La implementación del CNPCyF implica armonizar al menos 11 legislaciones

. BLASA. BUENDÍA. ……………………………………………

Al menos 11 legislaciones locales se tendrán que armonizar con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) para su implementación en la Ciudad de México, y ponerse en marcha una veintena de plataformas y sistemas electrónicos, se señaló en la primera mesa de trabajo del capítulo local de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM) con el Congreso capitalino, en la que participa el Poder Judicial de la Ciudad de México, encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez.

En ese marco, el presidente del órgano judicial planteó que esa instancia es el lugar técnico ideal para que los legisladores conozcan los estándares, características y requerimientos que las plataformas y sistemas electrónicos ordenados en el CNPCyF deben tener para garantizar acceso en condiciones de igualdad a todos los justiciables.

En la sede del Congreso, y con la presencia del presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, diputado Octavio Rivero Villaseñor, el secretario técnico de la COCIFAM, magistrado Eliseo Hernández Villaverde, hizo una exposición en la que señaló que el CNPCyF se sustenta en un sistema de justicia oral, en un sistema de justicia digital y en un sistema de responsabilidades en derechos humanos.

Explicó que leyes como la Orgánica del Poder Judicial, de Defensoría Pública, del Registro Público de la Propiedad, de Protección Civil, de Justicia Cívica, de Notariado, Condominal, de Archivos, entre otras, tendrán que ser armonizadas con lo estipulado en el CNPCyF al seno del Congreso.

En el salón Heberto Castillo, también se refirió a las plataformas y sistemas electrónicos a implementar, tales como la de uso de la firma electrónica; la de recepción de promociones, demandas, actuaciones y escritos; la oficina virtual de Oficialía de Partes Común; la de integración del expediente digital; la de notificaciones electrónicas; la de comunicaciones y exhortos, entre otras.

Recordó que la Ciudad de México y el resto de las entidades del país deberán implementar el CNPCyF a más tardar el 1 de abril de 2027, y subrayó que para esa fecha todos los sistemas electrónicos deberán estar diseñados, construidos, probados y funcionando, para que no haya contratiempos en la entrada en vigor.

Guerra Álvarez dijo que el órgano judicial pretende que, a la fecha de entrada en vigor de la implementación, se cuente con las mejores instalaciones judiciales, sistemas y plataformas electrónicas suficientes y funcionales, un marco jurídico útil y moderno, los mejores perfiles de jueces y los estándares más elevados con las mejores prácticas para garantizar la paz y la estabilidad social.

“El día que comience a aplicarse el código nacional en esta capital, la Ciudad de México debe consolidarse como la entidad federativa referente a nivel nacional, ejemplo democrático de una administración de justicia pronta y expedita, en franco respeto de la división de poderes, que garantice la solución efectiva de conflictos”, subrayó.

El diputado Rivero Villaseñor, por su parte, mencionó que la implementación requerirá en el ámbito del Congreso un gran trabajo de análisis, y consideró importante que los legisladores cuenten con el punto de vista de quienes aplican la norma, es decir, jueces y magistrados.

En la mesa de trabajo estuvieron los diputados Lenia Batres Guadarrama y Fernando Mercado Guaida (MORENA) y Jorge Gaviño Ambriz (Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal).

Por parte del PJCDMX acudieron magistrados y magistradas, así como consejeros y consejeras de la Judicatura de la Ciudad de México, además del oficial mayor, Sergio Fontes Granados, entre otros.