Es tiempo que Gertz dignifique el aparato de justicia, evidentemente manipulado por el Obradorato

. BLAS A. BUENDÍA ………………………………

Pese a que se acortan los tiempos para que la Cuarta Transformación deje de ser el modelo de las promesas que aterrizaron finalmente en un cúmulo de sofismas y sistémicas quimeras del mal gobierno del obradorato, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, urgió al Ejecutivo federal “se ponga ya la camiseta” e instruya al fiscal Alejandro Gertz Manero, dignifique el aparato de justicia de México debido a su opacidad y permitir que el narco —brazo ejecutor del crimen organizado— siga actuando con toda impunidad, estableciendo un gobierno de facto paralelo al constitucional. 

El Ateneo, integrado por distinguidos Doctores en Derecho penal, enfatizó que se encuentra consciente de la apremiante necesidad de lograr que la Fiscalía General de la República consiga una adecuada función para que su actuación conlleve a la investigación y persuasión del fenómeno de la narco-política.

“Ello es la preocupación constante de algunos servidores públicos dedicados a la política y a los menesteres de procurar e impartir justicia, así como de quienes conformamos el carácter de gobernados en esta República”, precisó.

Subrayó que todos los mexicanos sabemos que el fenómeno de referencia, envileció a la propia institución de procuración de justicia. Desde la comunidad internacional se aprecian las injusticias que se viven en México relacionadas con dicho tópico.

Todos en México —remarcó— sabemos que la institución del Ministerio Público tiene como función esencial y misión constitucional, la defensa de los intereses de la sociedad y ese conglomerado de mexicanos ha resultado severamente ofendido por aquellos acontecimientos que enturbian las contiendas electorales de este domingo 2 de junio.

Son nulos los narco-políticos que han sido sometidos a un procedimiento penal que haya arrojado como consecuencia su encarcelamiento en territorio de los Estados Unidos Mexicanos, abundó.

Aquí y ahora, cabe recordar, la Procuraduría General de la República de anteriores décadas —misma que estuvo manipulada por el neoliberalismo por más de 36 años—, tuvo conocimiento de una denuncia penal íntimamente relacionada con la narco-política y, con ello el conocimiento de los hechos delictivos.

Por tal razón desde aquél procurador de poca virilidad, se puso en marcha la protección al fenómeno de la narco-política, cuando lo legal y razonablemente hubiera sido que adquiriera la calidad de órgano investigador y persecutor de tal infamia que lesionó los intereses de nuestro México. Dicho afamado y adamado funcionario, no buscó, ni le interesó encontrar la verdad jurídica, transformándose en “un procurador de consigna” durante el régimen del Salinadorato.

“Hoy, todos hablan de narco-política sin exhibir una sola prueba de ello. Todos los juristas, litigantes y académicos sabemos de sobra que para ejecutar una acción penal deben de existir pruebas y ellas deben de ser tomadas en cuenta en su totalidad, concatenándolas entre sí para en su momento obtener una sentencia condenatoria en contra de ese forajido del derecho”, fustigó la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Prosiguió: “A la par, todos sabemos que no bastan señalamientos, suposiciones, figuraciones, postulados, antojos, ocurrencias, filtraciones, exhibiciones. Las pruebas en materia penal, deben de ser aquellas que tengan un reconocimiento expreso por la ley, ya que para valorarlas conforme a la interpretación que hace la hermenéutica jurídica (interpretativa, explicativa y/o exegética) deben ser eficaces, descartando rumores, indicaciones, conjeturas”.

Todas esas creencias, supuestos, sospechas, deducciones, hipótesis, no encuadran dentro de lo que la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., conoce como thema probanadum (hechos que deben ser materia de prueba), ya que el objeto de la misma se encamina precisamente a confirmar la verdad.

“La Fiscalía General de la República —delineó la Academia citada, esbozando los aspectos jurídicos y legales— debería de saber ya, que horas antes de tomar posesión Andrés Manuel López Obrador, como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dicha Representación Social dictó un acuerdo en el que pretendió brindar impunidad al narco-político que dio génesis a tan execrable fenómeno, desleal que se ha encargado de divulgar nexos de la presidencia con el narcotráfico, sin exhibir demostrativa alguna de ello, ya que ni indicios, ni presunciones hacen prueba plena en materia penal.

Cabe recordar las enseñanzas de nuestros ancestros, los cuales nos hicieron saber que la verdad jurídica se encuentra contenida en aquella causa criminal de la cual conocieron diversos procuradores generales de la República durante el neoliberalismo. No omitiendo señalar por su importancia, que al favorecido por esa pretendida impunidad —el propio Joaquín Guzmán Loera—, lo señaló como su protector ante las autoridades jurisdiccionales de los Estados Unidos de Norteamérica.

“¡Es cuánto!”, concluyó la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., que preside el reconocido penalista Alberto Woolrich Ortiz.