Más delincuentes en las calles, la sociedad tiene víctimas cada día más desprotegidas.

Vivimos en un país sitiado por la violencia, los delincuentes se sienten confiados del clima de impunidad y somos los ciudadanos quienes pagamos las consecuencias. De acuerdo con información de INEGI, en 2020 se cometieron 27.6 millones de delitos en todo el país. De ellos, sólo 1,841,188 fueron integrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación y de éstas apenas el 9% llega al conocimiento de un juez en una causa penal. Aún más grave es que de ese 9%, sólo del 1.6% se obtiene sentencia condenatoria. En otras palabras, si comparamos el total de sentencias condenatorias en 2020 (2,760) con el total de delitos cometidos en ese mismo año (27.6 millones), sólo en 0.01% hubo sanción para quien cometió el delito. En este clima de impunidad, el día de mañana se discutirá en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo en revisión 315/2021, relativo a un caso de secuestro exprés, en el que se busca que se determine como procedente el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que prevé el artículo 19 constitucional, por una medida cautelar que permita llevar su proceso en libertad; esto por el simple hecho de haber transcurrido el plazo de dos años sujeto a prisión preventiva como lo señala la Constitución, con el riesgo que conlleva de fuga de quien cometió el delito. Esto implica un gran riesgo para las víctimas y para la sociedad en general, ya que de acuerdo con el proyecto, el juez no estará obligado a tomar en consideración el riesgo de comisión de nuevos delitos por la persona sujeta a proceso, las conductas ilícitas previas en las que éste haya participado, la preservación del orden público o el riesgo para la sociedad, para la víctima o testigos del delito. Es decir, al dejarlo en libertad podría evadirse de la justicia y continuar cometiendo conductas delictivas. En caso de ser aprobado el proyecto en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podríamos ver de regreso en las calles a todo tipo de acusados por homicidio, secuestro, violación, feminicidio y prácticamente de cualquier delito, por el simple hecho de que hayan pasado dos años sin que reciban sentencia, a pesar de haber elementos que acrediten su responsabilidad. Los ciudadanos y sobre todo las víctimas no merecemos pagar el costo de un sistema de justicia que aún está lejos de ser pronta y expedita, incluso, ante la emergencia de salud mundial por COVID es sabido que los procesos se vuelven más lentos, sería fatídico permitir la salida de un procesado por el simple paso del tiempo. Reflexionemos, si por cada causa penal que llega a un Juez, un Ministerio Público o Fiscal integra 3.5 carpetas de investigación, es decir, la carga de trabajo en una Fiscalía es casi el cuádruple de la que existe en un Juzgado, ¿estamos listos para dejar en manos del sistema de justicia integrado por Fiscalías y Poder Judicial el futuro de la justicia en México en estas condiciones? Desde este espacio hacemos un llamado respetuoso a los Ministros de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, que se tomen en cuenta conductas previas, delincuencia organizada y riesgo de la víctima al momento de analizar la prolongación de la prisión preventiva. Esto con la finalidad de que sean equitativos y garanticen los derechos de las víctimas del delito y de la sociedad, que no abonen a la impunidad y no pongan en riesgo a la sociedad y a las víctimas abriendo las puertas de las prisiones, dejándonos a merced de grandes delincuentes.