Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible

. BLAS A. BUENDÍA. ………………………………………..

 “Acompañamos la reforma judicial del Ejecutivo federal al advertir que más que una propuesta es una revolución, una oportunidad para modernizar y consolidar la justicia” con el fin de que se cumplan los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Jamás un gobierno rico con un pueblo pobre, la austeridad llegó para quedarse, quien piense de otra forma no comprende el México de hoy”.

Enfatizó lo anterior el magistrado penalista Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México y de la CONATRIB (Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos), durante su trascendente participación en la apertura de los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial en el Congreso de la Unión, donde se dieron cita, además de diputados federales, jueces y magistrados de las diversas ramas del Derecho en la Cámara de San Lázaro.

Importante fue la jornada de inicio de las ponencias que se presentaron por cada uno de los exponentes, donde el magistrado Guerra Álvarez, se pronunció asimismo por el relevo de juzgadores de forma gradual para respetar los derechos adquiridos pero, a diferencia de la iniciativa presidencial, sugirió que, “tratándose de jueces y magistrados federales y locales, la designación por voto sea gradual, se aplique en respeto estricto al derecho adquirido de los juzgadores, que se aplique a las personas juzgadoras de nuevo ingreso únicamente para garantizar una transición basada en la carrera judicial y una justicia de calidad, para respetar los derechos de magistrados y jueces que actualmente han adquirido por su carrera, sabiduría, responsabilidad, compromiso, autonomía y amor al pueblo”.

El consejero del Consejo de la Judicatura, Bernardo Bátiz, se dijo en pro de la reforma, sobre todo de la elección de los integrantes del Poder Judicial; planteó que así como se trata de un gremio de sueldos más elevados, enfrentan problemáticas particulares.

“Tenemos más elevados ingresos en términos generales que los otros servidores públicos; (somos) una especie de aristocracia. Pero la otra cara de la moneda es que quienes sirven al Poder Judicial como jueces y magistrados tienen una vida personal difícil, que otras áreas del servicio público, vida de estudio, capacitación, cambios frecuentes en su lugar de trabajo Esas diferencias son la realidad pero... hay una sensación de superioridad respecto de otros integrantes del servicio público”, argumentó.

En los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, se advirtió que a iniciativa del Morena-Gobierno, es congruente en ir a la elección en urnas de los integrantes del Consejo de la Judicatura, lo cual —subrayó— es irreductible. Comentó, sin embargo, que lo demás son comas y puntos que pueden modificarse.

Quienes fijaron esa postura fueron los aún coordinadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, además del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, quienes consideraron que el triunfo electoral fue una instrucción de ir por cambios para dar “legitimidad democrática” al Poder Judicial.

Robledo, responsable de la Comisión que deberá dictaminar la iniciativa de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, fue preciso en indicar los temas que sí podrían modificarse tras los foros, pero también los que son inamovibles.

Subrayó que ha sido expresada como un mandato vinculante de la jornada nacional del dos de julio pasado que ordena instituir en la Constitución la participación ciudadana para la elección de los miembros de la Judicatura. Frente a esa premisa está el irrestricto respeto de la independencia del Poder Judicial y los derechos de los trabajadores.

“Las tres condiciones anteriores —puntualizó— nos señalan los límites para dialogar con las personas interesadas”, e hizo hincapié que fuera de esos puntos irreductibles, el petista expuso disposición para modificar pero sobre otros temas.

“Escuchar y atender razones para adecuar textos, mover comas y puntos sobre los siguientes temas que surgen de la iniciativa: calificación de idoneidad de las personas propuestas condición sine qua non de cada candidatura a presentar ante el sufragio”, abundó.También puede platicarse sobre temas como el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros órganos judiciales y duración en el cargo; coincidencia con las elecciones ordinarias; protección del proceso de injerencias de poderes fácticos; regulación de campañas y uso de radio televisión y redes. Otros temas en los que puede conversarse, dijo, son respeto a la institución de la carrera judicial, alcances de las resoluciones de un tribunal de disciplina judicial.

