Investigar responsabilidad del Estado y compromiso para impulsar al Banco Nacional de Datos Forenses

Es inadmisible lucrar con el dolor de las víctimas y constituye un antecedente negativo en la procuración de justicia al ponerle un precio a la verdad y la justicia Lo anterior se desprende de las revelaciones contenidas en el reportaje “traficantes de ADN” publicadas por el portal Aristegui Noticias el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México expresa su preocupación ante dichas prácticas que no solo vulneran los derechos de las víctimas.. Las implicaciones de estos hechos son múltiples, pues se ha vulnerado el derecho a la protección de datos personales y a la protección de información perteneciente a procesos de justicia y el uso exclusivo para fines de identificación que es el motivo de la aportación por parte de las familias Por ello resulta fundamental esclarecer cómo la empresa Central ADN ha tenido acceso, con fines de lucro, a datos personales y a datos sensibles pertenecientes a investigaciones penales. De la misma forma se debe establecer la responsabilidad de las distintas personas y entidades involucradas en estos hechos, de manera particular los servidores públicos la vulneración de dichos datos. En el mismo sentido de determinar en primera instancia la responsabilidad estatal llamamos al esclarecimiento del contenido, alcance y legalidad de los contratos bajo los cuales ha operado la empresa Central ADN en el ámbito Federal y estatal, así como el perjuicio jurídico que puede conllevar que dichos perfiles pierdan su trazabilidad y validez judicial en los procesos de identificación. Dado el alcance de estos hechos también se debe determinar el posible conflicto de intereses, la posibilidad de que se haya configurado el delito de enriquecimiento ilícito, así como la existencia de tráfico de influencias en la operación de la empresa Central ADN. Ello en razón de los cargos públicos que ostentaron sus principales accionistas. Es urgente que, en el contexto del Sistema Nacional de Búsqueda, se le exija a la FGR una explicación de lo ocurrido, así como la presentación de un plan de trabajo para cumplir con la obligación que le marca la Ley General en la materia, en el sentido de coordinar la elaboración de un Banco Nacional de Datos Forenses.