¡En peligro la elección presidencial!

. BLAS A. BUENDÍA. ………………………………………..

Un grupúsculo de mujeres empoderadas que hoy día tienen en sus manos el poder suficiente para emplearse como estrategas cómplices y dominadoras para que el proceso presidencial del domingo 2 de junio no pudiera celebrarse conforme a las reglas estipuladas previamente por las autoridades oficiales, se suma otro riesgo latente que es la intervención oscura del crimen organizado con el pago de financiamiento de candidatos del partido Morena.

Esta serie de acciones, podría tener actos de connivencia política, toda vez que tanto la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral (INE), se transformarían en coautoras encubridoras de lo que sería el peor fraude electoral que pudiera registrarse en México, en esta época temporánea del nuevo milenio.

México ya vivió su primer proceso que se caracterizó como el fraude electoral más escandaloso cuando en 1988, el priista Carlos Salinas de Gortari, inmerecidamente fue declarado por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Presidente de México, “imponiéndose” al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien pudo haber abanderado una revolución social, solo que le temblaron las corvas para registrar ese paradigmático paso y peligroso de poner en riesgo la paz social de la Nación.

El politólogo y ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe Pierce, alertó en redes sociales que “los Talleres Gráficos de la Nación —Organismo Público, descentralizado de la Secretaría de Gobernación, con más de 140 años de existencia—, no tienen el equipo necesario para producir las boletas electorales, por primera vez en la historia”.

Reveló —según sus consensos de índole política— “están contratando con (empresas) outsourcing, la maquila de las boletas con imprentas privadas sin el complimiento y vigilancia de las medidas de seguridad”.

Además —avizoró— son imprentas-amigas de la 4T (Cuarta Transformación), que encuadra perfectamente con las marrullerías de aquellos priistas que participaron en el fraude de 1988, teniendo enquistado en “el cuadro de honor” del actual régimen, al mayor delincuente electoral identificado como Manuel Bartlet Díaz, cuando fue secretario de Gobernación.

Pascoe, en su denuncia pública, precisó: “Van a producir boletas que podrían servir para hacer un fraude enorme porque el gobierno y los Servidores de la Nación podrían rellenar urnas sin control”.

Alertó: “Intentar el fraude por ahí, va a introducir a México en una dinámica de inestabilidad política y social que generará una situación de ilegitimidad del próximo gobierno”, para lo cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador —cuan alumno fraudulento de los cuadros priistas del pasado—, sabe a la perfección del “teje y maneje” de cómo fraguar un fraude electoral con la ayuda de Bartlett, a quien lo tiene trabajando como director de la Comisión Federal de Electricidad.

“La situación de la impresión de boletas electorales sin seguridad y vigilancia pone en entredicho la elección desde ahora”, adelantó Ricardo Pascoe.

Y la pregunta sale a flote: ¿Qué acciones tomarán los responsables? #INE #EleccionesMéxico #TalleresGráficosdeMéxico, las cuales son dirigidas, en su mayoría, por mujeres que están al servicio del Presidente de la República, quien día a día está dejando un registro de ser el político más fraudulento que haya tenido este país en toda su historia.

En redes, infinidad de internautas acusan que “¡el proceso electoral más grande y complejo está en peligro!, debido a la falta de transparencia en la producción de boletas y materiales electorales, que —se insiste— “pone en riesgo la democracia en México”, porque algo turbio oculta la directora de Talleres Gráficos de México.

En la ceremonia de inicio del ciclo de producción de boletas electorales, la directora Maribel Aguilera Cháirez, vaticinó que en 61 días produciría más de 317 millones de boletas para la elección federal.

“El día de hoy, inicia la impresión de 317 millones 324 mil 493 boletas federales electorales. Esta producción se llevará a cabo en 61 días iniciando el día de hoy primero de marzo para concluir el próximo 30 de abril”, refirió.

Asimismo —añadió— iniciaremos con la impresión de la demás documentación electoral con emblema como son las actas de escrutinio y cómputo, carteles clasificadores, plantilla Braille, instructivo Braille y lista de candidaturas, entre otros documentos.

Pese a estos “buenos propósitos”, después de un mes iniciada esta gran faena, y faltando otro para la conclusión de este histórico compromiso, la pregunta sigue siendo la misma que se desarrolló desde un principio: ¿cómo le hará el INE para producir los otros 112 millones de boletas para los distintos Institutos electorales locales con quienes ha firmado diversos convenios de colaboración? La respuesta es sencilla: No podrá porque los tiempos no le cuadran.

Pero en el terreno legislativo, sobre todo con aquellas fracciones parlamentarias que son consideradas de “oposición”, crece la preocupación en torno a la posibilidad de que no cumplan, y pongan en riesgo la elección.

Más aún, su enorme ambición de hacer un gran negocio personal, ha llevado a Maribel Aguilera Cháirez a comprometerse a producir 510 mil urnas, 170 mil portafolios de seguridad, además de miles de mamparas, crayones y tintas indelebles para poder cubrir las 170 mil casillas previstas para la elección federal.

