Nueva Ley Orgánica de la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero

La desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero generó un vacío que ha dejado a productores sin acceso a instrumentos financieros adecuados para impulsar sus actividades productivas, asegura la senadora Mely Romero.

Las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), presentaron una iniciativa por la que se crea la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero con el firme compromiso de garantizar que las necesidades y derechos de los ciudadanos sean finalmente atendidos, asegurando un marco legal que responda a los desafíos actuales y futuros de nuestro país.

A nombre de las y los legisladores priistas, la senadora Mely Romero Celis señaló que la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero generó un vacío que ha dejado a millones de productores sin acceso a instrumentos financieros adecuados para impulsar sus actividades productivas.

En su iniciativa los priistas señalan que uno de los principales problemas que enfrenta el sector agropecuario y rural es la dificultad para acceder a créditos y servicios financieros. “La oferta crediticia tradicional no se adapta a las características y riesgos inherentes a la actividad agropecuaria, lo que excluye a pequeños y medianos productores. Esta falta de financiamiento ha ocasionado un rezago en la modernización tecnológica, baja productividad y un bajo nivel de competitividad”, precisan.

Esta propuesta, señala Romero Celis, forma parte de la agenda legislativa del PRI desde legislaturas anteriores, donde se reconoció la urgente necesidad de abordar esta problemática en beneficio de la sociedad mexicana.

Y es que, dijo, a pesar de los esfuerzos realizados en el pasado, la realidad es que esta demanda popular no ha sido plenamente atendida, lo que justifica la reintroducción de esta iniciativa.

Añadió que el campo mexicano enfrenta una serie de retos estructurales que dificultan su desarrollo y limitan su capacidad para contribuir plenamente al bienestar social y económico del país.

“Los sectores agropecuario, rural, forestal y pesquero son esenciales para la seguridad alimentaria, la sustentabilidad ambiental y la cohesión social, sin embargo, están enfrentando graves limitaciones en materia de financiamiento”, enfatizó.

En este sentido, la propuesta establece que el sector agropecuario, rural, forestal y pesquero requiere de una política pública integral y de largo plazo que reconozca su importancia estratégica para el país. La creación de una nueva Financiera Nacional de Desarrollo, con enfoque renovado y acorde a los retos actuales, es una necesidad imperiosa.

Esta nueva institución deberá estar enfocada en: Otorgar financiamiento especializado: Adaptado a las particularidades del sector agropecuario y rural, con tasas competitivas y condiciones flexibles que promuevan la inversión productiva y el desarrollo sostenible.

Impulsar la modernización del campo: A través del financiamiento de proyectos innovadores, sustentables y con alto valor agregado, que permitan elevar la productividad y la competitividad de los productores.

 Mitigar riesgos climáticos y de mercado: Desarrollando instrumentos financieros que cubran riesgos y fortalezcan la resiliencia de los productores frente a la volatilidad y la incertidumbre inherente a sus actividades.

Incentivar la inclusión financiera: Promover la bancarización en las zonas rurales a través de productos financieros accesibles y diseñados para las comunidades marginadas, combatiendo la exclusión financiera.

 Fomentar el desarrollo regional: Contribuir al cierre de brechas entre las zonas urbanas y rurales, apoyando el desarrollo económico equilibrado en todas las regiones del país.

Sin duda alguna, la reactivación de una Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero no es solamente una medida necesaria para corregir el error de su desaparición, sino una oportunidad para replantear y modernizar las políticas de financiamiento al sector rural. Esta iniciativa permitirá fortalecer la soberanía alimentaria del país, mejorar las condiciones de vida en el campo y sentar las bases para un desarrollo rural inclusivo y sostenible, en consonancia con los retos económicos, sociales y ambientales del siglo XXI.