Observa para mantener la independencia judicial

La llamada reforma judicial en México, que partió de la aprobación por parte de mayorías artificiosas en los Congresos federal y locales que modificaron la Constitución atendiendo a criterios facciosos y a presiones deplorables, enfrenta justas críticas por falta de legalidad, transparencia, integridad y respeto a los derechos de las y los juzgadores y a la división equilibrada entre los Poderes. Las elecciones de junio próximo están siendo organizadas sin cumplir con los estándares democráticos básicos, además de que se fundan en el inconstitucional desacato hacia múltiples resoluciones judiciales de suspensión y cautela.

Más de la mitad de las personas que juzgan en el nivel federal declinó participar en el proceso por considerar que se trata de una simulación con resultados decididos de antemano, además de que la selección de candidaturas fue desorganizada y controlada, vía tómbola, por el Senado. Para muestra, un botón:  el listado de las candidaturas atribuidas al Poder Judicial de la Federación jamás fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia, órgano constitucionalmente facultado para ello, puesto que el Comité de Selección correspondiente consideró que, dadas las suspensiones dictadas, se hallaba jurídicamente imposibilitado para continuar con su labor.

El Senado, con todo, usurpó la atribución de la Corte y ordenó a un dócil Instituto Nacional Electoral (INE) la indebida inclusión de los nombres en las boletas. En los órdenes estatales, la selección no resultó mejor, ni más equitativa, ni más legal.

El INE organiza el proceso con la mitad del presupuesto que solicitó. No se cuenta con legislación electoral adecuada a lo judicial: la geografía electoral y la jurisdiccional no se empatan, pues los distritos judiciales no pueden, materialmente, coincidir con los electorales.

Las boletas que se han mandado imprimir resultan de complicadísima comprensión.  Las diversas candidaturas deben autofinanciarse, sin fiscalización posible del origen de recursos. Los actos indebidos de campaña se despliegan con total cinismo por el territorio nacional, ante la indolencia del propio INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que optó por confrontarse con la Suprema Corte antes que por defender la Constitución.

Por primera vez en la historia de nuestra democracia, no habrá conteo de votos por la ciudadanía en las casillas, sino que todo se contabilizará en los Consejos distritales del INE. Tampoco habrá Programa de Resultados Preliminares (PREP) ni se cancelarán las boletas que no se utilicen en las casillas. Todo se presta, hoy, a la suspicacia: quien logre controlar la movilización y acarreo de electores gozará de jueces a su servicio durante las próximas décadas.

Más allá de tanta irregularidad, lo cierto es que la remoción de la totalidad del servicio profesional de administración de Justicia en el país atenta contra los derechos de quienes juzgan y pone en grave riesgo la independencia judicial, contraviniendo criterios expresos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las personas juzgadoras, conforme al estándar democrático internacional, no deben ser removidas sin justa causa, ni amenazadas con procedimientos sancionatorios con motivo de las resoluciones que dicten. Los tribunales disciplinarios creados por la reforma parten del principio exactamente opuesto y minan impunemente la autonomía de las determinaciones judiciales.

La reforma judicial, lejos de democratizar al país, se ha significado por purgar a los Poderes Judiciales y por someterlos a decisiones del poder político, eliminando el sistema de frenos y contrapesos que caracterizó nuestra transición al Estado constitucional y democrático de Derecho. No existe garantía alguna de que los perfiles seleccionados por Comités ampliamente dominados por el oficialismo puedan significarse por mantener el rumbo de independencia y solvencia que había alcanzado nuestra Justicia constitucional.

Por todo ello, las y los suscritos llamamos a la ciudadanía mexicana a que exprese su repudio a la llamada reforma judicial, participando como observadora independiente y recabando evidencia de que el proceso electoral se halla viciado por origen y desempeño (tendremos la suficiente honestidad para reconocer que nos equivocamos en el remoto y deseable caso de que la elección se desenvuelva adecuadamente). La abstención electoral, el voto libre e informado por los contados perfiles que reivindiquen la autonomía judiciaria o la anulación de los votos con mensajes de protesta en las boletas enviará, aunque no lo confiese la autoridad electoral ni dé cuenta de ello, el claro mensaje de que el pueblo de México defiende sus instituciones y el equilibrio entre ellas. Y, sobre todo, el mensaje de que la República no se presta a farsas ni a engaños.