Ex Ruta 100, Crímenes de Estado…

. BLAS A. BUENDÍA. ……………………………………..

Masacre y genocidio es el panorama que sigue tristemente padeciendo ex trabajadores de la extinta Ruta-100, que este 8 de abril cumple 29 años sin que el gobierno de la Ciudad de México, de una legítima solución al conflicto social y laboral, dejando una estela de más de seis mil personas fallecidas, siendo la última víctima, la de su líder moral Jorge Cuellar Valdez, acaecido el 26 de septiembre de 2023.

Al hacer un recuento histórico, la ex Ruta 100 detalló que en enero de 1981, el entonces Regente del Departamento del Distrito Federal (DDF), Carlos Hank González, anunció la revocación de concesiones otorgadas a los particulares para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en autobuses.

Ante esta situación, el DDF y la alianza de camioneros de México, celebraron un convenio para mejorar la calidad del servicio de transporte. Los concesionarios se comprometieron a renovar 2 mil 400 unidades, racionalizar los recorridos y ofrecer seguro del viajero.

Sin embargo, después de siete meses, los acuerdo firmados no se cumplieron en su totalidad por lo que el 18 de agosto de 1981, el presidente José López Portillo, emitió un decreto por el que se creó un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Autotransportes urbanos de Pasajeros Ruta-100, con el objetivo de prestar servicio de transporte de pasajeros en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y zonas conurbadas. Ruta 100, empresa descentralizada, fue un ejemplo en transporte de pasajeros en México y a nivel Latinoamérica.

El sábado 8 de abril de 1995, el DDF, encabezado por Óscar Espinoza Villarreal, decretó la quiebra de Ruta 100, según las autoridades capitalinas, por su insolvencia económica y la deficiencia de su servicio.

La legendaria Ruta 100 y por qué desapareció al llegar el EZLN - México ...A las dos de la mañana fueron expulsados de todos los módulos de Ruta-100, a todos los trabajadores —como si fueran delincuentes— con el uso de la fuerza pública a través de un cuerpo de granaderos armados con escudos y toletes.

La represión policiaca de aquel entonces, tomó el control de los 27 módulos operativos (encierros) e impidió el ingreso del personal, que a las tres de la mañana se presentaban a sus respectivos lugares de trabajo para iniciar sus labores del día. También ese día y los subsiguientes se detuvo a quienes se convertirían con posterioridad en traidores de defraudadores del SUTAUR-100, Ricardo Barco López y otros 11 líderes del SUTAUR, siendo acusados de desviar nueve millones de pesos del fondo de ahorro de los trabajadores.

Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en complicidad gubernamental con importantes  connotados funcionarios de su época, como Esteban Moctezuma Barragán (secretario de gobernación), Óscar Espinoza Villarreal (Regente del DDF), y el magistrado Saturnino Agüero Aguirre (presidente del Tribunal Superior de Justicia del distrito Federal), fraguaron la desaparición del SUTAUR-100.

Según la ex Ruta 100, a éste último personaje se le culpó ser el responsable de la quiebra de Ruta-100, dejando sin trabajo y sin sustento a más de 12 mil trabajadores y sus familias; y responsable de los crímenes ocurridos en la quiebra de Ruta-100.

Tras la declaración de la quiebra ocurrieron misteriosos sucesos que a la fecha no han sido esclarecidos, los cuales fueron calificados como Crimen de Estado.

Ex Ruta 100, enumeró puntualmente cada hecho de sangre: el suicidio del entonces secretario de Transporte del DDF, Luis Miguel Moreno, el 10 de abril.

El acribillamiento de Humberto Priego, Fiscal asignado a la causa contra los líderes del SUTAUR-100 y su secretaria, el 18 de junio y la ejecución del magistrado Abraham Polo Uscanga, quien denunció presiones del entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, magistrado Saturnino Agüero,

Arriaz de la quiebra de Ruta-100, se firmó un convenio político en el que se sentaron las bases tendientes a la solución del conflicto entre trabajadores y gobierno, donde liquidaba el gobierno a los 12,004 trabajadores a un 72% y quedaba un 28% para otorgar concesiones de transporte público de pasajeros, a los trabajadores de la R-100.

