneo.

El 2 de junio de 2024, el pueblo mexicano acudió a las urnas para elegir a su próximo presidente y legisladores. Una victoria decisiva en las elecciones legislativas para el partido gobernante, Morena —previno—, podría reforzar su control sobre el Congreso, potencialmente perpetuando el proyecto populista de López Obrador al socavar aún más los frenos y contrapesos en el país.

Pese a ello, se vislumbra un caos en el sistema de justicia, ya que si bien la candidata del partido oficialista y hoy presidenta electa, sigue apoyando públicamente la elección de juezas y jueces por votación popular, queda por verse hasta qué punto aplicaría las políticas de López Obrador.

El panorama es incierto y sus consecuencias mucho muy delicadas porque Claudia encabezará “un Estado de fusión de Poderes”, contraviniendo el espíritu constitucionalista en relación a la División de Poderes.

“Durante la administración de López Obrador, el gobierno ha socavado continuamente las instituciones independientes que están destinadas a controlar las acciones del poder Ejecutivo”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano.

“Mientras las y los mexicanos se dirigen a las urnas en unas elecciones que están poniendo a prueba la democracia mexicana, es fundamental que la protección de la independencia judicial y el Estado de Derecho esté en el centro de cualquier debate público sobre el futuro de México”, contemplaría en la víspera del domingo 2 de junio, fecha en que Claudia Sheinbaum —de tendencias judías— lograría ganar unas elecciones en forma abrumadora que ponen en duda su honorabilidad por el acarreo masivo de fanáticos y a quienes aparentemente sobornaron con diferentes cantidades de dinero.

El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford estudia y despliega herramientas jurídicas (litigios e investigación jurídica, documentación y defensa) en estrecha colaboración con profesionales y académicos locales para combatir el declive democrático en todo el mundo, incluido Estados Unidos.

El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho se inspira en el modelo de Laboratorios de Impacto de Stanford, que se centra en abordar algunos de los retos más acuciantes del mundo a través de los esfuerzos combinados de investigadores y responsables políticos que trabajan en una amplia gama de disciplinas.

El cuestionado ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, es uno de los juristas que inicialmente se había dicho estar en contra de la elección de jueces y juezas por la vía del voto popular.

A la luz de las circunstancias, agente de poder coinciden que si México cambiara su estatus de elección de oposición por la del favoritismo y amiguismo para transformar a abogados sin experiencia y sin carrera judicial e investirlos como ministros de la Corte, su actuación sería deplorable porque carecerían de los tecnicismos jurídicos que son utilizables en todo poder judicial, y que forman parte de las maestrías y doctorados que configuran a un buen impartidor de justicia.

Por lo pronto, las consignas se manifiestan en contra, toda vez que al interior del Poder Judicial se ha expresado un nuevo intento de rebelión contra la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos mediante votación popular.

El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A. C., había llamado desde el pasado 4 de junio, dos días después del apabullante triunfo de Morena en los comicios federales, a la formación de un frente común contra lo que definió como “embates contra las libertades y derechos fundamentales”.

Ahora que es inminente la aprobación de la propuesta enviada por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, gracias a la mayoría calificada lograda por la Cuarta Transformación en el Congreso, la agrupación integrada por funcionarios judiciales publicó un pronunciamiento en el que rechaza la reforma al calificarla de un retroceso, y expresa su preocupación por las consecuencias laborales que ésta tendría.

“Esta situación preocupa a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en todos sus sectores, desde los propios juzgadores, el personal de carrera judicial y al de servicios. Principalmente, porque estamos conscientes de que una reforma de esa naturaleza acabaría debilitando la herramienta que cualquier mexicano tiene para enfrentar las arbitrariedades del poder; herramienta indispensable en un Estado Democrático de Derecho”, advierte la agrupación.

En resumen, infinidad de grupos dogmáticos se pronunciaron que haya ¡Cero tolerancia! a futuros “jueces de consigna”, que llevan indiscutiblemente la mancha del partido narco-MORENA.