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Ex Ruta 100 promueve ampliación judicial FGJCDMX


El Sutaur-100 promovió una ampliación de sus demandas judiciales ante las instancias correspondientes en contra de la caterva de delincuentes que llevó a la quiebra técnica a una de las empresas paraestatales de transporte urbano mejor posicionadas en América Latina, como la famosa Ruta 100 en la década de los 90’s, desaparecida por decreto el 8 de abril de 1995.

Desde entonces, sus representantes sindicales han enarbolado una incansable e intensa lucha sociopolítica a fin de que el Gobierno de la Ciudad de México salde sus adeudos y acuerdos pendientes ante las instancias federales y conmine al Poder Judicial proceda a la Ejecutoría del Juicio Penal en contra de Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, y aliados, por los delitos de despojo y defraudación maquinada ascendiendo el agravio por más de mil millones de dólares a través de 26 años.

Externaron sus esperanzas para que el C. Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como ha insistido en ayudar “primero a los pobres”, instruya a las autoridades de la capital de la República, resuelva este conflicto laboral que data desde hace 26 años. “Ya pasamos el cuarto de siglo y aún no vemos un destello de esperanza justiciera”.

Jorge Cuellar Valdez y Ernesto Monroy Martínez, en su carácter de Presidente y Tesorero, respectivamente, de la Comisión Liquidadora del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 (Sutaur-100), reiteraron tener la personalidad jurídica que se encuentra debidamente acreditada y reconocida por el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente 15297/95.

Cumpliendo con el protocolo jurídico, presentaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, un anexo de ampliación a las Carpetas de Investigación FDF/C/520/01-07, y sus acumuladas FDF/182-03, FDF/T/ 135/03-02, y ampliaciones de fechas 21 de julio de 2016, 22 de octubre y 5 de noviembre de 2020.

En su ratificación de la consumación de hechos de agravio en contra de sus derechos constitucionales, presentaron un informe y aclaraciones a las diatribas y confusiones que intenta crear en el conflicto Ruta-100, José Acosta Saavedra apodado en la delincuencia organizada “El Cheche”, quien se ha prestado a configurarse como la marioneta de los defraudadores Gabino Camacho Barrera y Ricardo Barco López, a cambio de pírricas prebendas.

Acusaron que El Cheche ha utilizado una indebida coyuntura para desestabilizar la armonía y unidad de los miles de trabajadores de la ex Ruta 100 que siguen exigiendo “¡justicia!”, aprovechando el “divide y vencerás” para confundir y desorientar tanto a los compañeros, como a las propias autoridades y a la opinión pública, por así convenir a sus oscuros Intereses.

Sus mentiras –asevera la querella judicial- han causado “daño moral” por sus injurias, ofensas, afrentas, improperios, escarnios e inventivas, abriéndose una nueva Carpeta de Investigación para que acuda ante la representación judicial y deslindar responsabilidades de las imputaciones que arbitraria e impunemente ha emprendido.

La Comisión Liquidadora de la ex Ruta 100 sustentó su demanda judicial al enumerar el delito de “daño moral” en contra de José Acosta Saavedra “por andar hablando de más” en contra de la dirigencia legal del SUTAUR-100, toda vez que –indicaron- “El Cheche se ha convertido en un personaje mitómano, paranoico, absurdo, manipulador, grotesco, ridículo y patético”.

“Es todo un caso clínico siquiátrico, su obsesión compulsiva de ansiedad por ocupar el lugar de Jorge Cuellar Valdez y ser nombrado espuriamente presidente de la Comisión Liquidadora y ‘representante’ de 12,004 ex trabajadores de Ruta-100, no cubre los requisitos legales y estatutarios para obtener la Toma de Nota, como también los dicta estatutariamente y que es avalada por la Ley Federal del Trabajo que ordena el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para otorgarla”, refirieron en su demanda.

A la opinión pública y a los compañeros del Sutaur-100, la Comisión Liquidadora recordó la existencia del factor de unidad que está contenida para refrendar los derechos de los 12,004 trabajadores de la ex Ruta-100, denominándose Comisión Liquidadora; “por ello, aclaramos enfáticamente que El Cheche con 200 personas no tiene más representados que la Comisión Liquidadora, toda vez que nosotros fuimos electos en dos Asambleas Generales del Sutaur-100”, subraya el documento.

Una –explica- el primero de diciembre de 2001 con 8,000 compañeros en el domo del Deportivo Plan Sexenal; y la otra asamblea, con más de 6,003 compañeros miembros del Sutaur-100, en la Sala de Armas de la Magdalena Mixihuca.

“Nosotros tenemos la Toma de Nota otorgada por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y somos la representación legal; todos los que dicen ‘representar’ no tienen personalidad jurídica para hacerlo; el que quiera revocar a la Comisión Liquidadora tendrá que reunir los requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo y nuestras cláusulas estatutarias, es decir, deberá reunir más del 50%, configurándose con más de 6,003 ex trabajadores que llegaron hasta la Declaratoria de Quiebra que fuimos 12,004 trabajadores, y cualquier acto diferente será nulo de pleno derecho”, sentencia el instrumento promovido judicialmente.

Indica de igual manera que la indemnización constitucional de Derechos Humanos no es para 12,004 ex trabajadores de ex Ruta-100, porque en caso de darse seria solo para 6,977 Inversionistas del Fideicomiso F/100-7 o para los que tienen denuncia penal promovida en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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