Estos acontecimientos, y con el correr de los últimos 29 años, el 14 de diciembre de 2021, el Congreso de la Ciudad de México, ratificó un Punto de Acuerdo del 19 de noviembre de 2014, a través del cual se exhortó al GCDMX, instruyera a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas, para que conforme a acuerdos institucionales con la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, analizaran la problemática de la Comisión Liquidadora del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100.

espinosa-oscar-notificacionEl tres de noviembre del 2022, el mismo Congreso de la Ciudad de México, emitió un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a analizar la posibilidad de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2023, se determinen los

recursos económicos necesarios para proponer una solución paulatina y progresiva al pendiente histórico de los trabajadores de la ex Ruta-100, proponiéndose la creación de un fondo que permita al gobierno local, contar con los recursos económicos necesarios para atender y solucionar el conflicto histórico de los trabajadores de la R-100.

En este historial de hechos, en su momento, el presidente de la Comisión Liquidadora Jorge Cuellar Valdez, dejó un legado terminado y firmado para que el Gobierno de la Ciudad de México, cumpliera con el Punto de Acuerdo del 19 de noviembre de 2014 y ratificado el 14 de diciembre de 2021, por el propio Congreso de la Ciudad de México II legislatura.

El Gobierno de la Ciudad de México, en lugar de darle cumplimiento al Punto de Acuerdo del 19 de noviembre de 2014 y ratificado el 14 de diciembre por el Congreso de la Ciudad de México II legislatura, al adeudo del 28% que les fue descontado de su liquidación a los trabajadores de ex Ruta-100 y adeudos de los convenios políticos, prefirió dar un apoyo a un universo de 12,004 trabajadores que llegaron a la declaratoria de quiebra y no darle cumplimiento al Punto de Acuerdo que quedó asentado en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y Congreso de la Ciudad de México, que por años se luchó para lograr el Punto de Acuerdo y exhortos que el Gobierno de la capital, no respeto, y sigue sin respetar.

En cada movimiento laboral siempre surge la figura de los lacayos, esquiroles y defraudadores donde Ricardo Barco López, Gabino Camacho Barrera y Arturo Mendoza Larraguivel, con base de mentiras y engaños, prometieron que los trabajadores en lucha obtendrían mejores ganancias, salario y prestaciones superiores a las que tenían en Ruta-100, reparto de utilidades, intereses del Fondo que se conformó, lo que deslumbró a los trabajadores dejando el 30% de su liquidación laboral, que de forma estrujante fueron despojados, engañados y defraudados de un patrimonio económico logrado a través de sus esfuerzos de servicio en dicha empresa paraestatal.

En este contexto, siete mil 12 trabajadores dejaron el 30% de su liquidación laboral con la finalidad de participar como “socios de las empresas de grupo metropolitano de transporte, pero nunca se nos ha considerado como socios”, consumándose un monstruoso e incalificable fraude que en tribunales civiles y penales, aún sigue la lucha de ex Ruta 100, en los escritorios del juzgado primero en materia civil.

Con las cantidades aportadas se creó un fideicomiso F/100-7 en banco IXE con un capital de $172,934,552.00 (ciento setenta y dos millones de novecientos treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.)

Derivado de lo anterior, se autorizó la creación de las empresas denominadas: Servicio Metropolitano de Transporte “17 de marzo, S. A. de C. V.”; Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, S. A. de C. V.; Transportes Urbanos Nuevo Milenio, S. A. de C. V.; Sistema de Transporte en Taxis, S.A. de C.V.; y, Talleres Industriales en Diésel.

En medio de los fraudes que ya eran palpables, un gravoso proceso sucedió cuando al registrar las empresas, en el Registro de la Propiedad y del Comercio, se omitió registrar el nombre o la relación de los aportantes del capital de las empresas constituidas.

“Exigimos a estos traidores defraudadores de la clase obrera que nos regresen a los inversionistas de las empresas de GMT, nuestra inversión del 30% con intereses generados hasta la fecha y rendimiento de las mismas, que dejan doscientos millones pesos mensuales libres de polvo y paja, hoy día”, acusaron trabajadores de la ex Ruta 100.

“El Gobierno de la Ciudad de México y los lideres traidores defraudadores de la clase obrera Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, han causado una masacre de daño moral, económico y psicológico de 29 años de lucha sin que el gobierno les pague el 28% que les descontaron de su liquidación y adeudos de los convenios políticos firmados en 1996 y 1999”, concluyeron lanzando vítores de ¡SUTAUR VIVE, LA LUCHA SIGUE!; ¡SI NO HAY JUSTICIA NO HABRA PAZ!; ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!; POR EL RESCATE DE LA DIGNIDAD, LOS DERECHOS Y EL PATRIMONIO DE LA CLASE TRABAJADORA.