Por lo pronto, la funcionaria evita dar la cara a los medios de comunicación al no permitir preguntas de los reporteros en eventos recientes.

El problema también se centra que, en cuanto a la elección federal, su planta de impresión no podrá por sí sola elaborar los 320 millones de boletas, ya que solo cuenta con una máquina (rotativa) y una planta, lo que significa cuando menos que tendrían que subrogar o subcontratar esa parte, además de las actas y las listas nominales, con lo que estaría violando la Ley de Adquisiciones y sus probabilidades para fraguar una nueva “Estafa Maestra”, y a quién contratará para poder cumplir.

La impugnación es evidente, a su grupo empresarial consentido propiedad de Juan Sebastián Estrada, dueño de Gráficas Corona Je; Ideeo 4.0, Ideeo Lab, Grupo Fotogart y One to One.

Los focos rojos se han encendido en diversos organismos públicos locales electorales debido a que, ya hay ejemplos concretos de incumplimientos en los que viene incurrido los Talleres Gráficos de México, que tiene a transformarse en un ente defraudador para un gobierno fallido.

El caso del Estado de México es sintomático, ahí, el IEM ha señalado que Talleres Gráficos de México lleva un retraso de dos meses en la entrega de los materiales electorales para los simulacros.

Sumado a lo anterior, existen otros estados donde esto se repite, generando preocupación entre los Consejeros Estatales.

Por lo pronto, el desasosiego crece hasta llegar a niveles de pánico, porque varios organismos públicos electorales, se están dando cuenta que han sido engañados por la maestra Maribel Aguilera Cháirez, quien no cuenta con las adecuadas instalaciones y la plena capacidad para realizar los trabajos acordados, además que de acuerdo con estudios del propio INE, “Talleres Gráficos de México, junto con Gráficas Corona Je, son las empresas peor calificadas como proveedores”.

Con todo lo anterior, resulta sorprendente que la directora de los Talleres Gráficos de México, siga en su cargo, cuando su desbocada ambición, está poniendo en riesgo el Proceso Electoral 2024, el más grande y complejo de la historia del país.

Este es un asunto que debería estar en la agenda de preocupaciones de partidos y candidatos, más ahora que, desde el primero de marzo, se dio el banderazo de salida a las campañas políticas, que habrán de cristalizarse el domingo 2 de junio.

En el marco de este marañoso cuadro mediático, el INE formuló una serie de aclaraciones al citar que “la producción de boletas electorales que se realiza en colaboración con Talleres Gráficos de México, cuenta con características que las hacen infalsificables y toda su producción está sujeta a protocolos de verificación por parte de este Instituto que garantiza su autenticidad. Para el caso de las elecciones federales, Talleres Gráficos de México, no ha subcontratado la impresión de boletas. Su proceso de producción se lleva a cabo en tiempo y forma supervisando en todo momento por personal del Instituto”.

“Por algo esa sospechosa confianza y calma que traen desde que llegó la Taddei al frente del INE, ha habido muchas irregularidades. ¡Con razón esas encuestas tan infladas! Y ahora con las boletas. Esto es inaceptable. Están orquestando el mayor fraude del siglo. ¿Que no se puede hacer nada? ¡Carajo! ¡Malditos!”, expuso el internauta Gil Díaz 1969.

La primera Estafa Maestra. La primera Estafa Maestra fue, y sigue siendo, uno de los fraudes más escandalosos en la historia de México. Este caso involucró a once dependencias federales que supuestamente fueron utilizadas para desviar millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Origen y Revelación. La Estafa Maestra fue descubierta gracias a una investigación periodística realizada por el portal Animal Político en colaboración con la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.

Esta investigación reveló una red estratégica de desvío de recursos públicos. Las tres dependencias que supuestamente participaron en los desvíos fueron: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), encabezada por Rosario Robles; Banco Nacional de Obras (BANOBRAS); y, Petróleos Mexicanos (PEMEX), dirigido por Emilio Lozoya Austin.

Desvíos Millonarios: La Auditoría Superior de la Federación (ASF), responsable de vigilar el uso del presupuesto federal, detectó que el gobierno federal entregó 73 convenios (subcontrataciones) a 186 empresas por un total de 7,670 millones de pesos.

De estas empresas, 128 no tenían infraestructura ni personalidad jurídica para proporcionar los servicios para los que fueron contratadas o simplemente no existían.

La SEDESOL y la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), ambas lideradas por Rosario Robles, fueron las principales responsables de las contrataciones simuladas y los desvíos millonarios.

La ASF también reportó irregularidades durante la gestión de Rosario Robles por al menos 2,377 millones de pesos, que se sumaron a las detectadas en el ejercicio fiscal 2017, por 340,983 millones de pesos.

Los recursos habrían sido desviados a través de la triangulación de recursos, que también involucró a ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno.

Este caso sigue siendo relevante y ha tenido un impacto significativo en la percepción de la corrupción en México. Rosario Robles, quien estuvo en prisión preventiva durante tres años —en este sexenio del Obradorato—, ha sido una figura central en este escándalo, que podría durar un buen número de años, antes de que se le declare la absolución de todos los delitos que se le imputan.