Los servicios de salud no cumplen con los estándares de calidad

Las colectivas, y mujeres activistas autónomas e independientes del Estado de México que integramos la “Marea Verde” hacen un llamado a las diputadas, diputados, para que sumen esfuerzos en un solo documento escuchando además a las colectivas que conocen la realidad de las mujeres y personas gestantes a quienes hasta el día de hoy se les sigue adeudando este derecho.

Pedimos que los intereses particulares o de partido no sean la barrera que nos impida llegar al consenso que estamos construyendo en favor de las mujeres y personas gestantes, en pleno siglo 21, no es un tema de moral sino un tema de salud.

El Estado de México es reconocido como la entidad federativa con mayor población del país; el 51.4% de sus habitantes está conformado por mujeres y personas con capacidad gestante.

Sin embargo, durante años, las políticas públicas de salud y justicia reproductiva han permanecido estáticas para las más de 8 millones 353 mil 540 ciudadanas que lo habitamos.

La criminalización y el estigma que existe alrededor del derecho a decidir sobre nuestra maternidad, nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestro proyecto de vida ha obligado a más de 72 mil mujeres a recurrir a servicios de salud que se ofrecen en la Ciudad de México (Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, 2020). en su defecto, a acudir a servicios de salud que no cumplen con estándares de calidad, accesibilidad, asequibilidad, igualdad y justicia de quienes deciden abortar, arriesgando muchas veces su salud, su libertad e incluso, su vida, cuando hay desinformación sobre el procedimiento.

Esto afecta a mujeres y personas gestantes que habitan principalmente en zonas rurales, la periferia y zonas del norte mexiquense, quienes tiene que desplazarse kilómetros lejos de su territorio, con dinero que muchas veces no sobra y con tiempo que escasea, evidenciando la desigualdad que hay para acceder a un aborto seguro.

Consideramos que la prohibición del aborto en el Estado de México que se rige por el actual código penal, es obsoleta, misógina, sexista y niega la existencia del aborto como una práctica común y en ocasiones necesaria.

A pesar de que existen excepciones planteadas en dicho código, éstas resultan ambiguas e insuficientes; consideramos que abonan a la estigmatización y desinformación, y doble moral, teniendo como ejemplo la atenuante de "ocultar la deshonra" de la mujer que aborta, que muchas veces sirven de pretextos para que el personal de salud NIEGUE el derecho a las mujeres y personas con capacidad de gestar el acceder a un servicio de salud oportuno.

El Estado de México debe garantizar el aborto como un servicio esencial de salud tal y como lo marca la Organización Mundial de la Salud y lo reconoce la Secretaria de Salud Federal como, Lineamiento Técnico para la Atención de Aborto Seguro desde noviembre de 2022 del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud.

Estamos seguras que los diversos esfuerzos por hacer de la despenalización del aborto una realidad conllevará a la creación de políticas públicas que garanticen mejores servicios de salud, por supuesto que velen por los derechos humanos de las mujeres, y las infancias. De ahí que pedimos resarcir la deuda social que se tiene con las mexiquenses. Por la autonomía de nuestros cuerpos, por las infancias, porque sea ley… aborto legal.