La reforma judicial afectará los derechos de las personas, la actividad de las empresas y las inversiones

. ANA KAREN GARCIA HERNANDEZ. ………………………………

En México Evalúa, estamos convencidos que la independencia de los poderes judiciales es un pilar de las democracias, ya que su misión es proteger nuestras libertades y derechos.

Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de acuerdo con los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de las personas juzgadoras, es importante recalcar que dicha independencia es posible cuando se cumplen tres garantías en el ejercicio de su labor: 1) ser elegidas con un proceso de nombramiento que valore su formación, experiencia y méritos, 2) estar protegidas de presiones externas, 3) la inamovilidad del encargo o estabilidad laboral.

Lamentablemente, la reforma constitucional planteada por el Presidente López Obrador y el proyecto de dictamen propuesto rompe con estas tres garantías. De ser aprobada, las personas perderíamos nuestro derecho a ser escuchados por un tribunal independiente e imparcial, lo que ha generado preocupación a nivel nacional e internacional.

En ese sentido, como veremos a continuación, la reforma al Poder Judicial  no sólo plantea un retroceso en elementos clave de la independencia judicial, sino que tendrá elevados costos económicos, pese a que sus proponentes pretenden comunicar lo opuesto.

1. Afectaciones a la independencia judicial

La elección por voto directo de personas juzgadoras, en vez de asegurar imparcialidad y objetividad, generaría incentivos para que las decisiones judiciales sufran presiones externas para beneficiar intereses económicos, políticos o criminales de grupos específicos, es decir, los coloca en mayor riesgo de corrupción.

El nombramiento por voto popular no es recomendable porque se corre el riesgo de politización en las decisiones de las personas juzgadoras, de que dichas decisiones sean más políticas que justas. Los tres poderes elegirán a sus personas candidatas, pero no se prevé un mecanismo de designación objetivo que garantice la idoneidad de los perfiles para el buen desempeño del cargo.

Además, las campañas pueden verse empañadas por la intervención de grupos de poder, incluido el crimen organizado. Ese mecanismo es lo opuesto a lo recomendado: la impartición de justicia debería suceder lo más alejada posible de la política.

Lo que deberíamos buscar es un sistema que asegure a la ciudadanía que los jueces cuentan con las capacidades técnicas, habilidades, experiencia previa y un buen desempeño.

La experiencia internacional nos muestra que en países como Bolivia, la elección de personas juzgadoras por voto popular constituyó una de las causas que desencadenó una crisis del estado de derecho porque se eligieron jueces que no contaban con experiencia y conocimientos necesarios y estos fueron más vulnerables a presiones externas y a la corrupción. Así lo señaló el ex Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, y es una alerta para México.

Por otro lado, la propuesta romperá con la garantía de la estabilidad laboral o permanencia en el encargo. En parte, por la amenaza constante que enfrentarán los jueces de ser enjuiciados por el Tribunal Disciplinario que se propone. Éste podrá sancionarlos por causas muy amplias, como por fallar en contra de algo tan vago como el “interés público”. Es decir, significa que podrán ser sancionados incluso por hacer bien su trabajo.

Además, a los jueces se les quitará la posibilidad de impugnar las resoluciones del tribunal, ya que serán definitivas e inatacables, por lo que no procederá ningún recurso en su contra. Esta disposición es contraria al artículo 17 de la Constitución federal y al 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto al derecho que tenemos todas las personas de contar con un recurso que nos permita defendernos frente a una sentencia que viole nuestros derechos fundamentales.

El acceso a tribunales imparciales y justos es un derecho protegido en convenios y por tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como compromisos en el T-MEC. Estos tratados establecen la obligación del Estado Mexicano a garantizar la independencia judicial y el debido proceso.

De aprobarse en sus términos el proyecto de dictamen, se generará incertidumbre jurídica sobre el cumplimiento de contratos firmados por el gobierno, la inminencia de expropiaciones, e incluso el respeto a la propiedad privada.

Es especialmente preocupante la también reciente aprobación en Comisiones de la reforma constitucional en materia energética y de organismos autónomos. Frente a estas reformas, combinadas con las reformas judiciales, en caso de surgir controversias, no se contaría con la garantía de jueces independientes, con experiencia y conocimiento que apliquen el derecho interno y los tratados.

2. Afectaciones presupuestales e impacto económico de la reforma judicial

Además, advertimos que la reforma constitucional planteada presenta un análisis limitado sobre el impacto que tendrá en el presupuesto público, ya que sostiene que no impactará el actual ejercicio fiscal. No obstante, el aumento en los costos por la organización de elecciones sí afectaría a los presupuestos de egresos futuros.

Entre los costos directos o afectaciones presupuestales, identificamos algunos como la cobertura de derechos laborales de los actuales trabajadores de los poderes judiciales federal y estatales, cuyas plazas serán rescindidas. Además, los costos de organizar una elección de más de 7,000 puestos judiciales por todo el país y los costos de capacitación de quienes llegarán a cargos judiciales.

También, deben considerarse los costos indirectos o impacto económico del debilitamiento judicial, como son la incertidumbre jurídica y la consecuente fuga de inversiones, la elevación del costo de bienes y servicios derivada de la disminución de la competencia y la inhibición de la inversión, el costo de paralizar los juicios en curso, el costo de los tiempos en lo que se asumen las nuevas administraciones judiciales, así como multas por el incumplimiento de tratados, por mencionar algunos.

A pesar de que el dictamen de la iniciativa de Reforma, establece algunas reglas para una entrada en vigor gradual no se advierte un plan de implementación robusto. Por lo que de aprobarse, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y las legislaturas de los estados estarían incurriendo en una franca irresponsabilidad al sostener que la reforma no costará nada, ya que se están disimulando los costos directos e indirectos señalados.

Desde México Evalúa hacemos un llamado a considerar el impacto económico de la aprobación de la reforma a los poderes judiciales en México. Antes de su aprobación, se requiere una evaluación independiente, no sólo de los costos directos de cambiar por completo la estructura judicial, sino también de los costos derivados o indirectos.