Ricardo Monreal Ávila, líder de los senadores de Morena, fijó en la misma tónica: “Advertimos que venimos acompañados de una gran legitimidad. El pueblo nos otorgó el poder reformador de la constitución; el pueblo nos otorgó el tener el constituyente permanente pero vamos a actuar con prudencia y cautela y vamos a respetar la expresión y el punto de vista de las minorías pero también del Poder Judicial. Pero —advirtió— “no vamos a desoír el mandato popular, nos debemos a él. Y vamos a actuar con congruencia”.

El líder de los diputados morenistas Ignacio Mier Velazco también consideró que el voto en urnas fue claro, “y vamos a darle cumplimiento expreso al mandato popular. No debe caber ninguna duda. Pero hay voluntad política de Claudia Sheinbaum —presidenta electa de México— y de nuestro movimiento de ampliar el parlamento abierto”.

“¿Cuáles son los irreductibles que nos planteamos de ese mandato popular al que no podemos mentir ni traicionar?”, dijo el diputado al enumerarlos: “Que la conformación de la SCJN, la reforma a la Judicatura federal, la legitimidad democrática de quienes integran los distintos órganos del Poder Judicial deben estar sujetos a la voluntad popular”.

Como Monreal y Robledo Ruiz, el político poblano se dijo dispuesto a escuchar y tomar en cuenta propuestas, pero ubicó éstas sólo en los procedimientos para la elección que —insistió— será en urnas.

“Estamos dispuestos a escuchar procedimientos, mecanismos, protocolos que garanticen la independencia y autonomía plena de los órganos que deberán ser electos democráticamente. También como irreductible mantener y preservar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial porque son derechos adquiridos”. Toda la parte instrumental estará sujeta a criterios de idoneidad, legitimidad y elegibilidad de quienes se postulen, expuso.

En esta primera sesión de los Diálogos Nacionales fijaron su postura a favor diputados y senadores pero también integrantes del Poder Judicial y de manera particular dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cercanas a la Cuarta Transformación: Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, además del presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez.

Las dos ministras presentaron por escrito sus propuestas de reforma y las dos coincidieron en que ir a la elección en urnas de los integrantes del Poder Judicial es irreversible. “El mandato de las urnas es claro, no podemos ponernos una venda en los ojos frente a una nueva realidad social” dijo Esquivel al plantear esa “como una medida que entre varias permitan recobrar la confianza en los juzgadores.

“Requerimos jueces por elección popular sí, y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar”, dijo. Enseguida, propuso que ese relevo de juzgadores sea progresivo “para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos, renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa.

“Hoy el reto es generar consensos, identificar los puntos de acuerdo entre la elección directa como fue el mandato popular, garantizar independencia judicial, garantizar los derechos laborales adquiridos; asegurar el conocimiento técnico especializado y contar con un sistema de impartición de justicia fuerte y confiable” por lo que presentó su propuesta con 7 elementos.

Entre ellos: “elección por voto popular de todos los integrantes de la SCJN y del Tribunal de Disciplina judicial; la sustitución progresiva de jueces y juezas y magistrados; la garantía de idoneidad y excelencia de los perfiles; respeto a los derechos laborales; observancia a la paridad de género; jueces cercanos a la gente y justicia para todas las personas por igual”.

La ministra Lenia Batres, por su parte, coincidió en toda la iniciativa presidencial por lo que agregó propuestas de reforma pero en materia de facultades de jueces, ministros y jueces, para que no emitan sentencias con las que busque limitar o regular al Poder Legislativo.

Que limiten sus interpretaciones y resoluciones, “absteniéndose de revivir normas que el Congreso ha abrogado o derogado, y de emitir estándares, lineamientos y parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa.

Que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión, para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto, demandó.

Hizo énfasis en limitar las facultades de la SCJN para invalidar leyes, que se abran las sesiones de la SCJN, se publiquen los proyectos de sentencia y haya audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios, amén de “suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministros y ministras en la Corte”.

Se llevó los aplausos, pues dictaminó los males del poder judicial así: “Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, clasista, corrupta, parcial... En una palabra, es injusta”.

