PESQUISA POLÍTICA

Sin hacer ningún cambio, “punto y coma”, los legisladores del Partido de Morena y sus aliados aprueban una ley que terminará en la corte, por inconstitucional, y porque es contraria a los beneficios de la ciudadanía.

Al votar en contra del proyecto de Decreto que reforman y adicionan la Ley de Hidrocarburos, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, anuncia que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Acción de Inconstitucionalidad en contra de este precepto.

Las y los legisladores priistas consideran que “las violaciones a la Constitución son evidentes”, al igual que de otras reformas a la Carta Magna aprobadas por la mayoría en el Congreso de la Unión.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu, al presentar un voto particular a nombre de las y los integrantes del GPPRI, en la máxima tribuna de la Cámara Alta enumeró las diversas deficiencias de este dictamen, entre otras

Desconocimiento de compromisos adquiridos por México en diversos Tratados internacionales de integración económica, asociación estratégica y protección mutua de inversiones

Estas reformas desalentarán la inversión en el sector energético, al promover las prácticas monopólicas, inhibirán la competencia y reducirán los espacios para las empresas privadas,

Atentan contra e principio de progresividad de los derechos humanos, contenidos en el artículo primero constitucional, al modificar la operación vigente en el sector de los hidrocarburos,

Durante la discusión del dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, el coordinador de la bancada del PAN, Julen Rementería del Puerto, consideró que es una “ley embudo” porque sólo se beneficiará al actual gobierno y deja en incertidumbre a inversionistas del sector y no combate el contrabando de combustibles.

“Estamos ante un dictamen que pretende modificar una ley que yo la denominaría una ley embudo, una ley confiscatoria, una ley expropiatoria, por qué, porque habla de cosas donde solamente hay beneficios para el gobierno y para los participantes en el sector, simplemente no hay equidad y no hay un equilibrio mínimo”, remarcó el legislador.

El legislador veracruzano explicó que esta ley es un verdadero atropello, ya que donde habla de la revocación de permisos, llega a decir que puede hasta quitar las instalaciones a la iniciativa privada. Y es expropiatoria porque a partir de la suspensión de los permisos a través de la Secretaría de Energía o de sus órganos, no hay nadie en este país que no sea Pemex para que pueda ser el único cliente.

“Estamos ante una expropiación tácita, estamos hablando de una expropiación en la práctica, es una iniciativa que elevará los precios de los combustibles e instaurará la discrecionalidad con las facultades metaconstitucionales que se le otorgan a la Secretaría de Energía, y, además deja con incertidumbre a los inversionistas del sector energético y no explica cómo se va combatir el comercio ilegal de gasolinas y diésel”, precisó.

Rementería del Puerto subrayó que se está instaurando en nuestro país la discrecionalidad, y mencionó 12 artículos (6 normales y 6 transitorios), donde plasma el avasallamiento que pretende hacer este gobierno al sector energético.

“Estamos precisamente ante una iniciativa como ya lo he dicho, que instaura la discrecionalidad, que logra la verdadera incertidumbre y que le da todas las facultades al gobierno para hacer y deshacer en este sector, tan solo en el artículo 59 Bis, podríamos hablar que es verdaderamente inconstitucional, porque habla del procedimiento para que te puedan quitar tus instalaciones, tu empresa, es un peligro verdaderamente inminente para poder lograr en México, la estabilidad hasta del precio de los combustibles”, concluyó.

Por su parte los del PRD indican que la Constitución Política establece la protección de la soberanía nacional en materia energética y reconoce la participación de terceros a fin de garantizar la libre competencia. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) considera que las reformas aprobadas a la Ley de Hidrocarburos transgreden disposiciones constitucionales y modifica el sentido y espíritu de protección de diversas garantías en materia económica.

“No se trata de una modificación transitoria, no es una modificación temporal, es un cambio en la política energética de México en materia de hidrocarburos; una lejana normatividad de la protección de la soberanía y una cercana afectación al marco constitucional en materia económica”, indicó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Señaló que lo dispuesto en el Artículo 51 del dictamen aprobado viola al Artículo 28 constitucional, el cual prohíbe las prácticas monopólicas y solo excluye de esa prohibición a la exploración y a la extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos.

Mientras que el Artículo 59 establece un régimen de suspensión de permisos cuando se prevea “un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”, sin especificar cuál será la autoridad encargada de emitir dicha sanción. “No tengo duda que habrá otra controversia más a la aprobación de este dictamen”, advirtió el coordinador del GPPRD.

El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, afirmó que las reformas aprobadas llevarán al país a un retroceso, habrá más burocracia, redundancia en los costos de producción y en los precios de los productos que vende el gobierno.

“Así que esto verdaderamente no nos lleva a nada bueno, no es bueno para el país, genera incertidumbre jurídica porque todo queda en manos de la discreción, del criterio del funcionario público, así que además estamos limitando la participación de empresas de otros países en nuestro país con inversión privada en este sector, y esta incertidumbre finalmente frena la inversión y nos va a llevar a que el país frene su crecimiento económico”, expresó.

Además, enfatizó Juan Manuel Fócil, se seguirá fomentando el monopolio de Pemex. “En dos años lleva perdido muchísimo dinero Pemex, 400 mil millones de pesos, 500 mil millones de pesos, es el 10% del presupuesto público nacional, ¿esto es a lo que le estamos apostando?, los números de Pemex no son buenos y si todavía le vamos a dejar todo a la administración y dejar fuera la competencia de la iniciativa privada, me parece que es un grave error para el país”, agregó.

El senador del PRD, Marco Trejo Pureco precisó que el Artículo 14 constitucional establece el principio de no irretroactividad de la ley en perjuicio de las personas, sin embargo, el Artículo Cuarto Transitorio de la ley establece que la autoridad competente procederá a revocar aquellos permisos que, a la fecha de entrada en vigor del Decreto, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por la SENER.