Negligencia de fabricantes de armas en EU provoca costos enormes para México

Una de las razones principales de que los niveles de violencia en México se hayan incrementado de manera consistente a partir de principios de siglo, si se miden en términos de homicidios, es la disponibilidad de armas que provienen, principalmente, del vecino país del norte, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

“Si no tenemos la posibilidad de que en EU se asuma la corresponsabilidad en los índices de violencia en nuestro país a través de la disponibilidad de armas, va a ser muy difícil reducirlos”. Por ello, el gobierno de México durante dos años preparó un litigio estratégico contra los productores y distribuidores de las mismas en aquella nación.

Se basa en algo novedoso: la negligencia de las empresas que producen armas diseñadas para el uso, en especial, de quienes están vinculados al narcotráfico, recalcó el canciller. “Las compañías han actuado de manera negligente y eso provoca costos enormes en México, especialmente en vidas humanas”.

En un mensaje transmitido durante el Seminario “Litigio estratégico vs productores y distribuidores de armas” organizado por la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, añadió que es la primera vez que México presenta un caso de esta magnitud en la materia.

Refirió que en EU no ha habido medidas de restricción para el comercio de armas. “Había que hacer algo porque las empresas fabricantes son corresponsables de la violencia que padecemos en el país”. Ahora, vendrá la réplica de esa industria y luego México tendrá otro tiempo para presentar elementos adicionales a esa contestación.

“Será muy importante el acompañamiento de la Facultad de Derecho de la Universidad y otros centros de estudios para perfeccionar el litigio y que nuestro país salga avante en esta demanda, que sentaría un precedente muy importante para comenzar a modificar el acceso irrestricto a las armas, e impactar en una baja en el número de homicidios y la violencia en el país”, apuntó.

En la inauguración del seminario, el director de la Facultad, Raúl Contreras Bustamante, dijo que al existir una regulación fuerte en nuestro país sobre el uso y portación de armas, cobra relevancia la iniciativa de la cancillería mexicana que apunta a la prospectiva internacional del combate al flujo de armas ilegales, que en México ha causado estragos.

La comunidad tiene interés en conocer, analizar y colaborar en la labor trascendente de la cancillería, que constituye una acción audaz e innovadora en el servicio público y en la conducción de la política exterior mexicana. El ánimo de participar entre nuestras instituciones tiene el objetivo de contribuir, desde la academia y el servicio exterior, al bienestar de México, expuso.

En la mesa 1 del foro, moderada por el académico universitario Alfonso Muñoz de Cote, el consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio Alcántara, explicó que en torno al litigio hay otros resultados positivos, como el combate al tráfico ilícito y la inmoralidad de las empresas que se benefician económicamente por la manufactura, distribución y venta de armas, a costa de la muerte, lesiones y sensación de inseguridad que vivimos los mexicanos.

Se obtuvo información pública del número de armas encontradas e incautadas en escenas del crimen en México en los últimos 10 años, y se identificó a las empresas distribuidoras y vendedoras, las cuales tienen sus negocios en Massachusetts, “donde el circuito de apelaciones no es tan conservador y ha mostrado apertura a abordar el tema”. Así, demandamos en la corte federal en ese estado de la Unión Americana, manifestó.

El consultor recalcó que se trata de una demanda civil donde el gobierno mexicano argumenta que ha sufrido daños directos e indirectos por las prácticas comerciales negligentes e ilícitas de diversas empresas, como Barrett.

Las empresas deben saber quiénes compran sus productos, que sus compradores son prestanombres o personas con antecedentes penales, que adquieren varias armas de alto poder en la misma transacción y demás cuestiones que resultan en un señalamiento directo de responsabilidad civil. En este contexto refirió que nunca habían enfrentado el hecho de que un gobierno extranjero las demandara por daño directo e indirecto, apuntó Alejandro Celorio.

A su vez, María de Haas Matamoros, especialista en seguridad nacional, opinó que la demanda se fundamenta de manera sólida y defiende la dignidad jurídica de México. Se expuso que 70 por ciento de las armas que entran de manera ilegal al país son de origen estadounidense, fabricadas por las empresas demandadas e ingresan por las ciudades fronterizas: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros.

Los impactos sistémicos por el tráfico de armas que afectan los objetivos nacionales son evidentes: pérdida de vidas humanas, disminución de sectores de la economía, como el turismo, por la inseguridad, o la extorsión que padecen los campesinos para trabajar sus tierras, amenazas de grupos criminales a empresarios o robo de mercancía. “Con un fallo judicial favorable se sentará un precedente y se fomentará el inicio de una nueva época de pacificación en México”, opinó.

Gerardo Gil Valdivia, de la FD, explicó que la demanda, sólidamente sustentada; se desarrolla el concepto de “ceguera voluntaria” que permite a las empresas no dar seguimiento a lo que deberían hacer de acuerdo con la normatividad. Además, los demandados facilitan el tráfico ilícito porque se maximizan sus ventas y ganancias, mencionó.

Marleck Ríos Nava, también de esa entidad académica, dijo que cada año se trafican ilegalmente a nuestro país más de medio millón de armas que se utilizan en actividades ilícitas en contra de la población civil y las fuerzas públicas, con lo cual se genera un daño hasta de 1.5 por ciento del PIB de México, en costos de atención médica, pérdida de turismo, comercio, entre otros rubros.

Se hizo justicia a investigadores del

CONACYT. FGR, fabrica delincuencial

EDMUNDO OLIVARES ALCALA

Ante la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por delitos patrimoniales en contra del erario público, y después de que había sido filtrada a los medios dicha solicitud cuando ya se había presentado ante la autoridad judicial, esta institución considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso.

El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza.

Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria.

Por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas.

Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.

La FGR considera que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables; y no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho.

La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial.