Ex Ruta-100 reitera su demanda ¡cárcel! para los defraudadores Ricardo Barco y Gabino Camacho

BLAS A. BUENDÍA. ………………………………………

Llegó el día. Este 8 de abril se cumplen 30 años de la quiebra de Ruta 100, que a lo largo de ese periplo de sangrientas etapas, ha cobrado el fallecimiento de cuando menos seis mil de sus trabajadores, entre cuya estela de horror y muerte, la Comisión Liquidadora no cesa en su demanda de exigir al gobierno de la Cuarta Transformación ¡cárcel! para los defraudadores Ricardo Barco López, Gabino Camacho Barrera y 43 cómplices más que prácticamente deben ser arrestados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Y efectivamente, se cumplen tres décadas de impunidad y de enriquecimiento ilícito que recuerda una frase histórica porfiriana: “¿Por qué muchos de los intelectuales de izquierda que antes criticaban conductas de opacidad y corrupción (en la faceta neoliberal) hoy se quedan callados?”, sin cumplir los propósitos de buen gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha dicho que en su administración se acabó la impunidad de regímenes que fueron tolerantes y cómplices con el narco crimen organizado.

La problemática de Ruta-100 fue una quiebra ilegal decretada por el ex regente Óscar Espinosa Villarreal, dejando sin trabajo y sin sustento a más de 12,004 trabajadores y sus familias, dando pie a la vergonzosa observación de los Rostros del Olvido.

La quiebra de Ruta-100 se registró el sábado 8 de abril de 1995, dejó una vestigio de dolor y escenas de terror por los crímenes políticos que quedaron en la impunidad, donde hubo varios asesinatos como el del magistrado Abraham Polo Uscanga por oponerse a girar órdenes de aprehensión en contra de los líderes del sindicato del SUTAUR-100; al secretario de transporte José Luis Moreno y el fiscal Humberto Pliego Chávez y su secretaria.

Todos estos asesinatos fueron por órdenes de Ernesto Cedillo Ponce León, ex presidente de México, en contubernio con el ex regente Óscar Espinosa Villarreal; por Saturnino Agüero, presidente del Tribunal Superior de justicia del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que hasta la fecha no han sido esclarecidos.

A raíz de la quiebra de Ruta-100, el 26 de abril de 1996 se firmó un convenio político en el que se sentaron las bases tendientes a la solución del conflicto entre trabajadores y gobierno del DF, donde el gobierno liquidaba a los 12,004 trabajadores a un 72% y quedaba un 28% para otorgar concesiones de transporte público de pasajeros donde tendrían trabajo los trabajadores de Ruta-100; ocho mil compañeros aportaron de su liquidación laboral un 30%; un 58% para conformar las empresas de Grupo Metropolitano de Transporte (GMT), y más de mil choferes sacaron su dinero quedando 7,012 inversionistas con la finalidad de participar como socios, “pero nunca se nos ha considerado como socios”, recriminó la Comisión Liquidadora.

Con la promesa prometidas por los defraudadores Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera —quienes de ser líderes sindicales se transformaron en potentados defraudadores “inversionistas privados”—, de obtener mejores ganancias, trabajo y rendimiento de su dinero, los trabajadores aceptaron dejar su dinero, con el engaño de que con ese porcentaje conservarían su fuente de trabajo con muchos beneficios vitalicios.

De esta manera el 17 de junio de 1996 se constituyeron las tres primeras empresas denominadas Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo S.A. de C.V.; Servicios Metropolitanos de Transporte 17 de marzo S.A. de C.V.; y Sistema de Transportes en Taxi, S.A. de C.V.

Sin embargo, Gabino Camacho Barrera, Ricardo Barco López y su séquito de hampones continúan explotando las empresas del GMT, actualmente disfrazadas como cooperativas de cinco socios cada una unificadas bajo la razón social “cooperativa concentradora”.

Los traidores defraudadores han causado daños y perjuicios económicos, físicos y morales a las familias de todos los ex trabajadores de Ruta-100, generándose un daño patrimonial de Estado, cuyos gobiernos de izquierda han eludido su plena responsabilidad, no así enunciar discursos demagogos que hoy en día ya nadie cree porque la sociedad está más politizada.

Los inversionistas en el GMT pertenecientes a lo que fue Ruta-100, promovieron denuncias penales en la Fiscalía de Delitos Financieros, antes Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía General de Justicia-CDMX. Se iniciaron denuncias penales desde 2001, 2002 y 2003 donde están registradas tres averiguaciones previas: FDF/C/520/07-01 y sus acumuladas FDF/C/135/02-03 y FDF/C/183/03-02, por los delitos de Fraude, Administración Fraudulenta y lo que resulte, cometidos en agravio de 7,012 ex choferes.

Esas denuncias fundamentadas fueron promovidas por los finados Jorge Cuellar Valdez y Felipe Domínguez Correa y otros compañeros después de los despidos masivos “que sufrimos muchos compañeros de las empresas de GMT por pedir rendición de cuentas a la administración contratada por Ricardo Barco López —arrestado en su domicilio por órdenes de un juez penal—.

“Con profundo coraje, los inversionistas del SUTAUR-100, en GMT le pedimos a la Jefa del Ejecutivo federal Claudia Sheinbaum Pardo y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, a ejercer todo el brazo de la justicia en contra de quienes nos defraudaron y siguen cometiendo toda una serie de fraudes y saqueos de la riqueza que le corresponde a los trabajadores de la desaparecida Ruta-100, ya que su voracidad los ha conllevado a construir complejos vecinales en terrenos que siguen perteneciendo a esa central camionera urbana, que en la década de los 90’s, fue el orgullo de la Ciudad de México y de América Latina. El valor de la infraestructura de Ruta 100 asciende a más de mil millones de dólares”, puntualizó la Comisión Liquidadora.