México promete cumplir con recomendaciones de la ONU para atender el desplazamiento interno

Estado Mexicano debe de cumplir e implementar las recomendaciones emitidas en el informe de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos derivadas de su visita oficial a México entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022 y que fue presentado el pasado 4 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Consejo DH-ONU).

El Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes dio a conocer lo anterior y dijo que el gobierno mexicano dijo ante el Consejo DH-ONU que "se compromete en este Consejo a dar seguimiento y cabal atención de las recomendaciones planteadas en sinergia con todos los actores de la sociedad mexicana y con el apoyo técnico de los mecanismos internacionales especializados".

La Relatora Especial calificó las causas del desplazamiento interno en México como diversas y multifactoriales que “incluyen diferentes tipos de violencia originada por el crimen organizado, proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios por la tierra, cambio climático, desastres y, en algunos casos específicos, la creación de áreas naturales protegidas.”

Valoramos el informe sobre México presentado por la Relatora Especial Paula Gaviria Betancur, del cual destacamos:

El análisis sobre el “impacto diferenciado del desplazamiento interno en las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas, y las formas particulares en las que ha afectado a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y familiares de personas desaparecidas”; observó asimismo, “con gran preocupación” que “el fenómeno del desplazamiento interno afecta mayoritariamente a los pueblos indígenas”.

“La cabal implementación del marco normativo internacional sobre los derechos de los Pueblos Indígenas es esencial para garantizar su protección reforzada y prevenir desplazamientos internos, sobre todo teniendo en cuenta la obligación de las autoridades estatales de recabar su consentimiento ante cualquier acto que pudiera desplazarlos de sus tierras”.

La Relatora Especial llama al Estado a “adoptar la ley general sobre el desplazamiento forzado interno sin más demora y alentar a otras entidades federativas a seguir adoptando leyes específicas sobre la materia y su armonización a nivel federal” (la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en el año de 2020 y se encuentra estancada en el Senado de la República hasta la fecha).

Como Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes reconocemos la apertura del Estado Mexicano y la invitación a la Relatora Especial para visitar nuestro país, pero también lo urgimos a cumplir su compromiso, como lo manifestó ante el Consejo DH-ONU: "tenemos la voluntad de fortalecer nuestro marco normativo, robustecer nuestros mecanismos de protección y asistencia; mejorar la cooperación interinstitucional y contar con registros de personas desplazadas y producción de estadísticas oficiales, a fin de orientar el diseño de programas de prevención y atención".

Asimismo, demandamos al Estado el reconocimiento de nuestro Colectivo, integrado por personas víctimas de desplazamiento forzado, con plena legitimidad para exigir nuestros derechos, entre los que se encuentran la reparación del daño por la pérdida de nuestra forma de vida.