¿Es éste el preludio a un sexenio de control político?; a donde llegaremos

En el sexenio de López Obrador dos fuerzas opuestas tuvieron un crecimiento sin precedentes: la militarización de la seguridad pública y la expansión territorial del crimen organizado. Cabe señalar que la militarización creció con la complacencia de la ciudadanía, que la percibió como la única solución ante la criminalidad en aumento.

La historia reciente de México muestra que la militarización es un arma de doble filo. Si bien puede otorgar control político a corto plazo, socava las bases de la democracia y deja a la sociedad en una posición cada vez más vulnerable frente al crimen y el abuso de autoridad.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum asume su mandato con un amplio respaldo electoral y un virtual monopolio del poder. Su nuevo gobierno tiene la oportunidad de reconstruir instituciones civiles más robustas. Al mismo tiempo, existe el riesgo de caer en un autoritarismo disimulado o evidente que se valga de la militarización como herramienta de control político.

El monopolio del poder sobre el imperio de la ley. El sexenio pasado sólo benefició a quienes dependen del gobierno, dice Luis Rubio, presidente de México Evalúa, en su columna titulada “Distorsiones”.

Si lo que se busca es prosperar, como lo plantea la nueva presidenta, México debe abrirse a la competencia y fomentar empresas productivas, en vez de depender de contratos gubernamentales.

 Además, el haber eliminado los mecanismos que garantizaban libertades y derechos ciudadanos compromete la atracción de la necesaria inversión extranjera. La administración anterior erosionó las pocas instituciones democráticas que quedaban. La nueva filosofía de gobierno privilegia el monopolio del poder sobre el imperio de la ley, lo que puede derivar en mecanismos de control y sometimiento sobre una ciudadanía —la mexicana— que históricamente ha defendido su libertad.

¿Cómo hablar a los ciudadanos sobre la militarización?

Aunque la inseguridad es la principal preocupación ciudadana, la militarización preocupa sobre todo a sectores académicos y políticos, y no tanto a la población.

La divergencia se debe a que quienes critican a la militarización tienden a dejar de lado al ciudadano común. Ante un nuevo gobierno con amplio respaldo, se abre la oportunidad para explicar a la ciudadanía qué significa la militarización, por qué no es una política pública efectiva y es más bien un instrumento de control político; por qué la militarización deja a la población más vulnerable al crimen común al desplazar policías capacitados y, finalmente, destacar alternativas de pacificación, como la dignificación policial, la justicia cívica y la colaboración comunitaria, para desmontar la militarización y frenar las violencias. Un análisis del Programa de Seguridad.

Seguridad pública en la era de Sheinbaum: tres problemas a monitorear desde el día uno.

Durante el sexenio de López Obrador, México vivió su periodo más violento: 198,903 víctimas de homicidio doloso, un 27.5% más que con Enrique Peña Nieto y un 65.5% más que con Felipe Calderón. En la última década, la criminalidad en el país ha cambiado radicalmente, y los indicadores ya no reflejan adecuadamente la realidad.

El principal problema es el control territorial del crimen organizado, una amenaza al Estado de derecho que no se mide correctamente con la tasa de homicidios. Es crucial replantear los indicadores de éxito de la política de seguridad pública. Destacan tres ángulos clave: la violencia político-criminal, los conflictos armados entre grupos criminales, y el cobro de piso. Estos fenómenos, esenciales para evaluar el control criminal en México, ya no pueden seguir siendo ignorados. Un análisis del Programa de Seguridad.

El plan inmediato de Sheinbaum frente a la delincuencia, ¿es lo que necesitamos?.

El documento de la estrategia de seguridad de los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum presenta avances en la identificación de problemas clave. A diferencia de López Obrador, Sheinbaum reconoce la gravedad de la inseguridad pública y añade nuevos desafíos prioritarios como el cobro de piso. Además, se adopta un enfoque regional y reconoce la violencia incluso en bastiones morenistas.

Sin embargo, las estrategias presentan limitaciones. Si bien se busca reducir delitos de alto impacto mediante inteligencia y fuerzas armadas, surgen dudas sobre la articulación entre los militares y el liderazgo civil. Además, la falta de fortalecimiento de gobiernos municipales y la escasa participación de organizaciones civiles podrían dificultar un cambio profundo en el Estado de derecho. Un análisis del Programa de Seguridad.

Hallazgos desde lo local 2023: Coahuila. Desde el año 2019 hemos dado puntual seguimiento a las instituciones y resultados del Sistema de Justicia Penal (SJP) de Coahuila. Este estudio cuantitativo, que corre en paralelo al proyecto de la articulación de Red Justicia en el estado, se centra en analizar el desempeño del SJP en Coahuila, con el objetivo de proporcionar una visión detallada de su funcionamiento y los retos que enfrenta.

El análisis revela que en 2023 las instituciones de justicia penal de la entidad superaron los promedios nacionales de carga laboral: cada fiscal manejó 148 carpetas, cada perito 1,489 solicitudes, cada defensor público 56 casos y cada asesor jurídico 205.

La sobrecarga de trabajo merma el desempeño y resultados que ofrecen las instituciones de justicia penal. De esta manera, la probabilidad de que los delitos queden impunes aumenta y los derechos de las personas víctimas y acusadas no son debidamente garantizados. Un análisis del Programa de Justicia.