México merece un Poder Judicial que cuente con recursos. El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, aseguró que el final de un sexenio no es el momento oportuno para un debate y los cambios que se proponen ni las consecuencias. México, agregó, merece un Poder Judicial que cuente con los recursos para enfrentar la responsabilidad que se le ha asignado, pues hasta hoy los poderes ejecutivos y legislativos no han estado a la altura de satisfacer las necesidades que permitan mostrar qué es lo mejor que pueden dar.

Recalcó que no se puede exigir justicia pronta si no hay juzgados suficientes y menos cercanos al justiciable, o si no se les remunera correctamente a los integrantes de estos poderes. “Queremos un Poder Judicial al que no se le pida ser parte, y menos que se le trate de imponer un criterio alejado de la Constitución y de los tratados internacionales”.

Serán escuchadas las opiniones de expertos. El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) señaló que este ejercicio de diálogo demuestra que el objetivo es construir un país de leyes que se generen con los mecanismos que los hagan respetar y un Sistema Judicial que le brinde un verdadero funcionamiento a la República y lograr un real equilibrio de poderes. “Estaremos atentos a todas las propuestas que se viertan en estos diálogos”.

El coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, celebró la disposición de todas las fuerzas políticas para realizar este diálogo nacional. “Lo que queremos es construir lo mejor para México, estaremos atentos y asistiendo a cada uno de los foros para escucharlos, conocer las opiniones que tienen ustedes como expertos y ver qué Poder Judicial tenemos y cuál queremos”.

Es una revolución al Poder Judicial. El diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT, dijo que esta no es una reforma, sino una revolución al Poder Judicial, pues se plantea un esquema que no existe en ningún lugar del mundo: la elección por voto universal, secreto y directo de todas las personas integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministras y ministros.

“Le estamos devolviendo al soberano, el pueblo de México, el control, a través del voto, de los tres Poderes de la República: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No es una arrogancia o falta de disposición a escuchar. Sí es una determinación tomada el 2 de junio por el pueblo de México, que nos ha dado el mandato de que se elijan los integrantes del Poder Judicial por el voto”, afirmó.

Cambios en el Poder Judicial para ser el mejor contrapeso. El senador Dante Delgado Rannauro (MC) externó que su postura es a favor de cambios en el Poder Judicial, pero no para dejar de ser contrapeso, sino para ser el mejor. Una modificación que implique su debilitamiento y desmantelamiento, sería una irresponsabilidad histórica. “No podemos permitir que el país caiga en una espiral de descomposición institucional de contrapesos y del Estado de derecho”.

Señaló que su grupo parlamentario estará presente en todos los diálogos de la reforma para escuchar a especialistas, académicos, colegios y barras de abogados y sociedad civil, pues de nada servirán esto foros si son una simulación. Planteó lograr una reforma con visión republicana, que conciba toda la cadena de procuración e impartición de justicia e incida en las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y sus facultades.

SCJN debe transformarse en un tribunal constitucional. En representación del PES, la senadora Sasil De León Villard, coincidió en la necesidad de transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un verdadero tribunal constitucional y Poder Judicial en un sistema más eficiente, certero y cercano a la población.

Afirmó que esta reforma promoverá la participación ciudadana al garantizarse que la elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas, sean mediante la elección popular; asimismo, celebró el inicio de estos diálogos nacionales por la transformación del Poder Judicial.

Necesaria, la reforma para garantizar su autonomía. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, subrayó que es necesario reformar al Poder Judicial para garantizar su autonomía, aumentar su eficacia y mejorar el acceso a una justicia de calidad. “Hoy estamos frente a una reforma que hasta ahora no resuelve de fondo los problemas de acceso a la justicia, ni de rezago en la impartición de ella, por eso confío en que estos foros contribuyan para mejorar la certeza y certidumbre del espíritu de la misma y que lo planteado se incorpore en la reforma”.

Se pronunció por que la reforma no afecte principios de progresividad y calidad en la impartición de justicia y de seguridad jurídica. Coincidió en que es necesario separar la Suprema Corte, tanto en funciones como en personas, del Consejo de la Judicatura Federal. Puntualizó que es indispensable cuidar la garantía de los derechos humanos en materia laboral de las casi mil 700 personas que cesarán su función en cuanto tomen protesta los nuevos.